Artículo recibido el 01 de abril y aceptado el 18 de abril 2014.
Autor
Rodrigo Suazo Chávez1
RESUMEN
El presente trabajo intenta determinar qué características socialdemócratas tiene el Gobierno chileno presidido por Michelle Bachelet. Para conseguir el propósito de este estudio, se contrastarán las tres principales reformas incluidas en el programa de Gobierno con los principios de la socialdemocracia europea.
ABSTRACT
This paper tries to determine what social democratic features has the Chilean government which is led by Michelle Bachelet. To achieve the purpose of this study the main three reforms included in her manifesto and the principles of the European social democracy will be contrasted.
INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 2014 se inició un nuevo periodo presidencial en Chile. Desde esa fecha, la socialista Michelle Bachelet está guiando los destinos del país por segunda vez, luego de derrotar ampliamente a la conservadora Evelyn Matthei, candidata oficialista y exministra del Trabajo del Presidente Sebastián Piñera (2010-2014).
Bachelet, quien en 2010 dejó su cargo con un alto respaldo ciudadano, decidió volver al país tras dirigir por tres años la oficina de ONU Mujeres en Nueva York. Su retorno tenía un objetivo claro: ganar las próximas elecciones de Chile y recuperar el Gobierno para la centro izquierda. Sin embargo, el desafío no era sencillo debido a las fuertes alteraciones sociales y políticas que sufrió el país durante los últimos años.
Diversos movimientos sociales a lo largo de Chile comenzaron a surgir antes de cumplirse el primer año de la administración de Piñera, exitoso empresario que pudo revertir la hegemonía política de la Concertación.2
Una pequeña comunidad ecológica del norte, que pretendía impedir la construcción de una central termoeléctrica, inició una serie de manifestaciones ciudadanas que exigían respuestas desde el gabinete. Las protestas siguieron desde el sur, debido, entre otras cosas, a la histórica alza en el precio del gas y al lento avance en temas de salud e infraestructura.
Sin embargo, fueron los estudiantes secundarios y universitarios quienes provocaron las mayores manifestaciones que se recuerden en el país. Si bien se efectuaron protestas entre los años 2011 y 2013, fueron las del primer periodo las que consiguieron más adhesión ciudadana y mayor respaldo político desde la oposición. Mejorar la calidad de la educación en las escuelas y otorgar gratuidad en la educación superior fueron las principales demandas de los estudiantes, quienes advertían que estos cambios eran un paso decisivo para estrechar las desigualdades sociales.3
Este malestar social hacia el abuso y la segregación social afectó a toda la clase política chilena, pero principalmente a los partidos pertenecientes a la Concertación, coalición que, a juicio del Movimiento Estudiantil, no tuvo el coraje para modificar políticas neoliberales diseñadas en la dictadura que encabezó Pinochet entre los años 1973 y 1990.4
Los partidos agrupados en la Concertación reconocieron sus errores y comenzaron a bosquejar una nueva coalición política para enfrentar las elecciones municipales de 2012. La nueva alianza de centro izquierda quedó conformada por la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR), el Partido Comunista (PC), el Movimiento Amplio Social (MAS) y el Partido Izquierda Ciudadana (IC). El pacto obtuvo buenos resultados electorales.Sin embargo, un nuevo objetivo se acercaba.
Con Bachelet decidida a enfrentar a los conservadores en las elecciones de 2013, la incipiente alianza política denominada “Nueva Mayoría” empezó a definir sus ideas para un próximo Gobierno. Las diferencias históricas entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista fueron desde un principio el principal conflicto dentro de la coalición.5 Sin embargo, temas valóricos, transformaciones al sistema educacional y el mecanismo para cambiar la Constitución también carecían de un acuerdo absoluto. Esto, debido principalmente a las posiciones moderadas de la DC.
Pese a las diferencias, a juicio de Bachelet y su coalición política, era necesario elaborar un programa de Gobierno que recogiera la diversidad ideológica de los partidos, pero que se concentrara en particular en las demandas sociales que la ciudadanía estaba pidiendo a sus gobernantes.
