RESUMEN

Las sociedades democráticas modernas tienen la necesidad de aumentar la educación política de los jóvenes, no solamente en la contribución al autodesarrollo de los individuos, sino también que contribuya al fortalecimiento del capital democrático y cívico, que funcione como instrumento para estimular el desarrollo social, político y económico del país. Desde esta perspectiva, la condición deseable de un ciudadano activo es estar informado, asumiendo el reto de los deberes cívicos e involucrarse en las soluciones de los problemas sociales. El estudio es de tipo cuantitativo, desarrollado a través de un cuestionario aplicado a una muestra representativa a jóvenes universitarios, con la finalidad de analizar las relaciones dinámicas de los jóvenes con su entono político. Dentro de los resultados más relevantes del estudio se plantea que la fuerza y capacidad de respuesta de un régimen democrático dependen del ejercicio de una ciudadanía plena, ya que esta fortalece el funcionamiento democrático.

ABSTRACT

Modern democratic societies have the need to increase the political education of youth, not only to contribute to the self-growth of individuals, but also to strengthen democratic and civic capital, which functions as an instrument to stimulate social, economic, and political development in a national scale. From this perspective, the desirable characteristics of active citizenship are being informed, assuming the challenge of civic duties and getting involved in the solutions of social problems. The study is quantitative, developed through a questionnaire applied to a representative sample of young university students, with the aim of analyze the dynamic relationships of young people with their political environment. The results show that strength and response capacity of a democratic regime depend on the exercise of full citizenship, and that the latter strengthens democratic functioning.

1. INTRODUCCIÓN

La definición de democracia actualmente va más allá de un sistema de gobierno, pues ahora es comprendida como un estilo de vida que conlleva valores cívicos, morales y sociales que deben permear en toda actividad, no solo de gobierno, sino también ciudadana. En este sentido, la educación en México debe estar orientada a formar ciudadanos con valores que coadyuven al sistema democrático. Ahora bien, otro compromiso cívico que, a su vez, forma parte de los valores políticos que tiene la sociedad, se encuentra en la relación con las acciones del activismo; es decir, la participación e identidad política es un sentimiento que se trabaja o se genera debido a diversas situaciones, entre las que destaca las siguientes: interés, entusiasmo, atención, las relaciones interpersonales y su pertenencia (Barrett, 2020).

Ante esto, Scherman y Arriagada (2010) afirman que los últimos años la participación política de los jóvenes ha ido en decadencia, lo que representa un problema para los países. Generalmente, la falta de participación se encuentra asociada a la poca confianza que existe con las instituciones gubernamentales, la falta de credibilidad de los funcionarios públicos, propuestas poco mediables y alcanzables. Actualmente, la participación política en los jóvenes se encuentra bajo diversas posturas que abarcan reflexiones disciplinares que no solo priorizan la participación ciudadana, sino que también se relacionan con otras categorías de análisis como lo es la democracia, la ética, la socialización y la toma de decisiones (Arias-Cardona y Alvarado, 2015).

En este sentido, los jóvenes y la participación política pueden incluir diferentes líneas de investigación y pensamiento debido a la manera de que se realiza la conexión con el Estado y los medios para realizarlo, así como también las propuestas y actividades para expresar sus emociones y postura. Por su parte, la participación ciudadana representa una pirámide de poder y disposición, uno de los lugares más importantes, esto debido a la gran afluencia de impacto que se tiene en la sociedad. En este caso, la participación de la sociedad puede representarse con tres niveles de análisis y percepción de acuerdo con la información, ciudadanía, estado de derecho y poder que se ejerce en la sociedad.

Diversos autores (Blanco, 2006; Chiroleu, 2009; Constantino, 2000; Heater, 2007; López, 2005; Marshall y Bottomore, 1998; Milner, 2002; Navarrete, 2008) mencionan que el proceso de fomentar e incrementar la participación política de los jóvenes puede ser un factor que determine el éxito o fracaso de la gestión pública federal, estatal o municipal. Por lo anterior, los autores aseguran que la participación política de los jóvenes es un tema de interés que puede brindar múltiples beneficios y herramientas suficientes para incrementar esta participación.

