RESUMEN

Este estudio aborda la discriminación por sexo y género en términos de derechos políticos, inclusión social y situación económica desde una perspectiva comparada, intentando dar respuesta a la pregunta: ¿la construcción social del género desde las políticas públicas afecta realmente los indicadores de desigualdad? Para ello, se examinan los principales indicadores de igualdad de género entre los años 1992 y 2010, así como su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social de género en Chile y España.

ABSTRACT

This study examines discrimination by sex and gender in terms of political rights, social inclusion and economic situation in a comparative perspective, in due of the question: Does the social construction of gender from public policies really affect inequality indicators? For this, the main indicators of gender equality between 1992 and 2010 are examined, and their relationship within public policies that affect the social construction of gender in Chile and Spain.

 

INTRODUCCIÓN

La discriminación a causa del sexo y género es una de las bases de la desigualdad en el mundo. Está demostrado y altamente documentado que las mujeres sufren fuertemente la desigualdad en términos de derechos políticos, inclusión social y situación económica. Dado que desde las políticas públicas se aborda la construcción social de género como una estrategia para abordar la desigualdad y violencia estructural, resulta indispensable examinar sus principales logros.

A través del estudio de caso de las realidades en Chile y España, se aborda dicha problemática desde los tres ejes mencionados y a partir de una perspectiva comparada. Así, la principal pregunta de investigación será: ¿la construcción social del género desde las políticas públicas afecta realmente los indicadores de desigualdad?

El enfoque metodológico examina los principales indicadores de igualdad de género entre los años 1992 y 2010, así como su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social del género en cada país. De esta forma, se espera que esta investigación genere un aporte cualitativo en el estudio de la desigualdad de género en países de renta media con problemáticas disímiles y algunos rasgos convergentes debido a sus procesos sociopolíticos e históricos particulares.

1. GÉNERO Y PODER

A partir de los roles que desempeñan hombres y mujeres, tanto en lo público como en lo privado, se van configurando relaciones de poder de forma permanente, así como organizaciones jurídico-políticas propias de cada sociedad, las cuales han tendido a reproducir históricamente cánones de superioridad masculina por sobre lo femenino. Las características y atributos del concepto de género¹ tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad. La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente².

A partir de la comprensión del concepto de género es factible identificar cuál es el papel que ocupan las mujeres en la sociedad. Esta mirada abarca el campo laboral, político, social y familiar. La perspectiva de género se constituye así en uno de los principales aportes de la teoría feminista, posibilitando el análisis de las relaciones de poder desde una perspectiva crítica del orden cultural predominante, enfatizando que el enfoque heteronormativo constituye un mecanismo de discriminación y reproducción cultural, siguiendo las categorías definidas por Bordieu (2011).

 

1.2. Marco jurídico e institucional en estudio de caso

A través del estudio de caso, es necesario inicialmente constatar que, en el artículo 14 de la Constitución Española, se proclama el derecho a la igualdad y a la no-discriminación por razón de sexo. En este sentido, se reconoce la igualdad como un derecho universal, recogido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, además de ser un principio estrechamente vinculado con el ejercicio de la ciudadanía, requisito imprescindible en toda sociedad democrática. Sin embargo, más allá del reconocimiento de la igualdad formal recogida en la legislación, es preciso un grado mayor de avance en pos de la efectividad de las políticas públicas en términos de igualdad de derechos en este ámbito.

En el caso de la Constitución Política de Chile, en su artículo 19, inciso 2, se señala respecto de la igualdad ante la ley: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley” (Constitución Política de Chile, 2017).