Finalmente, con la participación de todos los partidos aliados, la Nueva Mayoría elaboró un documento que será la guía del nuevo Gobierno de Michelle Bachelet que se extenderá hasta marzo de 2018. El programa, denominado “Chile de Todos”, incorporó tres grandes reformas (Tributaria, Educación y Nueva Constitución) y entregó propuestas en otras treinta y dos áreas.
Precisamente, el objetivo de este ensayo es analizar el programa de la Nueva Mayoría y evaluar su carácter socialdemócrata, considerando que se está en presencia de un Gobierno de centro izquierda, el cual será liderado por una mujer socialista. Para eso, revisaremos los principios de la socialdemocracia europea y los compararemos con los pilares fundamentales que propone Bachelet para su Gobierno.
A lo largo de este trabajo, intentaré, además, responder las siguientes preguntas que me parecen fundamentales: ¿En qué se asemejan las propuestas de Bachelet a las políticas realizadas por los Gobiernos socialesdemócratas? ¿Hay factibilidad política y económica para implementar las grandes reformas de Bachelet?
I. LA SOCIALDEMOCRACIA Y SUS PRINCIPIOS
Como se ha mencionado anteriormente, el principal propósito de este ensayo es determinar si el programa del nuevo Gobierno chileno está construido desde las ideas fundacionales de la socialdemocracia. Por lo tanto, en estas páginas, no profundizaré mayormente acerca de su historia, crisis o éxitos. Tampoco será mi interés iniciar un debate teórico sobre si el movimiento político murió o está en proceso de renovación.
Los orígenes de la socialdemocracia se sitúan en 1863 junto al nacimiento del Partido Socialdemócrata alemán (SPD).6 El movimiento, que recogía ideas socialistas y que agrupaba, principalmente, a organizaciones de trabajadores, comenzó a extenderse por toda Europa y el modelo alemán asumió el liderazgo luego de resistir heroicamente leyes antisocialistas impulsadas por el Gobierno nacional.7
Durante la Primera Guerra Mundial y en los años posteriores a ella, los conflictos ideológicos se profundizaron al interior de la socialdemocracia. Por un lado, estaban quienes pretendían transformar la sociedad a través de la revolución y, por el otro, estaban quienes confiaban en que los cambios podían realizarse por vías institucionales. Mientras eso ocurría, un nuevo modelo de socialdemocracia nacía en Suecia. Desde 1932 y durante los siguientes sesenta años, de manera casi ininterrumpida, el Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) implementó una serie de medidas que tenían un solo objetivo: lograr la equidad social.8
Tras la Segunda Guerra Mundial, las ideas socialdemócratas se consolidaron profundamente en países como Noruega, Dinamarca y Holanda. Incluso, importantes reformas se hicieron en Gran Bretaña, donde el sorpresivo triunfo del Partido Laborista en 1945 provocó una enorme transformación en la sociedad con la creación del Servicio Nacional de Salud (NHS).
La crisis económica de los años ochenta impactó profundamente sobre el modelo tradicional de la socialdemocracia. La administración económica propuesta por Keynes no tuvo respuesta ante el estancamiento y la inflación, propiciando el triunfo del capitalismo sin control.9
En los años noventa, hubo notables esfuerzos por construir un nuevo modelo de socialdemocracia. La Tercera Vía apareció con fuerza en Gran Bretaña e intentos similares se vivieron en Alemania, Italia y Holanda. Sin embargo, de acuerdo a Heywood, la carencia ideológica de la “nueva” socialdemocracia y sus contradicciones ideológicas la diferenciaron profundamente de la socialdemocracia de posguerra.10
De acuerdo a Wehling y Lakoff, la negación de los valores socialdemócratas y la promoción de ideas conservadoras fue una de las principales razones que propiciaron el declive de la nueva socialdemocracia en Europa. De hecho, ambos autores ejemplifican este hecho en el lenguaje usado por Gordon Brown antes de ser derrotado por los conservadores británicos en 2010. En sus discursos, Brown se mostraba distante y sus declaraciones no incluían a la ciudadanía en el quehacer. Más bien, le entregaba la potestad completa al Gobierno.11 En otras palabras, Brown rara vez dijo: “Juntos podemos alcanzar este objetivo para el bienestar de toda la nación”. Todo lo contrario: sus discursos excluían al “otro” –al “votante”.