Al mismo tiempo, las organizaciones públicas y privadas juegan un papel importante en esta problemática debido a que es considerada como un pilar en la toma de decisiones; es decir, estas decisiones van enfocadas en temas de interés político, conocimiento, eficacia, confianza y desarrollo para las diversas gestiones, políticas o temas en relación con la agenda política. Asimismo, la participación política no es solamente el proceso de ejercer su voto, sino también, de la conformación de instituciones, órganos supremos, y de una intervención legítima. Es así como la formación en ciudadanía es tarea fundamental, sobre todo en lo que respecta a la dimensión subjetiva.

Desde esta perspectiva, las cualidades y actitudes de los ciudadanos son cruciales para la estabilidad de las democracias, lo que constituye un motivo más para subrayar la importancia de su formación en y desde la escuela, en articulación con los demás mundos vividos por los jóvenes (Díaz, 1996). La educación es sin duda una parte fundamental en la creación de las potencias del ser humano, para alcanzar una sociedad justa y equilibrada. Es importante intensificar la acción educativa para poder lograr un desarrollo auténtico que contribuya a fortalecer la participación, la solidaridad y la conciencia. En la educación deben tener primacía la transmisión de los valores éticos, la dignidad de la vida humana y la formación del individuo en un mundo cada vez más conflictivo y violento frente al cual esos valores deben ser reconocidos y respetados (Blat, 1981). Tomando como base estos elementos contextuales, surge el propósito central de este estudio, que es analizar las relaciones dinámicas de los jóvenes universitarios con su entono político a través de su participación política, ya que ellas fortalecen el funcionamiento democrático del país.

2. POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIVILES

En un Estado democrático, la existencia de un Estado de derecho es una precondición fundamental para su existencia, además es absolutamente necesario para el ejercicio de los derechos civiles. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que los estados con regímenes de gobierno democráticos establecen un sistema imparcial de justicia en pos de asegurar la supremacía de la ley sobre cualquier interés particular, entre los que destaca la autonomía del poder judicial y la existencia de políticas públicas que aseguren a todos los ciudadanos un efectivo acceso a la justicia cada vez que perciban que sus derechos han sido vulnerados (Barrett, 2020).

Asimismo, todo Estado democrático requiere formar una ciudadanía comprometida con la democracia. Por ello, los estados implementan políticas públicas para la formación de ciudadanía desde los propios currículos educativos. Dichas políticas están encaminadas hacia la formación de capacidades políticas que promueven la participación, la defensa de los derechos humanos, la acción colectiva, entre otros. El desarrollo de la educación ciudadana en México, desde su surgimiento como Estado independiente, ha respondido a las necesidades del momento. Primero, se puede identificar la clara intención de formar una ciudadanía que desarrolle un sentido de pertenencia a la nación; es decir, una formación ciudadana nacionalista. Sin embargo, en las últimas décadas, la formación ciudadana en México se ha enfocado en desarrollar una ciudadanía más competente que pueda responder a la necesidad del desarrollo de la democracia en el país (Castro y Rodríguez, 2012).

Silvia Conde (2015, p. 17) define la formación ciudadana como:

[…] un proceso pedagógico, político y cultural centrado en el ciudadano como ser moral, como sujeto de derechos y como sujeto de transformación social y política orientada hacia el respeto pleno de los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento y la democratización de la sociedad civil, el desarrollo de una cultura de participación social y política, así como la recuperación de la confianza en las instituciones y los procesos democráticos.