Tanto en España como en Chile se cuenta con marcos políticos y/o legislativos orientados a la igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de Chile, se ha creado en mayo de 2016 el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cuyo antecesor fue el Servicio Nacional de la Mujer, organismo perteneciente al Gobierno de Chile orientado a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a partir de la Ley 19023 del 3 de enero de 1991, en cuyo artículo 2 se estipula respecto de sus funciones: “Implementar políticas, planes y programas con pertinencia cultural, orientados a la equidad de género, a la igualdad de derechos y a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria contra las mujeres, incluido el Plan Nacional de Igualdad entre hombres y mujeres”. Por su parte, en España actualmente se cuenta con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que acoge al Instituto de la Mujer, creado por la Ley 16/1983 del 24 de octubre. Su propósito es:

[…] fomentar y promocionar las condiciones que posibilitan la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social, así como la prevención y disminución de toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas.

El trabajo del Instituto de la Mujer se ha centrado en la realización de campañas de información sobre los derechos de las mujeres para difundir los cambios que se habían producido en el ordenamiento jurídico, fundamentales para que las mujeres pudieran ejercer y reivindicar esos derechos que muchas todavía no conocían. Además, releva el problema de los malos tratos y realiza estudios sobre la situación de las mujeres en España, cuyos resultados fueron difundidos en la sociedad. Estas acciones son complementadas con una importante actividad internacional, reforzada por la adhesión de España a la Unión Europea.

A modo de ejemplo, es importante considerar el Mandato de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres: Los Planes Estratégicos de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo), que supone un punto de inflexión en las políticas de igualdad en España. No obstante, todavía es una tarea pendiente, puesto que subsisten obstáculos que impiden alcanzar la igualdad efectiva. Por ello, el Instituto de la Mujer enfatiza los derechos de las mujeres tanto como la difusión de los cambios a nivel jurídico, con el fin de que ellas puedan ejercer y reivindicar sus derechos y socializar el problema de la violencia e investigaciones sobre el tema.

Hasta aquí las realidades institucionales en España y Chile parecen muy similares, pero al hacer una lectura comparativa de ambas, lo primero que salta a la vista es que en el caso de Chile es posible constatar que la voluntad está puesta en promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, pero no en señalar claramente aquellos aspectos de la vida, social o política, en los que se aspira a conseguirla, dejando espacio a interpretaciones reduccionistas, dado que la declaración e intenciones resultan lo suficientemente amplias como para que el gobierno de turno pueda definir qué aspectos se trabajarán y cuales pueden, eventualmente, ser postergados.

En contraposición, en España se tiene puesto el foco en “la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social (…)” (Ley 16/1983, art. 2°). Llama la atención que exista una preocupación especial por señalar explícitamente los planos en que se considera necesario conseguir la igualdad, cuidando fomentar la participación de las mujeres en los distintos aspectos de la vida, así como prevenir los distintos tipos de discriminación.

Con esta primera lectura, es posible afirmar que tanto en España como en Chile existe una necesidad y preocupación evidentes por mejorar planteamientos políticos desde una perspectiva de género. Como antecedente, es posible señalar que en Chile la necesidad de contar con un espacio que se dedique a ordenar los aspectos relacionados con el género, concretamente con las necesidades de las mujeres, surge una vez recuperada la democracia (1990) y por compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). La creación del Sernam, es entonces consecuencia directa de la recuperación de la democracia y de la participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al interior de la familia y la pareja.

En el caso español, el origen del Instituto de la Mujer tiene un sentido autónomo, ya que, si bien es cierto también surge una vez recuperada la democracia, procura la afirmación legal entre hombres y mujeres más que el cumplimiento de lo estipulado por organismos internacionales. Desde el Instituto de la Mujer señalan que no basta con que estos temas se reconozcan desde el ordenamiento jurídico, por ello ponen énfasis en cambiar actitudes y comportamientos que representan barreras en el desarrollo de las mujeres y su participación activa como sujetos de derecho en los diferentes ámbitos: cultural, social, político y económico. Para ello, dentro de la administración pública se impulsan programas de acompañamiento similares a los ya existentes en Europa para la elaboración de políticas de igualdad que posteriormente son recogidas por el Estado.