Tras la crisis neoliberal que azotó al mundo en 2008 y que dejó en evidencia la falta de regulación hacia los mercados, han surgido voces que han llamado a refundar la socialdemocracia como mecanismo para profundizar el rol del Estado y revertir la desigualdad social que han generado las políticas conservadoras, dominadoras del mundo durante las últimas tres décadas.12
Como se ha dicho anteriormente, no es propio de este trabajo académico definir o debatir sobre la actualidad o el futuro de la socialdemocracia. Por lo tanto, de aquí en adelante la investigación se centrará en los principios de la socialdemocracia y si esas ideas fundacionales están incorporadas en el programa del actual Gobierno chileno.
Para Heywood, el principio fundamental de la socialdemocracia es la justicia social. Ahora bien, para implementar este desafío de reducir las diferencias entre ricos y pobres, gran parte de Europa adoptó, tras la Segunda Guerra Mundial, la teoría económica de J.M. Keynes, la cual “tenía un claro deseo de humanizar el capitalismo a través de la intervención estatal”.13 Esas políticas keynesianas se fundaban en el pleno empleo y en el bienestar de la población que implicaba la provisión de derechos universales para todos los ciudadanos, como la salud, la educación y las pensiones.
Si bien el Estado de Bienestar adquirió características particulares en cada país liderado por partidos socialdemócratas, la introducción de los derechos sociales antes mencionados estaban incorporados en sus programas de Gobierno. Por lo tanto, los modelos de socialdemocracia no eran tan diferentes entre unos y otros. Más bien, se diferenciaban en cómo alcanzar la igualdad social.
La libertad individual y la promoción de derechos civiles también han sido impulsados principalmente desde la socialdemocracia. El derecho al aborto o al divorcio fueron temas que comenzaron a debatirse y a implementarse desde los años treinta. Suecia, por ejemplo, legalizó el aborto en 1938, aunque debió actualizar su contenido en los años setenta. Durante esa época, países como Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña e Italia también terminaron por concretar leyes en esta dirección.
Los casos de Noruega, Suecia y Dinamarca son ejemplos de países que han logrado construir sociedades más justas, debido principalmente a sus políticas sociales demócratas. De hecho, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), estos tres países mantienen bajos índices de desigualdad, alta tasa de empleo e ingresos vía impuestos que superan el 40% de su Producto Interno Bruto (GDP).
El modelo nórdico de socialdemocracia plantea tres pilares fundamentales: “Concertación tripartita, entre el Estado, empleadores y sindicatos; un comprensivo Estado de bienestar; y una activa política industrial”.14 Estos principios promueven una alta participación laboral, acuerdos salariales justos, baja inflación y la creación de un amplio sistema de seguridad social.
Antes de revisar el programa de Bachelet y analizarlo desde los principios fundadores de la socialdemocracia, es necesario precisar que para la socialdemocracia es fundamental contar con derechos sociales universales que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a servicios y transferencias.
II. EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET
Como se ha adelantado en la introducción de este ensayo, el programa de Gobierno que Bachelet y su coalición pretenden implementar durante los próximos años está compuesto por tres grandes reformas: educacional, tributaria y nueva Constitución. Además, el documento incorpora ideas generales en otras treinta y dos áreas.
Para evaluar si las propuestas responden a los criterios fundamentales de la socialdemocracia, el programa de la Nueva Mayoría se analizará en tres dimensiones: derechos sociales, empleo e impuestos fiscales.
2.1 Derechos sociales
De acuerdo a Paramio, la socialdemocracia de la posguerra ha planteado tres principales derechos sociales fundamentales para alcanzar justicia social: acceso universal a la educación en todos sus niveles, otorgar un servicio de salud de calidad para todos sin distinción y proveer un sistema de pensiones que garantice dignidad para las personas que han terminado su recorrido laboral.15
Actualmente, Chile no cuenta con accesos universales en las áreas de educación y salud. En tanto, en relación al sistema de pensiones, el Estado tiene una participación bastante limitada, dotando de control casi absoluto al sector privado.16
2.1.1 Educación
A diferencia del universalismo que plantea la socialdemocracia, el sistema chileno consta de tres modelos en Educación Primaria y Secundaria: pública, subvencionada –de financiamiento compartido– y privada. El acceso a la Educación Superior pública y privada, en tanto, está condicionado a una prueba de selección. Las universidades públicas no son gratuitas, pero el Estado considera la entrega de becas a la población más vulnerable y préstamos para quienes no puedan pagar sus estudios. Las universidades privadas por su parte, tienen un sistema de préstamo garantizado por el Estado, pero que en muchos casos no alcanza a cubrir el costo real del arancel. En este caso, es el estudiante y su familia quienes deben pagar la diferencia directamente a la institución. El préstamo, por su parte, deberá pagarse una vez que el estudiante haya concluido sus estudios.
