Artículo Volumen 6, Nº 2, 2018

¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de acción y colectivos de mujeres (Argentina, 2015-2018)

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Ana Natalucci, Julieta Rey

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RESUMEN

En los últimos años el feminismo cobró una presencia inédita en la arena pública argentina. La manifestación bajo la consigna #NiUnaMenos en 2015 y el colectivo conformado a raíz de la misma constituyeron un punto de inflexión en este sentido. El presente artículo analiza los modos de hacer, percibir y construir los objetos con que las mujeres hacen política, a partir del caso #NiUnaMenos. ¿Cómo pensar esta experiencia donde la forma de organización aparece más bien difusa? ¿Cuáles son las implicancias, en términos de ethos, de la convivencia en esta experiencia de militantes y activistas? El argumento es que #NiUnaMenos es a la vez una manifestación, una consigna, un colectivo de mujeres. En estos desplazamientos se configuró una arena pública en torno al problema de género, capaz de condensar experiencias de vida y tradiciones militantes y organizativas previas, dando lugar a una renovación de la participación y repertorios de acción.

ABSTRACT

In recent years, feminism has gained an unprecedented significance in the public arena in Argentina. The demonstration called by the slogan #NiUnaMenos as well as the collective which was set up since that experience was a turning point in that process. The present article analyses how women perceive and build the objects with which they make politics, through the case of #NiUnaMenos. How to grasp that experience when the figure of the organization seems diffuse? Which are the implications of the coexistence of activists and militants, in terms of an ethos? The argument is that the case of #NiUnaMenos refers to a demonstration, a slogan, a women collective organization. In these shifts, a public arena towards gender issues was built, being able to gather diverse life experiences and previous militant and organizational traditions, and renewing the ways of participation and the repertoires of action.

1. INTRODUCCIÓN 

El 5 de marzo de 2018 la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (en adelante, proyecto IVE)1. Dicha presentación fue precedida por una masiva protesta mediante el repertorio de “pañuelazo” frente al Congreso y motivó las declaraciones públicas del presidente Mauricio Macri respecto de su voluntad de habilitar la discusión legislativa. Esto marcó un cambio de posición en materia de política pública, ya que el tema no solo no era parte de la agenda gubernamental, sino que incluso la bancada oficialista estaba integrada por declarados opositores al proyecto. Sin embargo, estos acontecimientos se inscriben en una temporalidad mayor, a partir de un ciclo iniciado entre mayo y junio de 2015 en que se había instalado el tema en el debate público debido a la presencia que el movimiento de mujeres había cobrado en los últimos tres años. La reformulación de viejos problemas públicos, manifestaciones y acontecimientos tuvieron un punto de inflexión el 3 de junio de 2015 (en adelante, 3J). Ese día una multitud ocupó las calles de Buenos Aires, Argentina, para reclamar políticas públicas contra la violencia machista. Al denominar la problemática de esa manera, se diferenciaba de los conceptos de “violencia de género” o “violencia doméstica” en un intento por visibilizar a su ejecutor poniendo foco en que no se trata de un problema privado entre individuos, sino parte de un sistema de dominación machista.

La manifestación fue convocada a principios de mayo con el hashtag de la red social Twitter “#NiUnaMenos” luego que se conociera un nuevo caso de femicidio2. En el lapso de las tres semanas comprendidas entre el lanzamiento de la convocatoria en redes y la movilización, esta se propagó por alrededor de 120 ciudades en distintas provincias del país y en otros países de la región, en particular Chile y Uruguay (Rodríguez, 2015). A fin de unificar las consignas, la comisión organizadora centralizó las diferentes convocatorias y fue publicando una lista actualizada de los puntos de encuentro en las cuentas oficiales de Twitter (@niunamenos) y Facebook (Ni Una Menos) (Annunziata et al., 2016).

En este contexto, el 3J (que se repitió en 2016, 2017 y 2018) quedó instaurado como una fecha paradigmática de la lucha feminista al activar el ciclo de movilización, entendiendo por tal un proceso de intensificación de las protestas con ampliación de los repertorios utilizados y de los actores involucrados. De esta manera, ese 3J propició la realización de otros eventos de acción colectiva: el 19 de octubre de 2016, el colectivo NiUnaMenos y otras 50 organizaciones convocaron a un paro de mujeres conocido como “Miércoles Negro”. Esta convocatoria se inspiró en el “Lunes Negro”, que había tenido lugar unas semanas antes a propósito de la manifestación de mujeres polacas que rechazaban un proyecto de ley que promovía la prohibición del aborto en ese país. Este paro de mujeres incorporó reclamos al modelo económico. Replicado el 8 de marzo de 2017, se constituyó como evento de escala internacional en el que participaron más de 50 países, incluyendo a Argentina3. A lo largo de este ciclo, se incorporaron demandas no solo vinculadas a políticas públicas contra la violencia machista, sino también por derechos sociales y económicos de las mujeres, que se veían cercenados por el nuevo ciclo político iniciado en diciembre de 2015. De modo que este ciclo activado en 2015 tiene diferentes escalas (nacionales, regionales e internacionales), reclamos específicos, pero también demandas cuyos sentidos son disputados por los diversos colectivos y organizaciones. Experiencias como las de Ni Una Menos en México o el Movimiento Me Too en 2017 han contribuido a amplificar las resonancias del ciclo.

En este marco, el objetivo de este artículo es analizar la experiencia conocida como Ni Una Menos. Hay muchas preguntas al respecto, sobre todo porque en esta experiencia la forma de organización aparece más bien difusa en relación con otros movimientos. ¿Cuáles son las implicancias en términos de ethos de la convivencia de militantes y activistas? ¿Cuáles han sido sus efectos en el debate público y en la definición de política pública? ¿Podemos decir que estamos frente a una cuarta ola del movimiento feminista, en la que se recrearon demandas, agendas y nuevos problemas públicos?

En términos metodológicos, por medio de la estrategia de estudio de caso, analizamos los modos de hacer, percibir y construir los objetos con que las mujeres hacen política, en las calles y en espacios político-institucionales, tanto en las disputas por cuestiones estrictamente de género como en aquellas relativas a sus cosmovisiones (desde cuestiones de salud sexual y reproductiva hasta la propia concepción de la sexualidad y el deseo). El argumento que orienta este artículo es que el caso Ni Una Menos tiene varias connotaciones: es una manifestación en términos de repertorio, es una consigna y también un campo donde se articulan colectivos de mujeres, organizaciones profesionalizadas, activistas y mujeres sin pertenencia orgánica ni trayectorias previas que se incorporaron al ciclo. En los cruces de estas connotaciones se configuró una arena pública en torno al problema de género capaz de condensar experiencias de vida y tradiciones militantes/organizativas previas, dando lugar a una renovación de las formas de participación, de los repertorios de acción y de las formas de pensar el feminismo.