Sin embargo, la práctica evidencia que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con los cambios propuestos desde el ámbito legal. Es preciso cambiar actitudes y comportamientos e incluso formas de vida y estructuras sociales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país. Por ello, un grupo de mujeres defensoras del principio de igualdad de oportunidades impulsó la creación de un organismo dentro de la Administración Española, similar al que existía en otros países de Europa y del mundo, responsable de elaborar políticas de igualdad, proponérselas al gobierno y coordinar las acciones de los diferentes ministerios en este ámbito.

Así, en el caso de España podemos apreciar mayor profundización respecto de las consideraciones en estas materias, lo que se evidencia en los motivos que dan origen al Instituto de la Mujer: desarrollo igualdad legal, pero además una participación efectiva en asuntos de índole social y política que excedan la igualdad formal y declarativa, pues se apunta a dimensiones concretas.

En el caso chileno, al contrario, únicamente se declara igualdad de oportunidades sin especificarse claramente la incorporación de las mujeres en asuntos políticos: “impulsar políticas públicas y reformas legislativas para enfrentar la discriminación y desigualdad de las mujeres chilenas, expresada en la menor participación laboral, la brecha salarial, las limitaciones al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, y la sobrecarga del trabajo doméstico, entre otras manifestaciones” (Sernam, 2016).

En dicha declaración, el Sernam se no señala claramente que se espere un aporte en las decisiones económicas y políticas del país, como sí se señala explícitamente en el caso español. Por un lado, en Chile pareciera ser que, aun cuando se busca incluir en la vida cotidiana la participación de las mujeres, en el ámbito público y concretamente el político pareciera que no se espera participación en la toma de decisiones, pues su importancia no está señalada abiertamente.

No obstante, en ambos casos es necesario señalar que el nombre del organismo público evidencia la visión patriarcal que sigue presente en buena parte del pensamiento político y filosófico actual, pues las denominaciones Servicio Nacional de la Mujer e Instituto de la Mujer (mujer única e idéntica) develan rastros de la misoginia romántica señalada ampliamente por Amelia Valcárcel en su estudio La política de las mujeres (Valcárcel, 2012).

En su estudio, Valcárcel menciona cómo, desde la negación del principio de individuación, herencia entre otros del pensamiento de Schopenhauer, se perpetúa la idea de las mujeres como idénticas entre sí, de manera que parece pasar desapercibida la vigencia de la postura oficial que insiste en considerar a las mujeres como sujetos precívicos a partir de una noción naturalista, que las definía como inferiores a los varones en todo sentido y especialmente en aquellos vinculados a los asuntos políticos. En palabras del autor, “la desigualdad era esencial y constitutiva” (2012, p. 25).

 

1.2. Políticas públicas y construcción de género. En busca de la igualdad

En términos de objetivos, en el caso chileno se manifiesta la intención de impulsar medidas para enfrentar la discriminación y desigualdad en distintos ámbitos: acceso al mercado laboral, brecha salarial (a día de hoy aún sin superar), derechos sexuales y reproductivos (tampoco conseguidos) y violencia de género (sin leyes claras al respecto). Cabe señalar que no hay una diferenciación clara a nivel social en la referencia a casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres³.

En relación con las estrategias utilizadas, en el caso chileno el énfasis se ha puesto en prestar asistencia una vez que las situaciones de violencia han ocurrido. Es decir, se trabaja ex-post las situaciones de violencia, lo cual evidencia ausencia de trabajo desde la educación y promoción de derechos. Algunas excepciones se hallan en el Programa Mejoramiento de la Gestión (que data de 1998), compuesto por subsistemas como el Enfoque de Género (incluido en el año 2002), que permite de manera exploratoria conocer cómo se comportan las distintas aristas de la gestión territorial al introducir la variable de género. Para ello, en el año 2008 se realizó el Primer Seminario sobre Protección Social y Género, cuyo objetivo obedeció a la necesidad de debatir sobre desafíos y propósitos de la perspectiva de género en función de las acciones de inclusión social que se promueven desde el Sistema de Protección Social y sus distintos componentes.