En paralelo, existen otras instituciones académicas que ofrecen formación técnica. Con aranceles más bajos y carreras más cortas, esta alternativa concentra su matrícula en los estudiantes más vulnerables del país.17
La Educación Preescolar también es pública y privada. Sin embargo, el acceso gratuito a este nivel educacional es bastante precario. De hecho, sólo el 44% del 60% de los niños más pobres del país asiste a Sala Cuna o Jardín Infantil.18 Sin embargo, la escasa cobertura en esta etapa es solo uno de los grandes problemas de la educación chilena.
Se ha comprobado, a través de mediciones nacionales e internacionales, que el país posee un sistema educativo altamente inequitativo.19 Los más pobres estudian en escuelas públicas de mala calidad y los más ricos lo hacen en colegios privados con buenos resultados académicos. Debido a lo anterior, las mejores universidades que exigen a sus postulantes altos puntajes para ingresar reciben en su mayoría a estudiantes provenientes del sector privado.20
Con los datos expuestos anteriormente, se puede concluir que las salas de clases en Chile no están interrumpiendo la reproducción de la pobreza cultural del país. Más bien, es todo lo contrario. Por lo tanto, el actual sistema de educación está muy lejos de representar los principios de la socialdemocracia.
Revisando el programa de Gobierno de Bachelet, nos encontramos con que una de sus principales reformas es en educación, la cual se ha generado por las históricas movilizaciones estudiantiles que se registraron principalmente en 2011.
Junto con reconocer la inequidad del modelo chileno, Bachelet puntualiza que la educación es un derecho social fundamental. La Educación tiene un valor público innegable y es la base de una sociedad más justa, democrática y participativa. Nuestra sociedad debe abandonar las prácticas que han permitido tratar la educación como un bien de consumo.21
En términos generales, el plan de Bachelet es otorgar gratuidad universal; terminar con el lucro en la educación; eliminar gradualmente el financiamiento compartido en los niveles básico y secundario; mejorar la calidad de la educación proporcionada; ampliar cobertura de la Educación Preescolar a las familias más pobres; y garantizar gratuidad universal en Educación Superior en un periodo de seis años.22
Como se ha expuesto anteriormente, para la socialdemocracia es fundamental contar con un modelo educacional gratuito y universal en todos sus niveles. Si bien la propuesta de Bachelet no otorga gratuidad sin distinción en la etapa preescolar, los avances en su cobertura y las profundas reformas que ofrece en educación primaria, secundaria y superior, dan cuenta de que el Gobierno, al menos en esta área, tiene un carácter profundamente socialdemócrata.
2.1.2 Salud
El modelo de salud en Chile está muy lejos de representar los principios del Estado de Bienestar, ya que políticas heredadas de la dictadura de Pinochet (1973-1990) han propiciado que los más pobres se atiendan, principalmente, en el sector público y las familias con más ingresos lo hagan en clínicas privadas. Bajo el actual sistema, los trabajadores deben elegir si su contribución va al sector público de salud (Fonasa) o a las compañías privadas (Isapres).
Esta competencia, propia de un modelo neoliberal, posee enormes fallas en la regulación estatal. Prueba de ello es que las Isapres pueden subir el costo de sus planes y hacer diferencias en el cobro de estos según el sexo y el riesgo que presente el afiliado.