2. INNOVACIONES CONCEPTUALES PARA PENSAR EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Desde el campo de la acción colectiva, el movimiento feminista se ha pensado como un movimiento social en el sentido que le diera Alan Touraine (1987, 1991). En su libro Los movimientos sociales, Touraine los define como los “agentes conflictivos de producción y funcionamiento de un sistema social” (1991, p. 27), mientras los movimientos culturales se caracterizarían por “su oposición a un modelo cultural antiguo –o nuevo– y por un conflicto interno entre dos modos de utilización social del modelo cultural afirmado” (1991, p. 28). Sobre estas definiciones, el movimiento social se encuentra en un campo ocupado por esos movimientos culturales; sobre esta yuxtaposición emergen “movimientos socioculturales” (1991, p. 28). Desde su perspectiva, Touraine ha sostenido que el movimiento de mujeres constituía un movimiento sociocultural en tanto “se opone a la condición femenina tradicional y al mismo tiempo transforma nuestra imagen del sujeto” (1991, p. 28). Por este carácter, el movimiento feminista encontraba como ámbito de despliegue el espacio no estatal en el marco de conflictos desplazados del sistema económico-industrial.

En coincidencia con esta caracterización, Alberto Melucci (1994a) sostuvo que los movimientos sociales, en los cuales también incluía al movimiento de mujeres, permitían la experimentación de modelos culturales opuestos a los dominantes. Pensado en la clave de actor colectivo, el movimiento constituye una asociación en torno a determinadas causas, cuyas acciones se despliegan en el tiempo y su mensaje sigue la estrategia deliberada de sus miembros. Específicamente sobre la acción colectiva de las mujeres, Melucci ha sostenido que se estructura no solo “por la igualdad de derechos, sino por el derecho a la diferencia” (1994b, p. 138). Asimismo, afirma que “a través de su acción colectiva la cultura feminista entra en el mercado político y cultural y contribuye a innovarlo. El éxito en el mercado transforma al movimiento en grupo de presión, segmenta sus áreas, burocratiza algunos grupos y dispersa otros” (1994b, p. 138). Como supuesto de estas afirmaciones se encuentra la idea de que el movimiento social como actor implica una continuidad respecto de tres cuestiones: una identidad común, su manifestación en el tiempo y espacio y la necesidad de que esa continuidad se exprese tanto en los momentos de latencia como de visibilidad.

Ahora bien, siguiendo a Cefaï, la denominación de movimiento social volvió muy rígidos los análisis sobre los movimientos sociales al convertirla en un “marcador identitario” (2011, p. 141). De hecho, una de las particularidades del 3J de 2015 radica en que no fue convocado por una organización específica y difícilmente podemos pensar en un actor feminista homogéneo. Por el contrario, las mujeres que impulsaron la convocatoria en redes sociales eran trabajadoras de los medios de comunicación que no se encontraban vinculadas a organizaciones feministas, sino que se consideraban activistas en la temática de género. Aunque luego se incorporaran mujeres con trayectorias militantes vinculadas al movimiento feminista, aquella particularidad respecto del grupo impulsor fue un rasgo distintivo del ciclo y de las primeras interpretaciones. Una de ellas fue la de Annunziata et al. (2016), quienes concibieron la manifestación del 3J de 2015 en términos de “movilizaciones contemporáneas” o “movimientos ciudadanos”, antes que como un movimiento social clásico. Entre sus argumentos postulaban que este tipo de movilizaciones presentaban una duración efímera, dispersión de los actores que la habían organizado y baja expectativa de consagrarse como organizadores. Así, Annunziata et al. (2016) inscribieron el 3J y la consigna #NiUnaMenos en un conjunto de activismos online en defensa de los derechos de las mujeres como #FirstHarassed, #EverydaySexism o #YesAllWomen. La consideración de este evento en la clave de movimientos ciudadanos procuraba enfatizar la fluidez de los actores contemporáneos, la prevalencia de la figura del ciudadano, el rol de las redes sociales en la multiplicación del acontecimiento y el sentido público que emerge en el ámbito online, que escapa a los promotores iniciales cuestionando la categoría de organizadores, aun sin desconocer la existencia e incidencia de organizaciones de mujeres con larga tradición en Argentina.

Siguiendo esta perspectiva, Zeifer se concentró en el estudio de los efectos políticos del hashtag (entre ellos, el #NiUnaMenos) respecto de su capacidad de instituir “nuevos sujetos políticos [realizada] a través de su función discursiva representativa/nominativa” (2017, p. 2). Para la autora, a través del #NiUnaMenos se produjo la emergencia performativa de una nueva subjetividad, de un ethos colectivo que construyó un nosotros. Así, la movilización representó una nueva forma de ejercicio de la ciudadanía y de organización de la acción colectiva a partir de las redes sociales. En resumen, desde esta perspectiva, el 3J permitía dar cuenta de la convergencia y mutua potenciación entre los mundos online y offline (Goldstone, 2004), permitiendo el pasaje entre ambos y la reunión de activistas con organizaciones ya consolidadas.

Desde el campo de los estudios de género, este tipo de experiencias pueden pensarse en otra clave. Autoras como Sonia Álvarez (1998; 2001) o Carmen Díaz Alba (2017) han trabajado diferentes experiencias organizativas del complejo mundo feminista. Para Álvarez, los movimientos feministas se caracterizan por constituir un campo “amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético y polifónico” (1998, p. 1), que no solo queda restringido a las organizaciones de mujeres, sino que transversalmente logran penetrar en los campos sindicales, políticos, estudiantiles y partidarios. Esta característica es decisiva para las demandas del mundo feminista, es decir, no hay intereses preconstituidos como en el caso de las corporaciones, ni tampoco demandas generales orientadas al bien común o encaminadas a la ciudadanía y limitadas al ámbito de la sociedad civil según el planteo de Melucci. Sus demandas se extienden desde la lucha por la implementación de políticas públicas, cupos partidarios o sindicales, hasta disputas por los sentidos y significados de las relaciones de género (Álvarez, 1998). Siguiendo esta línea analítica, en un trabajo reciente sobre la Marcha Mundial de Mujeres, Díaz Alba (2017) mencionó que uno de los rasgos centrales de esta movilización es la cuestión de las escalas, es decir, el cruce de lógicas transnacionales con fuertes anclajes locales preexistentes que dotan a estas experiencias de particularidades a partir de la traducción intercultural, lo que permite la construcción de plataformas comunes en contextos y escalas diversas.