Otro ejemplo de trabajo en esta misma línea es llevado a cabo por los Centros de Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar, posteriormente denominados Centros de la Mujer. Como su nombre lo indica, estos buscan prevenir, pero sobre todo dar atención a mujeres víctimas de violencia, pero sin establecer diferencias entre aquellos casos de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, lo cual impide contar con cifras claras y realizar estudios que apoyen la tarea de prevención y educación.

En definitiva, la tendencia sigue siendo no mencionar abiertamente la violencia machista, sino más bien reconocer la violencia intrafamiliar, invisibilizando la falta de educación en esta materia, ya que, desde el lenguaje, no existe un adecuado tratamiento para este tema, situación que se ve amplificada en los medios de comunicación y publicidad, ambos de carácter masivo.

Desde otra perspectiva, quizás debido a la experiencia en otros países europeos que se han tenido como modelo, en el caso español se tiene en cuenta la importancia de informar de la situación de cambio en la consecución de derechos para las mujeres, entregándoles información acerca de sus derechos y fortaleciéndolas a lo largo de su período de formación a través de la promoción y coordinación de políticas específicas dirigidas a mujeres desde la administración pública. Desde estas bases, se ha trabajado en distintos Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (Piom). El primero de ellos, entre 1988-1990, se propuso mejorar la situación social de las mujeres a través de 120 medidas agrupadas en seis áreas: igualdad en el ordenamiento jurídico; familia y protección social; educación y cultura; empleo y relaciones laborales; salud; cooperación internacional y asociacionismo. Entre 1993 y 1995, con el II PiomPIOM, se busca avanzar desde la igualdad formal hacia la igualdad real, es decir en pos de la promoción y el desarrollo de medidas de acción positivas, principalmente en los ámbitos de la educación, la formación y el empleo.

Llama particularmente la atención que entre 1997-2000, con el III PiomPIOM, se buscara introducir el principio de igualdad en las políticas del gobierno y promoción de la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida social, con el fin de que se conviertan en copartícipes de la toma de decisiones. Este paso fue decisivo y derivó en que entre 2003 y 2006, durante el IV PiomPIOM, se tomaran como base las directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005), que buscaban potenciar la transversalidad de género, promoviendo políticas específicas de igualdad de oportunidades, es decir, acciones positivas.

Lo anteriormente señalado representó la base para que en el año 2007 se aprobara la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lo que supone un punto de inflexión en las políticas de igualdad en España. A este respecto, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2008-2011 declara los siguientes principios rectores:

• Redefinición del modelo de ciudadanía: se deja de entender a las mujeres como un colectivo y a lo masculino como referencia universal y medida de la experiencia humana.
• Empoderamiento de las mujeres: favorecer el acceso de mujeres a aquellos puestos donde se toman decisiones y revalorizar sus aportaciones.
• Transversalidad de género como herramienta: integrar la dimensión de género en toda la actuación de los poderes públicos.
• Reconocimiento de la importancia en innovación científica y tecnológica como fuerza de cambio social y la necesidad de eliminar las barreras que, tradicionalmente, han hecho que las mujeres queden excluidas de estos ámbitos.

El Plan Estratégico recogía 351 actuaciones vinculadas a 69 objetivos, articulados en torno a 12 ejes temáticos:

• Participación política y social
• Participación económica
• Corresponsabilidad
• Educación
• Innovación
• Conocimiento
• Salud
• Imagen
• Atención a la diversidad e inclusión social
• Violencia
• Política exterior y de cooperación
• Tutela del derecho a la igualdad.

Todas estas reivindicaciones han supuesto un largo camino marcado por constantes mejoras hasta el año 2012, año en que a partir de una redefinición de los modelos de ciudadanía se pasa a la realización de un extenso trabajo con el lenguaje que ha permitido dejar de considerar lo masculino como medida universal de experiencia humana. Trabajar con un enfoque lingüístico no sexista, incluyendo en esto a los medios de comunicación y publicidad, ha sido una de las tareas clave. A ello se suman los crecientes estudios de género y estudios feministas, lo cual ha acercado a la sociedad a terminologías en principio complejas o poco comunes hasta ese entonces.