Aunque ha habido avances en infraestructura y en la cobertura garantizada de un conjunto de enfermedades (Plan Auge), el sistema chileno de salud es desigual y carece de una participación activa del Estado, considerando que la mayoría de los trabajadores está afiliado a Fonasa (81,9%) y que nueve de cada diez de ellos pertenece al 75% más pobre de la población.23
Pese a lo anterior, el gasto público en salud representa sólo un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra bastante exigua si lo comparamos con el aporte que hace el sector privado (4%) y el promedio de los países OCDE (6,7%).24
En el programa de Gobierno de Bachelet, se observa un deseo de fortalecer el rol del Estado. Por ejemplo, se propone duplicar el gasto público en inversión efectiva. El plan que representa un esfuerzo en inversión pública en salud sin precedentes y que comprenderá la ampliación y fortalecimiento de la red asistencial en todos sus niveles25 pretende, principalmente, mejorar la infraestructura a través de la construcción de hospitales, centros médicos y la adquisición de equipos médicos.
Asimismo, esta coalición política de centro izquierda asume el desafío de crear un fondo nacional de medicamentos e incorporar más médicos especialistas al sistema público.
La intervención del Estado también se observa en la regulación que se propone hacer a las Isapres. Ante esto el programa puntualiza: Las Isapres discriminan a las personas según el riesgo que tienen de enfermarse y provocan segregación de la población. Además, no existen mecanismos que regulen los copagos de las prestaciones de salud, haciéndolos iguales para todos y asociándolos al ingreso de las familias. Por eso, en los primeros 100 días de Gobierno, convocaremos a un equipo de expertos con el mandato de redactar una propuesta de Proyecto de Ley de Isapres, que esté en el contexto del funcionamiento global del sistema de seguridad social en el ámbito de la salud.26
Si bien el programa no propone terminar con el sistema de Isapres, se advierte la intención de activar el rol del Estado para regular su funcionamiento y hacerlo más justo.
Claramente, el conjunto de medidas enunciadas anteriormente están en la dirección que el Estado de Bienestar propone, pero de ninguna manera podemos decir que el modelo chileno de salud propuesto responde a los principios fundamentales de la socialdemocracia.
2.1.3 Pensiones
El actual sistema de pensiones en Chile fue creado durante la dictadura y consiste en destinar el 10% del salario de los trabajadores a un fondo administrado por compañías privadas, las cuales cobran comisión por este servicio. En etapa de jubilación –sesenta y cinco años para hombres y sesenta años para mujeres– los afiliados recibirán una pensión mensual que dependerá, principalmente, del monto de la contribución y de cuántos años de trabajo acumuló el afiliado. Por lo tanto, se trata de un sistema individualista y no solidario como plantea el Estado de Bienestar de la posguerra.
Sin embargo, el país cuenta con una pensión mínima garantizada para el 60% de la población con menos ingresos. Esta reforma, implementada por el pasado Gobierno de Bachelet (2006-2010), pretende, principalmente, darle dignidad a quienes nunca contribuyeron al sistema. Además, garantiza subsidios a quienes hayan aportado al sistema privado y reciban bajas pensiones. En el primer caso, el Estado entregará una pensión de setenta mil pesos mensuales. En el segundo, en tanto, el aporte estatal consistirá en cubrir la diferencia que el pensionado necesita para llegar a doscientos cincuenta y cinco mil pesos mensuales.27
En el actual programa, Bachelet asume el compromiso de crear (dentro los primeros cien días de Gobierno) un comité especializado que defina nuevas modificaciones al sistema de pensiones con el objetivo de aumentar los beneficios y la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias.28
Con esto, el país no sólo avanza hacia un sistema más equitativo de pensiones. También, tiende a estrechar la desigualdad de género ya que en Chile las mujeres han contribuido menos al sistema privado que los hombres.