Frente a este debate, ¿cómo estudiar estos eventos de acción colectiva que a priori no son promovidos por una organización definida, donde su estabilidad temporal o identitaria no está asegurada? Una posibilidad es concentrarnos en los repertorios que los agentes colectivos ponen en juego. De acuerdo con Michel Offerlé (2011), hay una serie de conceptos, entre ellos procesos enmarcadores, estructuras de oportunidades políticas o identidades, que han agotado su potencial heurístico inicial y, en algunos casos, han vuelto muy rígidos los análisis, como ya mencionamos respecto de la noción de movimiento social tradicional. Para el autor, la excepción lo constituye el concepto de repertorio de acción, que indudablemente remite a la obra de Charles Tilly. A fines de problematizar dicho concepto, Offerlé sostiene que se le ha otorgado un sentido fuerte y otro débil. El primero remite a “una estilización macrosociológica de la transformación de las formas de dominación económica y política (el mercado y el Estado)” (2011, p. 93). El segundo sentido alude a un “medio de acción o a la suma de medios de acción efectivamente utilizados o utilizables por una organización o un movimiento” (2011, p. 93). Sin embargo, en ambos sentidos subyace la idea de que el grupo elige ese repertorio sobre preferencias de familiaridad y recursos. Frente a esta situación, Offerlé (2011) propone redefinir el concepto de repertorio de acción, destacando la pluralidad de registros de acción disponibles en el tiempo, en los espacios sociales y territoriales. De acuerdo con esta definición, un repertorio de protesta es “una forma particular de política contestaría, una `institución inventada`” (2011, p. 97) sostenida sobre rutinizaciones convencionales que los actores van recreando. Esto nos lleva a adoptar una perspectiva que resalta la infinidad de ocurrencias concretas en las que los elementos del repertorio son activados, reinventados y remotivados, atendiendo a la creatividad de los agentes y al análisis de las formas de nominación de los agentes respecto de sus repertorios, así como de otros actores que intervienen. En definitiva, esos repertorios constituyen campos de disputa en tanto los agentes sociales los utilizan, en un sentido pragmático, para nombrar, enfrentar y superar lo que les sucede.

En la introducción mencionamos que uno de los significados de #NiUnaMenos ha sido el de la manifestación en tanto repertorio. Siguiendo a Fillieule y Tartakowsky (2015), la manifestación constituye una forma de acción política eminentemente urbana, destacando “la invención de la calle como un espacio concreto de la protesta política” (2015, p. 25). Es reconocida tanto por quienes la utilizan como por aquellos a quienes va dirigida (autoridades políticas, patrones y opinión pública). Una de las particularidades de la manifestación es que está localizada en un lugar físico abierto; se trata de “una ocupación momentánea, por varias personas, de un lugar abierto, público o privado y que directa o indirectamente conlleva la expresión de opiniones políticas” (2015, p. 24). Una segunda característica es su expresividad, en tanto supone la reafirmación de un grupo que presenta demandas sociales más o menos precisas. No se trata de una mera multitud o de una muchedumbre heterogénea, como si fuera una multitud de consumidores o el fenómeno de los flashmobs (performance realizada durante un corto tiempo). Se trata más bien de una acción que no está configurada bajo la forma clásica de la organización, pero en la cual intervienen colectivos que pueden compartir o disputar demandas y tomas de posición frente a determinados problemas públicos, y que operan como un principio unificador.

A fin de cuentas, una manifestación es “la interacción, concreta y simbólica a la vez, entre diversos tipos de actores, estén presentes o a distancia” (2015, p. 29). Desde esta perspectiva, su estudio supone dilucidar cuestiones en torno a los manifestantes en la calle y cómo se posicionan, el objeto en el sentido de lo que disputan, aunque no tengan acuerdo sobre ello; los espectadores inmediatos y la base social cuyos sentimientos pretenden enunciar los manifestantes. Dado que en las manifestaciones prima cierta participación horizontal, estas son espacios para construir y delinear problemas públicos. A la vez, tienen una dimensión de ritual, en tanto habilitan la producción de ritos de iniciación, de integración y de reorganización ceremonial de los grupos. Como veremos, el caso de #NiUnaMenos, como manifestación, propició discusiones en torno a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el aborto, entre otros temas que redefinieron el problema público en torno al lugar de las mujeres en la sociedad (en las relaciones de pareja, los lugares de trabajo, etc.), además de producir reposicionamientos de actores sociales y políticos. Como punto de inflexión en una historia más larga de organización de las mujeres, el 3J no implicó la conformación de una identidad feminista homogénea, sino más bien una de tipo heterogénea y polifónica, con una alta capacidad performativa en la agenda pública y en los repertorios de los sectores movilizados.

3. BREVE HISTORIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE MUJERES EN ARGENTINA

Como se mencionó, el campo feminista tiene una larga tradición, que ha sido analizada en términos de oleadas con diferentes temporalidades y extensiones: primero, una de tipo ilustrado en términos de capacidades entre varones y mujeres; una segunda ola de tipo liberal y sufragista; una tercera basada en la disputa por las desigualdades y jerarquías que benefician a los varones, donde surgió la consigna “lo personal es político” para discutir la sexualidad, la violencia, los derechos reproductivos (de Miguel, 2000). Autoras como Valcárcel (2008) sostienen que las acciones del feminismo en el siglo XXI se inscriben en la tercera ola de derechos reproductivos y del aborto. En un artículo anterior, Valcárcel definió que los retos en el nuevo milenio están orientados por la construcción de una “voluntad común relativamente homogénea en sus fines generales: conservar lo ya hecho y seguir avanzando en sus libertades” (2001, p. 32). Aunque aún no hay acuerdo académico, en la prensa algunas especialistas y militantes han planteado que estaríamos frente a una cuarta ola del movimiento feminista. Las características del feminismo a partir de este cambio estarían en relación con algunas rupturas, entre ellas la heterogeneidad de los feminismos, la sororidad, la clara identificación y difusión del sistema patriarcal como el adversario a impugnar, la cuestión de los cuidados y la doble jornada laboral de las mujeres, entre otros puntos. Este enfoque es aprehensible desde la noción de manifestación que mencionamos anteriormente, como una acción que no responde a una organización específica ni a un campo determinado, pero que habilita la disputa de demandas y tomas de posición.