En el último aspecto, subrayamos que la incorporación de mujeres en el estudio de la historia en distintos ámbitos (ciencia, tecnología, humanidades, artes, entre otras) ha traído como consecuencia la visibilización de la contribución de las mujeres en el desarrollo de los distintos saberes de la humanidad. Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad.

Aun así, debemos señalar que durante este último gobierno se ha retrocedido en muchos de los derechos reconocidos, principalmente porque, según el Indicador de Igualdad de Género de Catalunya, un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Barcelona muestra una nueva pobreza representada por mujeres formadas y con trabajo, pero salarios más bajos que los de los varones, sobre todo tras la maternidad (ODEE, 2015).

 

2. METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de este estudio es de carácter mixto. Partiendo de la perspectiva de la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (Trinidad et al., 2006), se examinan los principales indicadores de igualdad de género entre los años 1992 y 2010, así como su relación con las políticas públicas que inciden en la construcción social del género en Chile y España, mediante el análisis de fuentes secundarias, análisis documental y análisis de discurso, buscando decodificar las realidades que sustentan la gestión estatal en los estudios de caso y su contrastación empírica con indicadores seleccionados. Se consideran tres ejes de análisis fundamentales: derechos políticos, inclusión social y situación económica en una perspectiva comparada.

Mediante la utilización de preguntas orientadoras del estudio y la aplicación de una perspectiva comparada en los estudios de caso (Método de Comparación Constante o MCC), será posible identificar convergencias y divergencias en las dimensiones seleccionadas para avanzar en la comprensión del fenómeno en una dimensión constante (Glasser y Strauss, 1967, p. 102), determinándose categorías conceptuales, dimensiones y propiedades a partir de la información cualitativa y/o cuantitativa percibida en el estudio, permitiendo identificar patrones de comportamiento. Así, es posible visualizar las inspiraciones de la política y sus respectivas transformaciones en procesos de política pública (PPP).

La dimensión temporal está determinada por el punto de vista de las reformas institucionales más recientes en España y Chile en torno al proceso político que conduce a las realidades actuales en términos de indicadores de igualdad de género. De esta forma, surge del análisis estructural un análisis interpretativo que da espacio a la revisión y reelaboración de las políticas públicas de igualdad de género desde una perspectiva crítica que contribuye a la disminución y deconstrucción de las desigualdades existentes en el ámbito abordado por el estudio.

 

3. RESULTADOS

En Chile, unos de los principales hitos en la materia fue el surgimiento de Sernam como una respuesta a la demanda organizada por contar, en democracia, con un organismo del Estado que se preocupara de promover políticas públicas de igualdad entre mujeres y varones. No obstante, el avance en igualdad de género no fue progresando de forma lineal, sino que contó con ciertos retrocesos que fueron constatados por diferentes indicadores. Es el caso del Índice de Igualdad de Género del Foro Económico Mundial.

En 2015 Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en dicho indicador (WEF, 2016), aunque en 2017 figura en el lugar 63 (WEF, 2017) y en 2018 avanza al lugar 54 (mientras España figura en el 24 en 2017 y 29 en 2018). Si bien la participación laboral femenina se acerca al 50%, esta cifra se concentra en la población de mayores recursos y no ha traído aparejada la redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares, por lo que la carga global de trabajo de las mujeres sigue siendo superior a la de los varones.

Dicha situación se refleja igualmente en términos económicos, pues los salarios de las mujeres han sido menores en promedio a los recibidos por varones en el mismo tipo de trabajo. En el ámbito de la política, la situación no es distinta: hay menor cantidad de mujeres en cargos de poder en el gobierno y en cargos de representación popular. En las elecciones municipales de 2012 se presentaron menos candidatas que en los comicios de 2008 y el promedio de parlamentarias llega al 13%, contra el 21% en promedio de los otros parlamentos de América Latina (PNUD, 2014).