Dado que la formación requiere de herramientas pedagógicas, se hace hincapié en la necesidad de promover políticas públicas educativas que permitan al Estado ser un propulsor para que sus ciudadanos se conviertan en ciudadanía política plena para garantizar el fortalecimiento democrático. Asimismo, Conde (2015) identifica el perfil de las personas “formadas” que serían parte de la ciudadanía democrática, educada en valores, derechos humanos y democracia.

Estas personas con formación ciudadana tienen las siguientes características (Conde, 2015, p. 18): a) moralmente autónomas, interesadas de manera empática en el bienestar común y capaces de desarrollar prácticas solidarias, b) críticas, capaces de juzgar la actuación de los gobernantes, de tomar decisiones razonadas y de cuestionar las estructuras de dominación y violación a la dignidad humana, c) que contribuyan al fortalecimiento de los Estados, ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en el mejoramiento de las instituciones y procedimientos democráticos, así como en la democratización de los espacios públicos y privados, d) capaces de construir con otros un orden social que mejore las formas de relación, de funcionamiento social y contribuya a lograr una vida digna para todos, e) capaces de usar el conocimiento para la participación, la toma de postura, el diálogo o el ejercicio de la función pública, f) reconocedoras del otro, respetuosas de las diversidades y defensoras de la igualdad de género, la multiculturalidad y todas las formas de pluralismo, g) con capacidad de diálogo, escucha y resolución no violenta de conflictos, h) con un alto sentido de la justicia y la legalidad, que conozcan la ley y ejerzan sus derechos y deberes fundamentales e i) comprometidas con su país y el mundo, con una visión global y conscientes de las responsabilidades de la humanidad.

Por otra parte, los valores son un aspecto fundamental en la formación ciudadana. A través de ellos, se inculca en el estudiante el desarrollo de una moral democrática, la cual, de acuerdo con Conde (2015) expresa que la formación ciudadana tiene la particularidad de representaciones sociales sobre la realidad de cada una de las comunidades. La educación en valores para la formación ciudadana tiene el objetivo de que los estudiantes adopten los principios y valores democráticos y que desarrollen competencias como la autoestima, la consideración por el otro, la responsabilidad, la autorregulación, la empatía, la compasión, la indignación, la solidaridad y la conciencia de la dignidad humana. La inclusión del respeto a los derechos humanos dentro de la formación ciudadana es una tendencia que está planteada a nivel internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana debe estar enfocada en la formación del sujeto político, que esté consciente de la realidad social, que esté empoderado y que tenga la capacidad de ser agente de cambio en su entorno. Este enfoque se vincula también con la formación de la cultura de la legalidad, que ha sido incluso unidad de aprendizaje en los programas académicos de la educación básica en el país. Fue durante la década de 1990 que el sistema educativo, en lo que se refiere a educación cívica, sufrió una verdadera transformación debido, en parte, a las tendencias mundiales del momento. Los valores democráticos se esparcían por todo el mundo occidental y también por aquellos países que habían dejado de estar bajo la influencia de la Unión Soviética, pues esta se disolvió en el año 1991. Las tendencias educativas abordaron entonces a la educación cívica como un proceso formativo y no adoctrinador, a través de una educación por competencias.

El Instituto Nacional Electoral (INE, 2017) puso en marcha una Estrategia de Cultura Cívica 2017-2023 (Enccívica), que tiene tres objetivos fundamentales: ciudadanos responsables de sus derechos, que contribuya a la discusión pública y exigente con los poderes públicos. El programa toma en cuenta las consideraciones que se encuentran en distintos estudios sobre formación ciudadana, entre ellos el Balance de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de una Cultura Política democrática 2011-2015, el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, producto este último de la colaboración entre el instituto y el Colegio de México, y, finalmente, la Consulta Infantil y Juvenil 2015, entre otros insumos derivados de talleres y conferencias internacionales en donde han participado diversos organismos públicos, privados y de la sociedad civil, así como organizaciones académicas.