Respecto de los movimientos de mujeres en Argentina, su tradición desde fines del siglo XIX y comienzos del XX ha sido reconstruida por una amplia bibliografía. A los fines de este trabajo, siguiendo a Di Marco (2010), el movimiento de mujeres se constituyó a partir de tres vertientes: la participación en organizaciones de derechos humanos, destacando la figura de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; las mujeres de sectores populares organizadas al calor de la crisis social y económica de fines de los 90 y principios del 2000; y las mujeres integrantes del movimiento feminista, con un fuerte componente de mujeres de sectores medios. A la vez, la incidencia de redes internacionales y la ratificación de convenciones como Belem do Pará (1994), El Cairo (1994) y Beijing (1995), sumada a la sanción de la Ley de Cuotas (1991) y el consecuente aumento de mujeres en el Estado (principalmente en el poder legislativo), propiciaron la construcción de agendas de género en las instituciones públicas, a partir del cruce entre el activismo del movimiento de mujeres y la nueva agenda de los estados de la región (Di Marco, 2010). A la conformación de esta agenda de género contribuyeron los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM), en los que anualmente se reúnen mujeres de partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y mujeres no organizadas de todo el país. Los ENM se celebran desde 1986 por iniciativa de un grupo de feministas argentinas que había participado en la Tercera Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi, convocada por Naciones Unidas en 1985. A estos encuentros fueron sumándose mujeres provenientes de los movimientos populares. Así, Di Marco (2010) destaca que en la década de los 90 surgieron más de la mitad de las organizaciones de mujeres registradas en las bases de datos consultadas, principalmente localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires4.

El advenimiento de los gobiernos enmarcados en lo que se denominó el giro a la izquierda en América Latina aparejó un proceso de ampliación de derechos, entre ellos los de diversidad sexual y los derechos de las mujeres. Este avance ha sido analizado en dos sentidos diferentes. Por un lado, Blofield et al., (2017) lo interpretan en términos de una respuesta de los gobiernos a las presiones de las activistas en el entorno doméstico, con distintos alcances según el área de política pública en cuestión (autonomía económica de las mujeres, representación política, empoderamiento de mujeres de pueblos originarios, instituciones de políticas de género efectivas, aborto y combate de la violencia contra las mujeres). Por otro lado, Ferrero, Natalucci y Tatagiba (2019) lo interpretan en términos de la capacidad de innovación de esos gobiernos en materia de política pública. En este último sentido, para el caso argentino, Yovine (2017) y Rey (2019) coinciden en que el discurso kirchnerista de ampliación de derechos fue interpretado por algunas organizaciones de género y diversidad sexual como una oportunidad para la apertura de nuevos debates culturales, permitiendo la consecución de ciertos derechos. Siguiendo a Rey (2019), en esta línea fueron interpretados los avances en materia de derechos de las mujeres y diversidad sexual, como el acceso de mujeres a puestos clave en el Estado. En este sentido, las designaciones de las primeras mujeres como juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Elena Highton de Nolasco en 2004 y Carmen Argibay en 2005, declarada atea y feminista)5, y las designaciones de la primera Ministra de Economía de la historia, Felisa Miceli, y Alicia Kirchner como Ministra de Desarrollo Social. A esto se sumó la designación de Ginés González García en el Ministerio de Salud y Ambiente, quien se manifestaba a favor de la despenalización del aborto, quien durante su gestión implementó el primer Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y creó las consejerías de salud sexual y reproductiva, que brindaban asesoramiento y métodos anticonceptivos gratuitos en los hospitales. Otra designación transgresora fue la de Nilda Garré a cargo del Ministerio de Defensa en 2005 y del Ministerio de Seguridad en 2010, áreas históricamente ocupadas por hombres vinculados a las fuerzas de seguridad.

El terreno legislativo fue también un ámbito de notable innovación política durante el giro a la izquierda, en muchos casos a partir del lobby de las redes temáticas de mujeres y LGTB. Entre las principales leyes en materia de equidad de género y derechos sexuales y reproductivos se encuentran la Ley de Educación Sexual y Procreación Responsable (25.673/2003), el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (26.150/2006) y la Ley de Fertilización Asistida (Ley 26.862/2013). También se sancionaron la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (26.485/2009) y la Ley de Prevención y Sanción contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas (Ley 26.842/2012). En abril de 2009 se había sancionado el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pero no se había avanzado en su reglamentación. A la vez, se destaca el cumplimiento del cupo femenino en las listas y la presidencia del bloque legislativo del Frente Para la Victoria (FPV) a cargo de una mujer, la diputada Juliana Di Tullio, favorable a la despenalización del aborto y promotora de leyes vinculadas a derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, se promovieron políticas sociales dirigidas a mujeres de sectores populares, como el programa Ellas Hacen y la modificación a la ley de moratoria permanente de autónomos, conocida como jubilación para amas de casa. Si bien la legislación estaba pensada para garantizar la cobertura previsional de trabajadores y trabajadoras que habían desarrollado su vida laboral en la informalidad, en los hechos el 85% de los beneficiarios en 2016 fueron mujeres que no reunían los 30 años de aportes para acceder a una jubilación formal (Medina y Arriaga, 2017). Asimismo, se creó la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (Decreto 1602/2009) y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26844/2013), que permitió a muchas mujeres que se desempeñaban como empleadas domésticas acceder a los beneficios de un empleo registrado.

En materia de diversidad sexual, Argentina habilitó el matrimonio civil entre personas del mismo sexo (Ley de Matrimonio Igualitario, 26618/2010). Dos años después se aprobó la Ley de Identidad de Género (26743/2012). La ley contempla cambios registrales sin autorización judicial o médica, y establece el derecho a la salud de travestis, transexuales y personas transgénero mediante intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales para quienes los soliciten. Si bien algunos autores han sugerido que mantiene el binomio sexual, la ley desjudicializó y despatologizó el derecho a la identidad de género y se considera una legislación de avanzada en el mundo (Cutuli y Keller, 2015).