 

3.1. La construcción socioeconómica del género: un problema de educación

La cifras del informe The ABC of Gender Equality in Education. Aptitude, Behaviour, Confidence (OECD, 2015) dan cuenta se los siguientes datos: tanto en Chile como en España las mujeres representan cerca de un 60% de la fuerza laboral. Asimismo, representan un 55% de personas con educación terciaria en España, y un 58% en Chile. Pese a ello, las mujeres perciben remuneraciones menores que los hombres por el mismo trabajo. En España perciben un 84,5% del salario de un hombre (sobre el promedio de la OECD, que alcanza a un 80%), mientras que en Chile perciben el 76,8%.

Dicha diferencia aumenta según el nivel educativo. Las mujeres con educación terciaria o superior en Chile perciben tan solo un 62,2% del salario de un hombre, mientras que en España un 79,4% (por sobre el promedio de la OECD, que alcanza a un 73%). Como dato adicional, cabe señalar que este grupo evidencia mayores dificultades que los hombres para alcanzar una jornada laboral completa. Así, en el caso de Chile tan solo un 42,2% de mujeres entre 35 y 44 años con educación terciaria accede a una jornada laboral completa, mientras que en España el promedio supera el 57%, una diferencia porcentual de más de 20% entre ambos países. Por su parte, los hombres en la misma circunstancia acceden a dichos puestos de trabajo en mayor proporción: 62,6% en Chile y 75,9% en España.

En términos de lo que implica la construcción social de género, se puede constatar a través de este informe un rasgo llamativo: la prevalencia de graduados por género y área de conocimiento. En el caso de las ciencias, el promedio de la OECD alcanza a un 40% de mujeres graduadas, cifra que disminuye levemente en España a un 36,6%, y que baja significativamente en Chile a un 22,9%. Las diferencias aumentan aún más en ciencias de la ingeniería, donde el promedio de la OECD alcanza un 24%, mientras que en España llega a un 25,2% y en Chile se reduce a un 17,6%. Al contrario, en el área de Educación la tasa de graduación femenina alcanza un sorprendente 76,1%. No obstante, las mujeres directoras de escuela representan un 53,4% en Chile, un 44,7% en España y un 44,6% en el promedio de la OECD.

En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha considerable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a 13 puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se replica en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD. Dicha circunstancia afecta al porcentaje de mujeres que esperan desarrollar una carrera en ingeniería y/o computación, situación que en Chile se eleva sobre un 20%, en España un 17,7% y en la OECD un 13,6%.

Otro ítem relevante en educación dice relación con el porcentaje de mujeres con postgrado. En el caso de magíster, en promedio alcanzan un 55% del total en Chile, España y la OECD. En el caso de doctorado se ven más diferencias: en el caso de Chile el promedio ronda el 45%, mientras que en España llega a un 50%. Adicionalmente, se observa una diferencia mayor en los grados cortos o técnicos, acercándose en Chile al 60% de mujeres, en relación con el 50,6% en España, dando cuenta de las diferencias culturales que conducen a dichos resultados, en congruencia con los datos de resolución de problemas y de prevalencia de género por áreas de conocimiento de forma diferenciada.

 

3.2. Participación política y violencia estructural

En términos de participación política, existen evidencias de la progresión femenina desde 1995, donde se aprecia un alza en el caso de Chile desde un 15% a un 22% en el poder político, pese a mayores índices de participación electoral sostenido durante todo el período de democracia reciente. Esta cifra queda refrendada también en el porcentaje de escaños que apenas alcanza un 16% en el periodo 2014-2017, y en la relevancia de los cargos ocupados por mujeres, la cual solo se eleva a un 25% para concejalías. Si bien es cierto que durante el primer gobierno de la presidente Michelle Bachelet se alcanzó la participación de un 46% de mujeres en el gabinete presidencial, dicha circunstancia no pasó de ser puntual, normalizándose sobre un 23% en los gobiernos de Lagos y Piñera (PNUD, 2014).