En este programa, la escuela se considera como un espacio fundamental en la formación de la cultura cívica, al considerar que la educación formal en todos los niveles es un medio urgente para promover prácticas de colaboración ciudadana. De acuerdo con el INE, estas prácticas son mucho más efectivas que la mera divulgación de valores democráticos, ya que estos son muy abstractos y no necesariamente se relacionan con la cotidianeidad de la población en general (INE, 2017). Por lo tanto, las instituciones de educación formal están obligadas a promover las prácticas democráticas para incidir en la formación democrática de los ciudadanos.

Esta política pública de formación ciudadana incluye tres ejes, que son verdad, diálogo y exigencia. A través de estos ejes, Enccívica, como política pública, tiene ocho líneas de acción (INE, 2017): a) generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía, b) difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos Humanos, c) aprobación del derecho a saber, d) creación de espacios para el diálogo democrático, e) creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático, f) promoción de la cultura cívica en los entornos escolares, g) exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada y h) promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de los problemas públicos.

Entre las primeras acciones de este programa fue la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, cuyos criterios estuvieron enfocados en la perspectiva de género y la promoción del respeto a los derechos humanos, mientras que los subtemas giraban en torno a las representaciones de género, el trato diferenciado en diversos entornos, apropiación del espacio público, la distribución del tiempo, los cuidados y el trabajo no remunerado, las percepciones de abandono escolar, la sexualidad y el consentimiento, la violencia, la seguridad, la confianza y la discriminación (INE, 2018). En el caso específico de Nuevo León, la formación ciudadana también ha sido promovida por la Comisión Estatal Electoral del Estado, a través de la Estrategia de Educación Cívica y Participación Ciudadana (EECyPC) 2016-2021. La estrategia tomó como referencia el Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer Siftung, en la cual México obtuvo una puntuación de 4.384, por debajo del promedio latinoamericano. Sin embargo, Nuevo León como estado, obtuvo una puntuación 7.197, que lo sitúa en el séptimo lugar a nivel nacional.

De acuerdo con el documento de la Estrategia del INE (2017), la baja participación ciudadana en asuntos políticos públicos se debe a seis factores, que son: el desinterés, el voto ejercido como obligación y no como medio, la idealización de la democracia, la falta de apropiación de derechos, la carencia de instituciones para promover la participación ciudadana y la escasa investigación sobre cultura política en el ámbito local.

Por tanto, la EECyPC tiene como objetivo general el fomentar la participación ciudadana en asuntos públicos políticos en la población atendida, mientras que entre los objetivos específicos están: a) interesar a la ciudadanía en los asuntos políticos públicos, b) promover el voto razonado, c) concienciar sobre los alcances de la democracia, d) coadyuvar en la apropiación ciudadana de derechos, e) abrir canales institucionales para promover la participación ciudadana y f) promover la investigación sobre la cultura política.

Estos objetivos específicos se materializan en lo que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE, 2016) denomina alternativas de solución, entre las que están: la campaña informativa en preparatorias (donde se involucra directamente a jóvenes de 15 a 18 años); la convocatoria de proyectos cívicos, campañas para la difusión del voto razonado, campañas informativas con organizaciones de la sociedad civil; talleres de formación de competencias cívico-políticas, talleres de análisis de casos prácticos de apropiación efectiva de derechos; difusión de mecanismos de participación ciudadana; estudios sobre la cultura política y la participación ciudadana en Nuevo León; encuestas; consultas juveniles, entre otros.

Es aquí donde se refleja la conducta por parte los ciudadanos, esto debido a que una persona que decide tener presencia en los asuntos políticos del gobierno debe de presentar conductas adecuadas a la formación cívica y ética que vea por los intereses de las minorías y mayorías, así como fomente la participación en actividades y aproveche los recursos y oportunidades brindas por el Estado. De la misma manera, el compromiso cívico por parte de la sociedad también puede influir significativamente en el funcionamiento del gobierno, así como el tipo de sector que realiza su participación. Un caso específico se presenta cuando la participación la genera un grupo de personas con un nivel socioeconómico alto donde exhiben mayores índices de participación, al momento de ejercer el voto y realizar actividades en pro del bienestar de la sociedad (Haye et al., 2009).