Como puede observarse, en materia de políticas públicas se habían producido avances progresivos a favor de las mujeres. A la par de este proceso de ampliación de derechos, los femicidios cobraban mayor relevancia en la escena pública. En Argentina no existían datos oficiales sobre femicidios (los primeros registros oficiales datan de 2015), por lo que es difícil dilucidar si este incremento fue una respuesta de los varones a los derechos que ganaban las mujeres o si esta mayor gravitación tuvo que ver con la visibilización de la problemática. Los únicos datos existentes, al menos desde 2008, eran proporcionados por la ONG La Casa del Encuentro, que llevaba un registro de femicidios a nivel nacional según información obtenida de los periódicos: 1808 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género entre 2008 y 2013, un promedio de 361 mujeres por año; en 2014 esa cifra alcanzó a 277 mujeres. Cada treinta horas, una mujer era asesinada en Argentina por violencia de género. De esta manera, aunque la denuncia contra la violencia machista fuera la motivación inicial de este ciclo, propiciando el primer 3J en 2015, fue diversificándose en sus demandas y repertorios, incorporando reclamos por la equidad de género y los derechos sociales y económicos de las mujeres frente a un nuevo ciclo político iniciado en diciembre de 2015.

4. #NIUNAMENOS

#NiUnaMenos constituye un fenómeno de acción colectiva complejo, difícil de clasificar. Se trata a la vez de una manifestación y de un colectivo de mujeres que, como se mencionó anteriormente, ha ido evolucionando y reformulando su agenda ante el nuevo ciclo político iniciado en diciembre de 2015 con la asunción de Mauricio Macri. Para indagar en los distintos aspectos de este caso, nos referimos con la sigla 3J a la movilización del 3 de junio de 2015 y con la sigla NUM al colectivo de mujeres.

El origen del #NiUnaMenos puede rastrearse en marzo de 2015. El 21 de ese mes, artistas plásticas e historietistas organizaron en la Ciudad de Buenos Aires una performance artística contra los femicidios. La actividad estuvo motivada por el rechazo al tratamiento mediático de un caso de femicidio, cuyo foco estaba puesto en la vestimenta de la víctima. El día 26, autoridades del Museo de la Lengua, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizaron una maratón de lectura, proyecciones y performance contra el femicidio. En esta actividad, la motivación tuvo que ver con una serie de casos de mujeres jóvenes asesinadas cuyos cuerpos aparecieron desechados en la basura o en descampados. Los ejes de la convocatoria en la red social Facebook fueron: “Contra la muerte y la opresión patriarcal. Contra cualquier complicidad estatal por acción y omisión. Por la alegría de nuestros cuerpos soberanos. Contra la industria cultural que se regocija con mostrarlos, aún embolsados, aún fríos. Por la vida ¡Ni una menos!”6. El primer efecto de esta actividad fue la conexión entre mujeres de ámbitos diversos, algunas de ellas integrantes de los movimientos de mujeres y otras activistas ocasionales, preocupadas por la temática de género. La percepción de algunas era que el ámbito de discusión y reflexión era muy reducido, por lo que había que trascenderlo: era necesario salir a la calle y poner el cuerpo7.

4.1. El acontecimiento inaugural: 3J de 2015

Un nuevo caso de femicidio fue el activador de la movilización. El 11 de mayo apareció el cadáver de Chiara Páez, asesinada por su pareja por negarse a practicarse un aborto. A partir de este hecho, ese día se inició a una “conversación pública pero cerrada” entre mujeres periodistas en el timeline de la red social Twitter8. El primer tweet fue de la periodista Marcela Ojeda (@MarcelitaOjeda): “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… no vamos a levantar la voz? NOS ESTÁN MATANDO”.

De este intercambio surgieron diversas propuestas de acción colectiva para visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres. Finalmente, se decidió la convocatoria a una movilización el 3 de junio, para la cual se recuperó la consigna de la maratón de lectura que se había realizado en marzo: Ni Una Menos. Según Annunziata et al. (2016), esta consigna se había viralizado a propósito del femicidio de la poeta mexicana Susana Chávez Castillo en 2011 (quien había sido protagonista en la visibilización de los crímenes de Ciudad Juárez), lo que reforzaba la idea de redes transnacionales operando en este tipo de protestas. La convocatoria en las redes rápidamente alcanzó al grupo de mujeres que habían participado de aquella maratón de lectura, así como a las organizaciones feministas. La masividad lograda en las semanas posteriores llevó a gran parte de la clase política, de los medios de comunicación, dirigentes de organizaciones sociales y sindicales, artistas y deportistas a pronunciarse en torno a la misma. En efecto, de acuerdo con Rodríguez (2015), 680 políticos se mostraron en redes sociales con el cartel #NiUnaMenos, entre ellos 180 intendentes, 99 diputados y 34 senadores nacionales, 11 gobernadores, así como los precandidatos presidenciales de 2015 (Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer). Además, se pronunciaron 834 organizaciones sociales (ONG, sindicatos, clubes y asociaciones vecinales) y 2.137 personalidades de la Argentina y 280 de otros países de América Latina. Todos ellos tweetearon #NiUnaMenos, convirtiéndolo en trending topic mundial el 3 de junio de 2015.

Este impacto puede atribuirse a la combinación de dos factores. Por un lado, al hecho de que varias impulsoras eran periodistas reconocidas; por otro, a las potencialidades de la red social Twitter, ya que algunas impulsoras tenían muchos seguidores, entre los cuales se encontraban personas muy influyentes. Así, las mujeres que participaron del intercambio inicial en Twitter pusieron en juego su capital simbólico y social y sus redes profesionales. En relación con el uso de la red social Twitter, Welp y Brauer (2017) destacan los beneficios que su uso reporta para los actores políticos, dado que ofrece una vía barata y sencilla para establecer una comunicación política y habilita a los actores políticos a influir en la agenda política de manera directa.

Desde el lanzamiento de la convocatoria en redes sociales el 11 de mayo hasta la manifestación del 3J, las activistas involucradas en la convocatoria realizaron una serie de reuniones. De estas participaron un conjunto heterogéneo de mujeres, muchas de las cuales no se reconocían como militantes feministas sino más bien activistas, o simplemente se habían movilizado a partir de una temática puntual que las conmovió9. En esas reuniones se discutieron cuestiones organizativas y se preparó el documento para el acto. Finalmente, el 3J se congregaron entre 150.000 y 250.000 personas en las inmediaciones del Congreso Nacional. La elección de este lugar tuvo relación con que allí se sancionó en 2009 la mencionada Ley 26.485 (para prevenir la violencia contra las mujeres) y aparecía como el lugar adecuado para cuestionar e interpelar a toda la clase política a través de sus representantes legislativos. A la vez, en medio de la coyuntura electoral, permitía sortear el parteaguas kirchnerismo/antikirchnerismo.