2.2 Empleo
La tasa de desempleo en Chile se ha mantenido relativamente baja durante el último tiempo.29 Sin embargo, este fenómeno tiene un gran contraste, ya que el país posee preocupantes niveles de sindicalización (12%) y baja cobertura de negociación colectiva con derecho a huelga (14,6%).30
La idea keynesiana que sustenta el Estado de Bienestar no sólo plantea que el pleno empleo es fundamental para construir una sociedad justa. También, lo son el salario y la calidad del trabajo.En esta línea, se hace indispensable disponer de una participación activa de los trabajadores a través de sus sindicatos. Ante el escenario laboral chileno, el programa de Bachelet incorpora indudablemente principios de la socialdemocracia. Para reducir la desigualdad es necesario superar las diferencias que existen en las relaciones entre trabajadores y empresarios. Para aumentar los ingresos de los trabajadores es necesario aumentar la productividad (…). Sin embargo, para aumentar los ingresos de los trabajadores también es necesario aumentar su poder de negociación al interior de la empresa. (Por lo tanto) debemos fortalecer los sindicatos y realizar un conjunto de modificaciones a la negociación colectiva que permita ampliar la cobertura de trabajadores que pueden ejercer este derecho.31
Junto con catalogar la negociación colectiva como un derecho, el próximo Gobierno también busca responder a otra política pública que caracteriza a la social democracia: la equidad de género en el mercado laboral. Ante esto, el programa plantea: Debemos aumentar el número de chilenas con empleo. Sólo 5 de 10 chilenas tiene trabajo, este número cae a 3 de cada 10 mujeres en el 60% de los hogares más pobres. Queremos llegar a los niveles de los países desarrollados donde 6 de cada 10 mujeres tiene empleo. Estos empleos deben ser formales, con todos sus beneficios, y con salarios justos que no presenten una brecha entre hombres y mujeres.32
Cabe consignar que dentro de las propuestas laborales de la Nueva Mayoría también está el aumento del salario mínimo. La intención es incrementarlo en un 19%, alcanzando a doscientos cincuenta mil pesos mensuales, aproximadamente.
2.3 Impuestos fiscales
Para implementar el ambicioso programa gubernamental, se hace indispensable ampliar el presupuesto fiscal. Bachelet y su coalición han incorporado esta idea como uno de los pilares fundamentales del programa. Precisamente, fue esta iniciativa, junto a la reforma educacional y al cambio de constitución, las principales diferencias que mantuvo con la alianza conservadora durante la pasada campaña electoral. La oposición a Bachelet nunca consideró aumentar los impuestos, otorgar gratuidad universal en la educación y elaborar una nueva carta fundamental.
De los países miembros de la OCDE, Chile es uno de los que recauda menos ingresos a través de impuestos con un 20.8% –de hecho, solo supera a México en esta materia.
Según el programa, el próximo Gobierno espera aumentar la carga tributaria en tres puntos del PIB. Esto, con el propósito de financiar, con ingresos permanentes, los gastos permanentes de la reforma educacional que emprenderemos y otras políticas del ámbito de la protección social.33 Asimismo, la Nueva Mayoría argumenta que esta medida ayudará a avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso.34
El compromiso de la próxima coalición gobernante coincide plenamente con el modelo socialdemócrata que plantean Dullien, Herr y Kellerman. La legislación tributaria y los sistemas sociales se deben implementar en orden a organizar la distribución de los ingresos de una manera aceptable socialmente. La ley tributaria, por lo tanto, debe incorporar un claro componente redistributivo.35 En la misma línea argumental, Meyer y Hinchman agregan que una adecuada estructura de impuestos es la mejor forma para financiar el Estado de Bienestar.36
El cambio del sistema tributario será gradual y descansará, principalmente, en el aumento de impuestos a las empresas y en una mayor regulación del Estado para reducir la evasión y elusión.
III. LA OTRA GRAN REFORMA: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
La actual Constitución chilena fue elaborada bajo la dictadura de Pinochet en 1980. Si bien ha tenido ajustes durante los Gobiernos democráticos, el plan de Bachelet es cambiarla profundamente y borrar el principio de “desconfianza” que esta manifiesta hacia la “soberanía popular”. De esta forma, el nuevo documento pretende tener un sello que represente principalmente los valores de la dignidad de la persona, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.37 Todos estos principios son fundamentales del modelo socialdemócrata.
Con el nuevo texto, el nuevo Gobierno quiere proveer de más autonomía al sistema político que, de acuerdo al programa, en la actualidad carece de legitimidad, generando un obstáculo al desarrollo del país y a su gobernabilidad. Con esta afirmación, el próximo Gobierno deja en evidencia su deseo de modificar el mecanismo de quórum que existe en el Parlamento para definir proyectos importantes y de contenido ideológico.
De acuerdo al programa, el mecanismo para la elaboración de esta nueva Constitución de la Nueva Mayoría deberá ser democrático, institucional y participativo. El primer criterio pretende marcar una profunda diferencia con la actual Constitución; los otros dos, en cambio, representan una clara referencia a los principios fundacionales de la socialdemocracia. Por lo tanto, será socialdemócrata el cambio de Constitución solo si se hace de manera participativa y a través de los canales institucionales, como lo es principalmente el Parlamento. Otro mecanismo que no considere estos aspectos se alejará de uno de los principios más trascendentes de la socialdemocracia.