Sin duda alguna, la educación que reciben y tienen los jóvenes viene a planear diversas cuestiones relacionadas con la ética, la política y la cívica, las cuales se prestan en diversas ocasiones como la oportunidad de expresar sus opiniones, ideales y por parte del gobierno deberán ser escuchadas para explorar una serie de soluciones bajo diversas perspectivas de análisis, con la única finalidad de brindar la solución y generar altos niveles de participación, interés y confianza.

3. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA COMO GENERADORA DE EDUCACIÓN CÍVICA

La definición de democracia actualmente va más allá de su sistema de gobierno, pues ahora es comprendida como un estilo de vida que conlleva valores cívicos, morales y sociales que deben permear en toda actividad no solo de gobierno, sino también ciudadana. En este sentido, la educación en México debe estar orientada a formar ciudadanos con valores que coadyuven al sistema democrático. Por otra parte, los jóvenes mantienen un compromiso en la participación política gracias a los intereses que estén tienen; es decir, su activismo político puede variar de acuerdo con el sector de la sociedad al que se busca llegar, en donde la simpatía hacia el partido político o el servidor político influye para involucrarse.

La participación política comienza su desarrollo durante la década de los cincuenta a través del estudio sistemático de la disciplina. Uno de los trabajos más relevantes en la materia es el de Campbell, Gurin & Miller (1954) donde la detalla desde una perspectiva electoral; es decir, a través del estudio sobre la probabilidad de votar y la asistencia a los mítines políticos. Posteriormente y de forma sistemática, se estudiaron sus distintas formas de involucrarse en la política. Trabajos como el de Barnes & Kaase (1979) lograron ampliar el concepto y propusieron una clasificación que permitiera analizar sus diferentes dimensiones políticas, tanto al interior tanto como al exterior del propio sistema. A raíz de estos trabajos tenemos dos clasificaciones: convencional-no convencional y legal-ilegal. De acuerdo con, Finkel (1985) habla de estudios sobre el entendimiento profundo del concepto de participación política y el intento de asociarlo con efectos individuales; es decir, que tiene efectos significativos en el individuo, pero además toca el tema de la sensibilidad de las autoridades, como un intento de influencia del ciudadano.

En el caso de Uhlaner (1986) la explica como un fenómeno instrumental, esto es, que la participación es intencional y se desarrolla como instrumento para lograr fines políticos. Entre sus diferentes formas que destaca el autor está, en efecto, el voto como herramienta de opinión pública a través de las elecciones, además de la donación de efectivo a causas políticas, partidos o candidatos en específico. También contempla la colaboración en diferentes aspectos, como el solicitar y expresar opiniones a funcionarios públicos en específico, colaborar activamente en alguna organización no gubernamental que esté dirigida a generar un cambio en materia de decisiones públicas, el protestar y manifestarse o el persuadir a otros ciudadanos para generar acciones como las anteriormente citadas e inclusive escribir sobre política, todas estas pueden ser consideradas formas de participación política., Rabbia y Sorribas (2009) de acuerdo con Conway (1990) nos dicen que la participación política incluye todos aquellos comportamientos que realizan personas y grupos para influir en los asuntos públicos: a través de estas prácticas, los ciudadanos explicitan sus preferencias respecto de qué tipo de gobierno debe regir una sociedad, cómo se dirige al Estado, y cómo aceptan o rechazan decisiones específicas de los gobernantes que afectan a una comunidad o a sus miembros individuales. En el caso de las democracias, estas tienen un interés particular en fomentar la participación ciudadana. Aquellos regímenes políticos interesados en legitimarse deben proponer y establecer mecanismos que fomenten la participación ciudadana. La creación de estos mecanismos va más allá de generar apoyo al gobierno, sino que más bien brindan el derecho legítimo a los ciudadanos de elegir a sus representantes y cumplir como ciudadanos. Desde esta idea, Merino (1996) establece que la participación ciudadana es un factor importante la consolidación de la gobernabilidad democrática, ya que busca que los ciudadanos participen e incluyan en sus decisiones en la vida colectiva. De modo que puedan intervenir en las actividades públicas representando intereses particulares, al participar los ciudadanos irrumpen en el espacio público, ejerciéndose en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio local.