En vista de lo anterior, el año 2015 se realiza una de las modificaciones más relevantes al sistema electoral chileno (Ley 20840, artículo 1), el cual, además de pasar a un sistema proporcional de elección de parlamentarios, incorpora un máximo de un 60% en las listas parlamentarias de candidatos hombres o mujeres, alcanzando en las elecciones de 2017 una representación de un 23,2% en el Senado y un 23,9% en la Cámara de Diputados.

En el caso de España, las cifras de participación política dan cuenta de una realidad heterogénea: desde un porcentaje de 50% de mujeres en el gobierno en 2008, se pasa al 28,6% en 2014 producto del cambio de color político en un giro conservador. Asimismo, al interior de los partidos políticos, los cargos ejecutivos son ocupados por un 66% de hombres, según cifras del INE. Pese a lo anterior, el informe Gender, Institutions and Develpment (OECD, 2014) consigna un nivel muy dispar de representación política entre ambos países, con un 14% para Chile y un 36% para España, diferencia que puede verse explicada por la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la cual en su artículo 14 toma como criterio general “La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones”, incorporando tempranamente, en relación con el ejemplo chileno, la cota mínima del 40% por cada sexo en las listas de candidaturas parlamentarias

En lo que respecta a participación en organizaciones sociales, llama la atención la mayor participación de mujeres en Chile en organizaciones religiosas, vecinales y de centros de padres, actividades que se han vinculado tradicionalmente a una cierta prevalencia de género, al igual que ocurre con las áreas de conocimiento.

Otro dato que llama la atención es el de participación en fuerzas armadas y de orden, donde existe evidencia de participación de 132 mujeres en diversos cuerpos armados en operaciones de paz en Haití desde 2004 a 2012. Sin embargo, el número de mujeres en altos cargos solo es testimonial: una en Policía de Investigaciones en 2005 y una en Carabineros en 2010 (PNUD, 2014).

Asimismo, los indicadores de violencia en contra de las mujeres en Chile demuestran que existe una prevalencia de violencia psicológica y violencia física percibida por un porcentaje superior al 30% de las mujeres. Pese al alto número de denuncias por violencia, tan solo un 6% culmina en detención o proceso judicial. Los casos calificados de feminicidio han experimentado una baja temporal desde 2007 a 2012, y hasta 2014 no bajaron de 40 casos al año (PNUD, 2014), lo cual evidencia que las políticas de protección para quienes han sido víctimas de violencia no están teniendo el resultado esperado y resulta necesaria una reformulación de ellas.

Por otra parte, en términos de violencia estructural se puede constatar que en Chile existen niveles sostenidos más altos de desocupación femenina desde 1998 a 2011, y, si bien las mujeres representan un 60% de la fuerza laboral, tan solo constituyen un 39,2% de la tasa de ocupación desagregada (Pnud, 2014). Por otra parte, las mujeres en Chile tienen niveles menores de cobertura de pensiones, pese a tener una esperanza de vida mayor que los hombres, situación que no se ha visto suficientemente regulada.

 

CONCLUSIONES

Tanto en España como en Chile ha existido la necesidad y preocupación evidente por mejorar planteamientos políticos desde una perspectiva de género. No obstante, en el caso de Chile es posible constatar que no se ha desarrollado hasta ahora una política educativa en materia de género y se evidencia la urgencia de contar con ella. En cuanto a los intereses declarados en la institucionalidad a cargo, Sernam, se señala la búsqueda de igualdad de oportunidades, pero no se especifica claramente que se espera la incorporación de las mujeres en asuntos políticos ni de orden social.