El documento, sintetizado en cinco puntos, fue leído por tres artistas como una estrategia para ampliar los márgenes de legitimidad. Ese documento contenía las demandas del #NiUnaMenos y apelaba a los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial por igual:

“1) Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear el Plan nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la ley 26.485; 2) Garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse; las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial; 3) Elaborar el Registro Oficial único de víctimas de la violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Solo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas. 4) Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos; 5) Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia” (Rodríguez, 2015, pp. 117-118).

La lectura del documento correspondió al cierre de una movilización masiva en torno a una demanda de género, un hecho sin antecedentes en Argentina. Los siguientes apartados repasan las discusiones que se dieron en el momento previo de esta movilización y que delinearon las características del colectivo de mujeres que se conformó a posteriori.

4.2 Discusiones en la antesala del 3J

El grupo de mujeres involucradas en la organización del 3J no solo no estaba consolidado en términos internos, sino que, como se mencionó anteriormente, sus integrantes tenían diferentes trayectorias e intereses. Por esta razón, la organización del 3J trajo aparejadas varias discusiones.

Una de ellas aludía al objetivo de ganar amplitud en la convocatoria por parte de algunas de las activistas, lo cual demandaba atenuar el contenido más propio de las demandas del feminismo en la convocatoria, principalmente en torno a la cuestión de la legalización del aborto. Mientras las organizaciones de mujeres pretendían incluir esa demanda entre los puntos centrales, algunas de las periodistas tenían ciertos reparos. Uno de sus argumentos era que muchas mujeres víctimas de violencia machista y sus familiares eran religiosos, por lo cual incluir como demanda la legalización del aborto restaba apoyos a la convocatoria. Otro de sus argumentos era que el caso de femicidio que había originado la movilización tenía que ver con una adolescente que se había negado a practicarse un aborto. Dado que no hubo un acuerdo entre las militantes y las activistas, finalmente la despenalización del aborto fue excluida de los puntos del documento final.

Otra discusión tuvo que ver con la definición de los voceros a cargo de la lectura del documento. Las periodistas proponían convocar a artistas y no a mujeres de la militancia feminista o familiares de víctimas, en pos de amplificar el reclamo e interpelar a sectores de la sociedad civil no familiarizados con la temática. Por su parte, las mujeres provenientes del feminismo advertían la posibilidad de caer en una espectacularización de la movilización por convocar a estrellas televisivas y perseguir la masividad. Su temor era que la aparición del debate por la violencia de género en programas televisivos considerados frívolos quitara legitimidad y vaciara de contenido al reclamo.

Una discusión similar se dio en torno a la viralización de la consigna en las redes sociales y la cuestión respecto de qué actores estaban legitimados para apropiarse de la convocatoria. Conductores de programas considerados sexistas y figuras públicas portavoces de discursos machistas, entre otros, eran cuestionados por retweetear el #NiUnaMenos. Esta cuestión puso en evidencia un dilema propio de las movilizaciones que se difunden y multiplican por internet: hasta qué punto los individuos pueden apropiarse en el entorno online de consignas que nunca militaron fuera del mismo (Annunziata et al., 2016). Algunas organizadoras se preguntaban si el mainstream era estratégico para difundir la protesta, en el sentido de lo perjudicial que podía ser involucrar en la movilización del 3J a figuras del espectáculo consideradas machistas. Por el contrario, otras organizadoras eran proclives a no dejar a nadie afuera, considerando que muchas de las celebrities eran un canal eficaz para llegar a personas poco interiorizadas con la demanda.

Por último, otra discusión se relacionó con la formulación de la demanda como canal de interpelación a otros sectores sociales. La convocatoria a partir de consignas formuladas de manera negativa, como Ni Una Menos o Basta de Femicidios, podía conducir a asociar el reclamo con otras movilizaciones, sobre todo vinculadas a los reclamos por seguridad, remarcando un carácter punitivista y opacando la agenda propositiva de la protesta. Por ello, la estrategia fue enmarcar el 3J en el discurso de los derechos humanos como un nuevo Nunca Más orientado a la recreación del pacto democrático de 1983, con capacidad de interpelación a la sociedad civil y al arco político en su conjunto. Para reforzar este enmarcamiento, una estrategia utilizada luego para desestimar la mirada punitivista de la violencia de género fue la intervención de expertas en el framing del debate público, como la antropóloga Rita Segato y la historiadora y socióloga Dora Barrancos, dos referentes del feminismo. Asimismo, la diversificación de las demandas del colectivo luego del 3J (y sobre todo a partir de 2016, donde se incorporó la agenda económica y laboral de las mujeres) reforzó la idea de un nuevo pacto democrático antes que el carácter punitivista. Al respecto, Medina y Arriaga (2017) destacan que la consigna constituyó un “no radical” a la violencia machista capaz de suturar demandas muy variadas y de interpelar a la sociedad, abriendo un tiempo de reflexión en torno al femicidio, entendido como un límite extremo en una cadena de violencias.

Otra estrategia fue establecer diferentes apelaciones. Por un lado, a la sociedad civil por medio de esa consigna y convocatoria al 3J. Por otro lado, entre las organizadoras existía un consenso generalizado en que no todas las personas públicas que difundían la consigna tenían el mismo nivel de responsabilidad. Los funcionarios y legisladores debían responsabilizarse por años de inacción y asumir un compromiso público en torno a la demanda, no alcanzaba solo con que publicaran su selfie con el cartel de #NiUnaMenos.

Vale recordar que 2015 fue un año electoral en que el Kirchnerismo se disputó la continuidad en el poder luego de tres períodos consecutivos y, por lo tanto, propicio para la instalación de problemas públicos en el debate político. En este marco, las organizadoras instaron a los dirigentes políticos y a los precandidatos presidenciales a firmar un documento de compromiso y pronunciarse sobre las demandas del 3J, a través del hashtag #DeLaFotoalaFirma. Esto puso en evidencia una tensión entre las agendas de la sociedad civil y la electoral, demostrando la ausencia de propuestas de política pública contra la violencia machista entre los contenidos de las campañas electorales de casi todos los partidos políticos.

Las organizadoras estaban convencidas de que #NiUnaMenos era un reclamo profundamente político, mas no partidario, por lo que instaban a los partidos políticos a no participar con sus banderas y apartarse de la polarización del campo político.