Van Deth (2001) la define como la actividad de los ciudadanos destinada a influenciar las decisiones políticas. En la misma línea, Verba, Schlozman y Brady (1995) explican que la participación política les ofrece a los ciudadanos en una democracia la oportunidad para comunicarles a los funcionarios del gobierno sus preocupaciones y preferencias y para presionarlos a responder. Por su parte, Norris (en Van Deth, 2001) la señala como una actividad que busca influir en el gobierno o el proceso político, en la sociedad civil o que busque alterar patrones sistemáticos de comportamiento social. Ahora, en el caso de Conge (1988) la establece como una acción individual o colectiva a nivel nacional o local que apoya o se opone a las estructuras, autoridades y/o decisiones relacionadas con la distribución o asignación de los bienes públicos. Además de aclarar que la acción puede ser a) verbal o escrita b) violenta o no violenta y c) de distinta intensidad. Por lo tanto, la participación política viene a suponer una herramienta que los ciudadanos pueden utilizar en una democracia para comunicarles a sus representantes políticos sus preocupaciones y sus problemáticas, precisamente con la intención de presionar para obtener una respuesta y por consiguiente un cambio. Observando la forma en cómo la sociedad se comporta, podemos constatar que el ciudadano, tradicionalmente, recurre a otras estrategias para incidir en las decisiones políticas: manifestaciones, movimientos sociales, protestas, etc. De acuerdo con Sabucedo y Rodríguez (1990) el hecho de que el voto se emita una vez cada cierto tiempo, a instancias del sistema y en un ambiente de cierta presión social para manifestar esa preferencia partidaria, da lugar a que la participación electoral sea una cuestión con entidad propia y diferenciada del resto de formas de incidencia política. En el caso del voto como herramienta de participación política, se le suele excluir de trabajos sobre estudios generales en materia. Sobre todo porque tiene elementos que la vuelven especial y que la diferencian completamente de otros tipos de participación. Delfino y Zubieta (2010) señalan que de investigaciones se desprende un hecho consistente a través de los diversos estudios: el voto es una conducta política claramente diferenciada del resto, ese acuerdo generalizado sobre este punto no se hace extensivo a las demás formas de participación convencional.

Desde el punto de vista de Vallés y Martí (2006) se entiende por acción política la conducta individual o de grupo que incide a veces de forma muy remota, a veces muy directa en el proceso de gestión de los conflictos sociales. Asimismo, es claro que la participación política puede manifestarse de forma individual, pero también puede transformarse en una acción que beneficie al colectivo. Para que esta condición se cumpla, es necesario contar con un ciudadano que conozca sus derechos, pero también sus obligaciones. Bovero (2003) expone la idea de que esta participación ciudadana no debe reducirse solo al acto de elegir a nuestros representantes, sino el juego democrático sale del control de la ciudadanía. No basta con ser ciudadano de un día, los ciudadanos deben participar asumiendo la figura de entes críticos de las acciones. El ciudadano como elector es una especie de juez de los candidatos, pero después de las elecciones debe prolongar su actividad volviéndose juez de los elegidos. En la actualidad se ha evidenciado una constante baja en la participación política de los jóvenes, la cual ha generado, a través de los años, una preocupación no solo para la clase política, sino para el sistema democrático en sí. Se han buscado los factores que pueden estar implicados en esta problemática, siendo las políticas públicas un factor a considerar.