IV. CONCLUSIONES
Como hemos podido constatar a través del análisis al programa de Bachelet, los principios de la socialdemocracia están profundamente representados en las políticas sociales que pretende implementar el próximo Gobierno.
El avance hacia la universalización de la educación gratuita; el plan para fortalecer los sindicatos y la negociación colectiva; el compromiso de incrementar el salario mínimo y las pensiones; aumentar el gasto público en temas tan trascendentales como la salud; modificar la estructura tributaria para robustecer el presupuesto fiscal; establecer una relación coordinada entre Estado y mercado, fortaleciendo incluso su regulación; promover la participación y la equidad de género en el desarrollo de políticas públicas; la reivindicación del Estado como un garante de derechos y promotor de una economía sustentable; y el apego a la institucionalidad para conseguir los cambios son propuestas y características que sustentan la tesis para definir el programa de la Nueva Mayoría como socialdemócrata.
Aunque en algunos pasajes el programa de Bachelet no profundiza lo suficiente en derechos civiles, la propuesta para reformar el modelo de educación es el principal factor que justifica el sello socialdemócrata. Esto, debido a su importancia en un Estado de Bienestar. De hecho, así lo advierten Meyer y Hinchman: El derecho a una educación igualmente buena para todos los ciudadanos es crucial para la social democracia. La educación influye en las oportunidades de futuro de todos los ciudadanos. La educación es, asimismo, una de las claves para una sociedad justa socialmente y exitosa económicamente. La educación también se está convirtiendo en la mejor póliza personal de seguro contra el desempleo. (Por lo tanto) la socialdemocracia impone una obligación al Estado para sentar las bases educativas para el desarrollo libre e igualitario de todos los ciudadanos.38
La factibilidad de que el próximo Gobierno de centro izquierda pueda implementar su programa dependerá, en algunos casos, del apoyo que pueda recibir de legisladores que no pertenecen a su bloque político.
Para cambiar la estructura tributaria, no tendrá inconvenientes, pues los votos de la Nueva Mayoría son suficientes para este propósito. Para la reforma educativa, en cambio, necesitará conseguir algunos votos que están fuera de su bloque. Sin embargo, el panorama parece bastante auspicioso debido al amplio respaldo ciudadano y a la disposición de algunos parlamentarios independientes a apoyar, principalmente, esta ley.39
En el caso de una nueva Constitución, el camino para Bachelet está más complicado, debido al alto quórum que requiere en el Parlamento. Aunque hay grupos ciudadanos y parlamentarios de la Nueva Mayoría que proponen una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, el programa presidencial expresa claramente que para modificar la ley se respetará la vía institucional. Posición que, según se ha planteado con anterioridad, representa fielmente los principios de la socialdemocracia.
Finalmente, y luego de exponer los principios fundamentales de la socialdemocracia y su incorporación en el programa analizado, una interesante materia a estudiar será establecer si el Gobierno de Bachelet fue definitivamente socialdemócrata y si fue el primero de esas características en la historia de Chile.
Es menester precisar que en la literatura chilena hay textos e investigaciones que han abordado el impacto de la socialdemocracia en la historia de Chile. Sin embargo, no ha quedado claro el nivel de adhesión a los derechos fundamentales que plantea ese modelo a través del Estado de Bienestar.40 Por lo tanto, será tarea de la Academia precisar en los próximos años si la socialdemocracia logró emerger en Chile durante la segunda década del siglo veintiuno o si solo se trató de un tibio esfuerzo político por conducir al Estado a un lugar de mayor relevancia, en donde el mercado y la libre competencia actúan con escasa regulación.
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- Periodista, Magíster en Comunicación Política (Universidad de Chile) y candidato a Magíster en Ciencia Política (University of Birmingham, Reino Unido). Su experiencia laboral la ha construido principalmente trabajando en instituciones públicas, como ministerios, municipios y organizaciones no gubernamentales (ONGs). En el plano académico, ha concentrado sus estudios en temas como democracia, participación, discurso político y justicia global.