4.3 Activistas o militantes

Las distintas organizadoras del 3J no tenían la misma percepción respecto de su rol como de los objetivos de la movilización. Algunas de ellas se reconocían como activistas, debido a su acercamiento a la causa del género a partir de una convicción individual para contribuir a la concientización sobre la situación de los femicidios: “Yo no soy una militante feminista. Yo hablo desde el lugar de los Derechos Humanos. Las mujeres no son más importantes que nadie. Son tan importantes como”10. Para tal fin, ponían a disposición su capital simbólico individual, esto es, su reconocimiento como periodistas y sus redes de contactos. Su compromiso era más bien circunstancial y asociado a una causa puntual, sin identificarse como militantes feministas. Por ello, su vinculación con el #NiUnaMenos se limitó a la etapa de instalación del problema público de la violencia de género en la agenda política, sin que esto implicara su continuidad en el colectivo conformado posteriormente. Su participación fue decisiva para esa instalación por la cantidad de seguidores en sus cuentas de Twitter y su relación con personas influyentes.

Otras organizadoras se reconocían como militantes, remarcando su sentimiento de pertenencia a una organización a partir de compartir valores, concepciones ideológicas y posiciones en las instancias de decisión: “Nosotras no creemos que haya sido una convocatoria espontánea, una cuestión de un momento para otro, de generación espontánea. Porque tiene una historia atrás. Tiene una historia de casi 30 años en ese momento: Encuentros Nacionales de mujeres, Campaña Nacional por el Aborto, tiene una historia de un montón de agrupaciones feministas que venían laburando”11. Estas últimas habían participado en diferentes organizaciones feministas. Uno de sus objetivos era construir una continuidad del 3J como modo de instalar la agenda más amplia del feminismo y no solo la violencia machista, para lo cual la consolidación del NUM en un colectivo era estratégica.

Esta composición constitutiva ha sido decisiva para la dinámica asamblearia del NUM: se trata de un colectivo muy diverso, del que participan distintas militantes con sus respectivas organizaciones y activistas, aunque con diferentes grados de compromiso y vinculación orgánica: “Nosotras nos juntamos todas las semanas, organizamos las asambleas y esto funciona como un colectivo […] No somos amigas, somos compañeras de militancia”12.

Estas son las razones por las cuales #NiUnaMenos demostró no ser un flashmob destinado a agotarse luego de la movilización masiva de 201513, sino que logró trascender el ámbito online. Así se constituyó un campo a través de la manifestación en el cual convergieron activistas, organizaciones feministas y comisiones o áreas de género que distintas organizaciones fueron poniendo en marcha en función del ciclo.

5. “AHORA QUE SÍ NOS VEN”: EFECTOS DEL #NIUNAMENOS

El 3J resultó un punto de inflexión en el movimiento de mujeres, con efectos en distintas temporalidades y magnitudes. Uno de estos tiene que ver con la reconversión de demandas históricas del feminismo en problemas públicos que adquirieron legitimidad, masividad y transversalidad en otros sectores sociales. Asimismo, de la mano del colectivo NUM se amplió la agenda de género desde una demanda inicial de impronta reactiva frente a la violencia machista hacia una agenda propositiva vinculada a los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres, instalada no solo en relación con el debate por la legalización del aborto, el techo de cristal o la doble jornada laboral de las mujeres y las tareas de cuidado, sino también en torno a las disidencias sexuales, las relaciones de pareja, el goce y el deseo, los estereotipos y la diversidad corporal.

En relación con el anterior, un segundo efecto se produjo en el plano performativo, esto es, en el debate público, en las conversaciones al interior de grupos sociales, en los medios de comunicación y los lugares de trabajo. Contempla el uso del lenguaje inclusivo en instituciones educativas y públicas, en las redes sociales y los medios de comunicación, la agenda del feminismo liberal frente a un feminismo popular, la deconstrucción de la propia experiencia de vida de las mujeres en clave feminista, entre otros efectos. De alguna manera “se rompieron cadenas el 3 de junio” y las víctimas de violencia no solo se animan a consultar, sino que también se comunican con mayor conocimiento (Rodríguez, 2015).

El tercer efecto está vinculado a la respuesta estatal. Por un lado, en 2015, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la línea telefónica gratuita de atención a víctimas de violencia de género comenzó a funcionar 24 horas los 365 días del año. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos oficializó la Unidad de Registro de Femicidios y se creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Además, la Corte Suprema de Justicia creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte también observó un incremento de llamados con pedidos de información. En las universidades públicas se aprobaron protocolos contra la violencia de género. Cuando asumió como presidente, Mauricio Macri designó a Fabiana Tuñez al frente del Instituto Nacional de las Mujeres. Tuñez había dirigido la ONG La Casa del Encuentro. En 2017 el Congreso convirtió en ley la paridad de género para las listas legislativas, que se implementará por primera vez en 2019. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el presidente en ejercicio habilitó el debate legislativo del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No obstante, la atención a cuestiones de género por parte del Estado no ha sido acompañada por un aumento presupuestario, como es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres14.

El último efecto tiene que ver con el movimiento de mujeres y su revitalización luego del 3J respecto de su composición, la masividad en sus convocatorias, el alcance en sus reclamos y la multiplicación de espacios de género en organizaciones sociales y sindicales. Muchas de las participantes del colectivo y mujeres vinculadas a asociaciones civiles reconocen el impulso que #NiUnaMenos le dio en términos de visibilidad pública de sus reclamos y convocatorias, así como del involucramiento de las nuevas generaciones en los movimientos de mujeres, al punto de acuñarse el término marea feminista e instalar el debate en torno a una cuarta ola del movimiento anclado en las nuevas plataformas de comunicación y en redes de escala internacional.

6. REFLEXIONES FINALES

#NiUnaMenos es un caso complejo de analizar, ya que, como se mencionó anteriormente, no ha tenido un sentido unívoco sino múltiples connotaciones: es una manifestación, un colectivo de mujeres, un proceso de instalación de un problema de género en la agenda pública, una consigna. En este artículo hemos intentado reconstruir esos sentidos junto con las discusiones que se dieron al interior del espacio que convocó al primer 3J. Ambas cuestiones han marcado los lineamientos generales del colectivo conformado a posteriori y el ciclo de movilización que le siguió.