La integración social y la convivencia son dos aspectos muy importantes que todo ciudadano debe reconocer para ejercer sus valores de forma integral. Por lo mismo, el estudio de las políticas públicas en la educación y su influencia en la formación ciudadana en los jóvenes de enseñanza media se convierte en una necesidad política y social a la hora de evaluar los diferentes tipos de niveles de participación política de los jóvenes, sobre todo en lo que se refiere a procesos eleccionarios, participación en los partidos políticos y la vida en sociedad. Milner (2002) analiza a la competencia cívica de ciudadanos en diferentes países, entendida como conocimiento y capacidad de entender su mundo político, y su virtud ciudadana, definida como la predisposición y capacidad para acceder al discurso político y evaluar la gestión de los que detentan cargos políticos. La educación cívica debe tener en cuenta las realidades y cambios de cada uno de los componentes en sociedad y los sistemas políticos en los cuales deben ser parte cada uno de los jóvenes, por lo tanto, la forma en que se enseña y se exponen los problemas ante el joven serán de vital importancia.

Como señalaba Dahl (1992), la realidad muestra que los ciudadanos contemporáneos no cumplen los requisitos necesarios establecidos por los modelos de ciudadano ni clásicos ni de mínimos. Por eso, sugiere centrarse no en conseguir buenos ciudadanos sino ciudadanos lo suficientemente buenos (good-enough citizens), aquellos que poseen incentivos lo bastante fuertes como para alcanzar un cierto conocimiento de cuál es su propio interés y de las opciones políticas que es más probable que le ayuden a alcanzarlo, y para actuar tratando de conseguir lo propuesto. La educación cívica se ha representado como una gran ayuda que favorece a cada una de las sociedades sea capaz de cumplir con cada una de las exigencias del sistema, y puedan convertirse en ciudadanos con participación activa que compartan un ideal de igualdad política. Se debe tomar en cuenta cada una de las realidades cambiantes de las sociedades y los sistemas políticos en los que los jóvenes deben estar involucrados.

La formación ciudadana está entendida por los estudiantes como una necesidad, principalmente como forma de contrarrestar una carencia formativa en el tema político, ya que es causa sobre todo la falta de concientización y de formación política en el ámbito familiar. Entonces, la formación ciudadana la entendemos como una manera necesaria de acceder a la información para participar políticamente. Es notorio que hoy en día se reconoce en gran medida el valor de lo comunitario, se afirma el sentido de pertenencia, aparece esta necesidad de promover el interés responsable por un espacio común y la presencia en la vida comunitaria. La participación comunitaria demuestra las necesidades de la ciudadanía, la oportunidad de desarrollo, la comunicación y convivencia de la población y el grado de confianza que el Estado frente a la población. Asimismo, expresa las diversas maneras en que la participación ciudadana puede presentarse con la finalidad de levantar interés, expectativas y exigencias entre los ciudadanos y el gobierno.

Ante esto, la participación comunitaria puede reflejarse en diferentes categorías como lo son: en la comunidad, en el gobierno, en lo académico y en lo empresarial. Para efectos de esta investigación la categoría de participación comunitaria que nos interesa es la relacionada con la comunidad y/o ciudadanía y el gobierno, las cuales buscan la satisfacción, ética, compromiso y respeto y responsabilidad hacia la satisfacción de la ciudadanía. Se elogia y agradece contar con ciudadanos bien informados.

A continuación, son presentadas las hipótesis de esta investigación:

Hipótesis de investigación

H1: el Estado de derecho y acceso a la justicia es un elemento preponderante que contribuye positivamente en la participación política de los jóvenes, que permite fortalecer su formación ciudadana.
H2: la sociedad civil es un elemento preponderante que contribuye positivamente en la participación política de los jóvenes, que permite fortalecer su formación ciudadana.
H3: la vida comunitaria es un elemento preponderante que contribuye positivamente en la participación política de los jóvenes, que permite fortalecer su formación ciudadana.
H4: los valores democráticos son un elemento preponderante que contribuye positivamente en la participación política de los jóvenes, que permite fortalecer su formación ciudadana.

