La reforma tributaria aprobada en fecha reciente, los alcances de la reforma educacional que fue materia de discusión durante el segundo semestre de 2014 y que sin dudas seguirá siendo objeto de estudio en forma previa y posterior a su aprobación, así como los anuncios de reforma laboral y cambio a la Constitución Política del Estado que serán analizados en las instancias pertinentes en fecha próxima, forman parte del Programa de Gobierno por el cual el país eligió a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, para que dirija los destinos de Chile desde marzo de 2014 y durante los siguientes cuatro años. Diversos son los objetivos perseguidos con las señaladas reformas, que van desde la necesidad de disminuir la desigualdad que existe en nuestro país en múltiples ámbitos de la vida en sociedad, hasta la de contar con una Constitución Política validada en el país desde su origen y, naturalmente, en la concepción de derechos y deberes del ciudadano y el correspondiente rol del Estado que ésta considere.
La economía de Chile hoy en día luce exitosa en el contexto mundial. La tasa promedio de crecimiento anual del PIB en los últimos 25 años alcanza a un 5,5%, cifra muy superior al promedio de la región de un 2,9% en igual período. El producto per cápita alcanza actualmente US$ 13.800 en moneda corriente, y cerca de US$ 20.000 si se ajusta por poder de compra. El crecimiento económico ha incrementado los niveles de empleo y de ingresos de los hogares, posibilitando el acceso de la población a mayores niveles de consumo y bienestar material. Asimismo, este crecimiento económico ha permitido incrementar la recaudación tributaria y, por tanto, los recursos para financiar el gasto público. En la última década los ingresos fiscales prácticamente se duplicaron en términos reales, posibilitando un aumento de orden similar en el gasto público.
Lo anterior lo informa el PNUD en su análisis respecto del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por nuestro país, que aparece bien evaluado en el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de: erradicación de la extrema pobreza y el hambre e incremento del empleo productivo, cobertura educacional, reducción de la mortalidad infantil, combate a la expansión del VIH SIDA y crecimiento de los beneficios que entregan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
El concepto de Desarrollo Humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Las personas son los beneficiarios e impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD desde en 1990, sintetiza el nivel de logro de un país en tres dimensiones: salud, educación e ingresos. Su utilización implica reconocer el hecho de que, dada la no existencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo humano, la verdadera medida del éxito de una sociedad debe centrarse en la manera en que los logros económicos se traducen en beneficios y oportunidades concretas para las personas.
Una serie comparativa amplia muestra que, en las últimas tres décadas, Chile presenta un alza constante de su Índice de Desarrollo Humano. Entre 1980 y 2013, la esperanza de vida creció en más de diez años, y aumentó en más de tres años la media de escolaridad de adultos, lo mismo que los años esperados de escolaridad. Del mismo modo, el Ingreso Nacional Bruto per cápita creció en ese período un 168%. Esta trayectoria de largo plazo muestra que el país ha tenido la capacidad de avanzar sostenidamente en su desarrollo humano sobre la base de una combinación equilibrada de crecimiento económico y políticas públicas.
En julio de 2014 el PNUD publicó el Informe de Desarrollo Humano Mundial 2014, titulado: “Sostener el progreso humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, documento que informa que con un valor IDH de 0,822 (en una escala de cero a uno) Chile es parte del grupo de países que muestran un nivel de desarrollo humano muy alto. Se ubica en el puesto número 41 de la clasificación mundial y en primer lugar en América Latina y el Caribe, seguido por Cuba (44 en el ranking), Argentina (49) y Uruguay (50).
Sin embargo, consciente del hecho de que los promedios nacionales pueden ocultar grandes diferencias, el informe mundial calcula un IDH ajustado por desigualdad. Este cálculo es sensible no sólo respecto de la desigualdad de ingresos, sino también en lo relativo a la distribución de las capacidades educativas y los logros en materia de esperanza de vida. El panorama que se desprende de él reafirma el impacto negativo de la desigualdad en los logros de los países. En efecto, con este ajuste, el valor de IDH general de Chile cae en términos absolutos a 0,661. Esto representa una pérdida de un 19.6% de su logro en el IDH general.