Ese ciclo implicó no solo la realización de otras manifestaciones cada 3 de junio, paros de mujeres el 19 de octubre de 2016 y el 8 de marzo de 2017 y 2018, sino también la conformación de la agenda de género en Argentina que trascendió los movimientos de mujeres ya consolidados, junto con la creación de espacios de mujeres en organizaciones que hasta entonces habían marginado el tema. En tal sentido, la manifestación del #NiUnaMenos constituyó un punto de inflexión de años de debates, luchas y organización de los movimientos de mujeres, que adoptaron una consigna inclusiva contra la violencia machista como puntapié inicial para cuestionar diferentes formas de expresión de la violencia y las inequidades veladas en la sociedad argentina, a partir de un framing efectivo y transversal de la protesta y un mayor reconocimiento de la relación entre la violencia de género y otras formas de desigualdad de género.

Empezamos el artículo contando que en marzo el Poder Ejecutivo había habilitado el debate parlamentario en torno al proyecto de ley de IVE. Aunque este logró la aprobación en junio en la Cámara de Diputados, fue finalmente rechazado por la Cámara de Senadores. El proceso de tratamiento en comisiones de la ley fue acompañado por masivos pañuelazos fuera del Congreso, en instituciones públicas, universitarias, educativas, sindicales. Asimismo, ambas sesiones fueron acompañadas por una impresionante marea de mujeres que a modo de vigilia colmó las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires en las cercanías del Congreso Nacional. Este rechazo podría haber significado una desactivación del ciclo, sin embargo, los movimientos de mujeres han sostenido su presencia y convocatoria en el espacio público. En este sentido, el último Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo lugar en octubre de 2018 en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, contó con la presencia de al menos 60 mil mujeres; el pasado 5 de diciembre se realizó otro paro de mujeres junto con una concentración frente a los Tribunales de Justicia por la impunidad en un juicio por femicidio. Y así podríamos continuar con la enumeración.

La reconstrucción de ese primer 3J es significativa no solo en términos de su impacto en la organización de las mujeres, sino que también permite repensar algunas nociones clásicas del campo de la acción colectiva. Antes que un movimiento social en el sentido toureniano, optamos por analizarlo como una manifestación; esto es, una ocupación callejera por parte de colectivos que no solo tenían diferencias respecto de su concepción y práctica del feminismo, sino también de sus ethos. Esa noción de manifestación, como vimos en la reconstrucción de este caso, no implica ni la espontaneidad de los agentes ni tampoco una muchedumbre sin orientación. Más bien remite a una forma de acción política que puede ser reivindicativa y propositiva al mismo tiempo, capaz de instalar nuevos problemas públicos y definir tomas de posición, que renueva los vocabularios que los agentes usan en sus interacciones y sus luchas. No conforma una identidad homogénea, sino una heterogénea y polifónica.

¿Podemos decir que estamos frente a una cuarta ola del movimiento feminista? Muchas de estas características que mencionamos nos permiten pensar que sí. Su objetivo no necesariamente es constituir al feminismo como un actor clásico, sino más bien como un campo de lucha que redefina las interacciones sociales de los comprometidos, de los participantes y de los que observan, que altere las reglas sociales y sus instituciones relativas. Si bien esos puntos de inflexión suelen dejar marcas irreversibles, no tenemos la certeza de sus posibilidades en el mediano plazo. Pero indudablemente, el Ni Una Menos vino para quedarse y trastocar el piso de discusión en materia de género.

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  1. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una organización federal que desde 2005 promueve la instalación en la sociedad y en el Estado del debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Sus orígenes se reconocen en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004. Actualmente la Campaña cuenta con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, etc. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redactado por la Campaña se encuentra disponible en http://www.abortolegal.com.ar/proyecto-de-ley-presentado-por-la-campana/ [consultado el 26 de septiembre de 2018].
  2. Entre 2013 y 2015 los femicidios ganaron resonancia en los medios de comunicación: primero el de Ángeles Rawson en 2013 (16 años) y luego el de Melina Romero el mismo año (17 años); en 2014, Lola Chomnalez (15 años) fue asesinada en Uruguay. En marzo de 2015 se cumplieron diez años de la desaparición de Florencia Penacchi. Ese mismo día, Daiana Ayelén García (19 años) salió de su casa a una entrevista laboral. Su cuerpo semidesnudo fue hallado en una bolsa al borde de una ruta. En abril, María Eugenia Lanzetti fue apuñalada por su ex pareja. Le siguieron Laura Elizabeth Vázquez Provoste (23 años) y Agustina Salinas (26 años), asesinada por su pareja en Puerto Madero. En mayo, Gabriela Parra (49 años) y, finalmente, Chiara Páez (14 años), enterrada en el jardín de los abuelos de su pareja por negarse a practicarse un aborto.
  3. Para un detalle de las organizaciones involucradas véase el siguiente documento. Recuperado de: http://parodemujeres.com/about-us-acerca-de/ [consultado el 26 de septiembre de 2018].
  4. Base de datos nacional del Centro Nacional Organizaciones de la Comunidad (CENOC), del Consejo Coordinador de Políticas Sociales Presidencia de la Nación (2005) y del Repertorio de organizaciones no gubernamentales del CIOBA (2003) en Di Marco, 2010.
  5. Estas designaciones fueron importantes dado que, con esta nueva composición, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el fallo F.A.L. (2012), estableciendo las causales de aborto no punible y prohibiendo prácticas que judicializaran o entorpecieran el derecho al acceso al aborto no punible. Véase Tabbush et al. (2016).
  6. Cuenta de Facebook del colectivo Ni Una Menos (03/03/2015).
  7. Entrevista a integrante del colectivo NUM.
  8. En tanto se trata de cuentas abiertas en una red social, la conversación se considera pública (esto es, accesible públicamente). Sin embargo, puesto que los mensajes están dirigidos a ciertos interlocutores (a través del uso de la herramienta @), y solo entre estos se dan el turno a la palabra, se considera cerrada. Véase Zeifer (2016).
  9. Entrevista a organizadoras del 3J que ya no participan del colectivo Ni Una Menos.
  10. Entrevista a organizadora del 3J 2015.
  11. Entrevista a organizadora del 3J 2015 que actualmente participa del colectivo NiUnaMenos.
  12. Entrevista a organizadora del 3J 2015 que actualmente participa del colectivo NiUnaMenos.
  13. El término flashmob o movilización instantánea refiere a las manifestaciones sociales articuladas mediante las tecnologías de comunicación, véase Romaní (2006).
  14. Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “¿Cuánto valen los derechos de las mujeres?”, informe presentado en la Semana del Presupuesto. Mesa 1: Presupuesto y Género (2016).