4. MÉTODO

La investigación se apoyó en una estrategia de investigación cuantitativa, asociadas con el desarrollo teórico de la investigación, utilizando diferentes pruebas estadísticas para determinar la validez y confiabilidad de los datos de investigación. En este sentido, se elaboró y validó una encuesta como instrumento cuantitativo que busca identificar y medir la relación de las variables de investigación que se asocian con la participación política de los jóvenes universitarios.

4.1. Participantes en el estudio

Esta investigación fue elaborada con una delimitación geográfica en el estado de Nuevo León y el área metropolitana, se consideró para la población objetivo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encontraban inscritos durante el semestre agosto-diciembre 2020. Para efectuar la investigación, se seleccionó una muestra representativa de la población de estudiantes inscritos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la matrícula asciende a un total de 214.342 estudiantes, de los cuales 81.502 son del nivel medio superior y 132.840 del nivel superior. La selección de la muestra fue representativa con un total de 374 estudiantes, con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5 %. De acuerdo con Murray y Larry (2009) el cálculo del tamaño de la muestra permite demostrar de una manera precisa lo que se está investigando. El instrumento final fue aplicado durante los meses de enero a junio de 2020. Como resultado de la muestra recolectada para la aplicación del instrumento estuvo conformada por un total de 398 encuestados desechando veinticuatro casos debido a que presentaban información incompleta. Ante esto la muestra final fue de 374 como se observa en la Tabla 1. Una vez que se realizó el proceso de recolección de datos pudo obtenerse la base de datos final para realizar el análisis estadístico en el software SPSS.

Tabla 1. Descripción de la muestra

4.2. Cuestionario

Para la elaboración del instrumento cuantitativo se consideraron los siguientes estudios previos asociadas a las variables de investigación.

Tabla 2. Variables de Estudio

Posterior de la aplicación del instrumento, se procedió a validarlo y se midió la confiabilidad calculando el Alpha de Cronbach, donde se interpretan con valores aceptables de mayores a 0.70 (Fornell y Larcker, 1981; Chin, 1998; Nunnally, 1978; Nunnally y Bernstein, 1994).

Tabla 3. Resultados de la prueba Alfa de Cronbach

Fuente: elaboración propia. Datos obtenidos IBM SPSS.

4.3. Procedimiento

El trabajo de campo consistió en la explicación a los participantes de los objetivos del estudio y la aplicación de los cuestionarios, se solicitó a los estudiantes responder cada uno de los ítems y posteriormente se evaluaron. Los datos obtenidos se capturaron con el paquete estadístico SPSS en su versión 20.0.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. Análisis del Estado de derecho y acceso a la justicia de los jóvenes universitarios

Como primera fase del estudio, se encontraron niveles altos de aceptación ante las aseveraciones sobre que las personas no denuncian los delitos por falta de confianza a las autoridades (M= 4.43, DE= 0.928), no se denuncia por malas experiencias con las autoridades en el pasado (M= 4.18, DE= 1.02) y que no se denuncia por miedo a represalias por parte de los delincuentes (M= 4.134, DE= 1.029). También se encontraron aseveraciones que las personas no denuncian por no saber a quién acudir (M= 3.68, DE=1.22), también consideran que existe discriminación por la apariencia física (M= 3.65, DE=1.229), han sido testigo de discriminación por clase social (M= 3.54, DE=1.377), por color de piel (M= 3.39, DE=1.413) y por género (M= 3.49, DE=1.412).

Tabla 4. Estadísticos descriptivos variable Estado de derecho y acceso a la justicia