Es probable que el desarrollo del país se vea frustrado si no se avanza en la resolución de las desigualdades, puesto que no hay ejemplos en el mundo de países que hayan logrado desarrollarse con los niveles de desigualdad que afectan a la sociedad chilena.
Asimismo, hay fuertes señales de pérdida de legitimidad en la institucionalidad política. Los partidos políticos y el Congreso son las instituciones que exhiben los niveles más bajos de confianza social; el sistema político muestra una baja capacidad para dar cuenta de los cambios en la sociedad; y hay un progresivo descenso en la participación electoral, en especial por parte de las generaciones más jóvenes. Es más, una parte no menor de las chilenas y chilenos no se siente feliz o al menos satisfecho con su actual condición de vida.
En todo el mundo, diversos actores han planteado la necesidad de ir más allá de la manera tradicional de concebir el desarrollo, poniendo atención a otras dimensiones, además del crecimiento económico. Esto implica afinar los objetivos, los puntos de llegada, el horizonte normativo, incluso las mediciones estadísticas; obliga a asumir en la acción pública aquello que “importa en última instancia” cuando se aspira al desarrollo.
Esta no es una preocupación reciente, las críticas a una mirada concentrada en el PIB per cápita como indicador de desarrollo tienen una historia importante. Allí están, por ejemplo, las reflexiones en torno al “desarrollo sustentable” y su renovado impacto a propósito de las amenazas del cambio climático y el calentamiento global. También el concepto de “desarrollo a escala humana” y en general la preocupación en torno a la calidad de vida. La idea del desarrollo humano, finalmente, nace con el objetivo de superar una visión exclusivamente económica y monetaria del desarrollo.
La posibilidad de considerar la búsqueda de la felicidad como un objetivo del desarrollo está hoy cada vez más presente en la discusión pública internacional. Aunque de manera incipiente, la conversación está también instalada en la sociedad chilena.
Sin embargo, el deseo de incorporar la felicidad como finalidad del desarrollo no basta para despejar todas las dudas que surgen. ¿Es una finalidad que la sociedad puede legítimamente perseguir o algo que solo concierne a los individuos? ¿Puede la felicidad ser la finalidad del desarrollo? Adicionalmente, la noción de felicidad no existe al margen de los usos cotidianos que se hacen de ella en cada sociedad particular. De hecho, una de las versiones más difundidas en la sociedad chilena sobre el discurso de la felicidad, el de las instituciones del mercado, tiende a poner el acento en los aspectos estrictamente individuales de la búsqueda de la felicidad, oscureciendo sus importantes determinantes sociales.
Para los países emergentes como Chile, la necesidad de volver a discutir el desarrollo pasa por dar cabida a las demandas crecientes de las nuevas clases medias (de integración al consumo, de reconocimiento y respeto de la diversidad, entre otras), que suponen presiones inéditas a las sociedades donde se despliegan.
El señalado Informe de Desarrollo Humano refiere que en Chile el contexto de movilización social del año 2011 generó un nuevo ambiente de evaluación del desarrollo del país. Se instaló en la conversación de los actores públicos un discurso que da cuenta de evaluaciones ambivalentes sobre la sociedad chilena y su desarrollo. Por un lado, como ya se indicó, el país presenta muy buenas cifras macroeconómicas, sin embargo estas se acompañan de un malestar social que sorprende por la radicalidad de sus aspiraciones y por su ubicuidad. En cada hecho social de protesta o manifestaciones se advierte la estructura de una insatisfacción o un malestar social determinado por el modelo de sociedad configurado en los últimos treinta años. Efectivamente, la crítica logró consolidar en la semántica de los actores públicos una percepción de que lo desafiado, y por ello necesario de ser defendido o cambiado, es el modelo de desarrollo en sí.
Sin dudas, y siguiendo a Norbert Lechner, es una de las tareas más nobles de la política acoger los deseos y los malestares, las ansiedades y las dudas de la gente, e incorporar sus vivencias al discurso público. Así, dando cabida a la subjetividad, la política ofrece la oportunidad al ciudadano de reconocer su experiencia cotidiana como parte de la vida en sociedad. Pues bien, ¿qué ha hecho la política en nuestro país por nombrar e interpretar lo que nos pasa? Poco.
El presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, del Programa de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad Tecnológica Metropolitana, recoge tópicos que aparecen más bien vinculados a aspectos políticos, sociales y del derecho que a materias de índole estrictamente económica en el camino hacia un mejor bienestar del ciudadano. En efecto, contiene este número de la Revista el artículo “Marco Jurídico y prácticas políticas en el Gobierno Regional de La Araucanía”, del Licenciado en Ciencia Política, Eric Iturriaga Gutiérrez, y del también Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Gobierno y Sociedad, Francisco Vega Duarte. Se trata de una investigación basada en la exploración de la incidencia del marco jurídico que regula el actuar de los actores políticos en las prácticas político-institucionales del Gobierno Regional de La Araucanía, instancia que tiene la particularidad de contar con un consejo multicultural fruto de la elección de políticos de etnia Mapuche y de la designación del Intendente Regional de similar condición étnica.
Asimismo, la Revista considera el artículo “El Concepto de Politicidio en las Relaciones Internacionales”, cuya autoría corresponde al Cientista Político, Bachelor en Ciencia Política, Máster of Arts en Relaciones Internacionales y Académico, Cristian Leyton Salas, quien se refiere al sentimiento de aniquilamiento o extinción de la forma estatal que surge como amenaza frente a las visiones integracionistas, cooperativas y colaborativas dominantes. Registra el autor cómo ha mutado la percepción de amenaza de nuestro país desde aquéllas fuentes primarias de amenaza consideradas durante los primeros noventa años del siglo XX y aquéllas observadas desde 1990 hasta nuestros días, en las que cohabita la disuasión con un avanzado proceso de cooperación. Revisa el artículo las condiciones del politicidio y ejemplifica con diversos casos en el mundo para concluir que las políticas de defensa de un Estado dependen de la forma en que en él son percibidas las amenazas a determinados intereses nacionales considerados como vitales.
A propósito del proyecto que se discute actualmente en el Congreso, referido a despenalizar el aborto frente a casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre, la Abogado, Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciada y Magíster en Derecho y especialista en responsabilidad Civil, Carla Robledo Malhue, escribe el artículo “La Protección Constitucional de la Vida del Nasciturus y la despenalización del aborto como política pública”, donde revisa cómo la despenalización propuesta se conjuga con el mandato constitucional al legislador de proteger la vida del que está por nacer.
También se incluye el artículo “Estudiando Proyectos de Ley en el Parlamento chileno: una propuesta de índice para medir actividad político-legislativa”, del Cientista Político Felipe Durán Martínez, trabajo que persigue encontrar un lenguaje matemático para describir el proceso legislativo del Parlamento chileno para concluir que es posible obtener un índice numérico que refleje la actividad político-legislativa proyecto por proyecto. Se trata de un documento que emana del interesante trabajo de tesis del autor, presentado para la obtención del Grado de Licenciado en Ciencia Política y Organizacional y el Título de Cientista Político y Organizacional, otorgado por la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Finalmente, el presente número está integrado por el artículo “Guillermo Bañados Honorato, un político demócrata y filántropo olvidado en Aconcagua”, cuya autoría corresponde a Ester Precht, Licenciada en Educación, Magíster en Investigación Psicopedagógica, Presidenta de la Fundación para la Educación, Cooperación e Integración Latinoamericana (FECIL) y nieta de Guillermo Bañados, y a Zenovio Saldivia M., Profesor de Filosofía, Magíster en Filosofía de las Ciencias, Doctor en Historia de las Ciencias y Profesor Titular en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile. Los autores reseñan la personalidad y obra social y científica del político y estudioso aconcagüino, que se destacó notoriamente en la primera mitad del Siglo XX. Los valores éticos de Guillermo Bañados, su preocupación por la instrucción de los más humildes, la tarea política y social y la generosa producción expresada en los libros de Bañados Honorato, que aluden a temas vinculados a la sociología, política, geografía, normativa naval, arquitectura, higiene pública, entre otros interesantes aspectos, así como el rol que le correspondió ejercer en la fundación del Partido Demócrata en San Felipe, son asuntos que revisa este artículo.
Agradecemos a todos los investigadores y académicos que han demostrado interés por compartir sus trabajos en el presente número de la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, cuyo propósito es entregar espacios para el desarrollo de la academia, la investigación y la producción especializada.