Hay que recordar que entre los objetivos de Sernam se encuentra el impulsar políticas públicas y reformas legislativas para enfrentar la discriminación y desigualdad de las mujeres chilenas, expresada en menor participación laboral, brecha salarial, limitaciones al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y la sobrecarga del trabajo doméstico, entre otras manifestaciones. En esta declaración de principios, no se señala patentemente que se espera un aporte de las mujeres en las decisiones económicas y políticas del país, como sí ocurre explícitamente en el caso español.

Las cifras observadas en el ítem relacionado con educación dan cuenta de la problemática de la inclusión de género en áreas claves como el ámbito de las ciencias y la investigación en general, motores fundamentales de desarrollo en toda sociedad moderna. Se observa una brecha clara en este ámbito entre Chile y España, debido a la ausencia de una política clara en este punto en el caso chileno, frente a los resultados incipientes del caso español. Esta sola constatación nos conduce a reafirmar la observación sobre el problema de lo político en la construcción de género y sus perspectivas de desarrollo futuro, donde efectivamente se observa una incidencia de la formulación ontológica del género desde una dimensión normativa hasta la observación de sus implicancias empíricas y de resultados, donde bien cabe recordar los conceptos de reproducción social señalados por Bourdieu (2011).

Por otra parte, la brecha salarial desagregada por nivel educativo da cuenta de una realidad aún más incómoda. La precarización del trabajo femenino se manifiesta en su participación sobre los beneficios del trabajo como elemento fundacional de justicia social, sobre el cual el Estado no cautela principios constitucionales ni regula de forma suficiente, pues en el mundo laboral se castiga el nacer mujer, condicionando su capacidad de acción y decisión. Esta última se constituye mediante la adquisición y generación de nuevos saberes, ante lo cual la estructura de la brecha salarial presentada da cuenta de menores ingresos proporcionales a mayor nivel educativo.

De lo anterior se desprende también la menor participación de mujeres en cargos de decisión o directivos, aun cuando alcanzan de forma equivalente el grado de cualificaciones necesarias para su participación y se las despoja de facto de esta posibilidad. En definitiva, se identifica al ámbito de la educación como un eje clave para la superación de las brechas estructurales que afectan a la desigualdad de género, aunque no baste por sí misma, dado que el cambio cultural y regulatorio respecto del resguardo de las garantías constitucionales que otorgan fortaleza a categoría de ciudadanía es absolutamente fundamental.

En el caso de España, podemos apreciar que ha existido una mayor profundización respecto de las consideraciones en esta materia, que se deducen, por ejemplo, de la revisión de los motivos que originan la creación del Instituto de la Mujer, resultando evidente la búsqueda de igualdad legal al tiempo que una participación efectiva en asuntos de índole social y política, más allá de una cuestión de igualdad formal y declarativa en atención a cuestiones concretas desde su base.

Las primeras señales de estas diferencias surgieron al realizar este estudio comparado entre políticas públicas en España y Chile. Así, en Chile el objetivo principal del Sernam fue promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En España, en cambio, el objetivo del Instituto de la Mujer es declarado de forma más amplia, pero también más detallada.

En lo que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación. La contraparte de esta realidad se aprecia, particularmente, en el caso de Chile en las organizaciones comunitarias y sociales ligadas a las labores del cuidado (Michel y Mahon, 2002) y la protección doméstica, evidencia empírica que nos remite nuevamente a la economía del cuidado, estructura que se replica inclusive en la participación femenina en las fuerzas armadas. Asimismo, cabe señalar que estos factores de violencia estructural tienen también un reflejo en los indicadores de violencia directa ejercida contra mujeres, donde el impacto de las políticas públicas ha sido a todas luces insuficiente en ambos países.

Creemos necesario hacer estas distinciones, ya que responden directamente a la pregunta de investigación formulada al inicio de esta pesquisa: ¿la construcción social del género desde las políticas públicas afecta realmente los indicadores de desigualdad? Dadas nuestras observaciones, podemos concluir que, al menos en los casos de Chile y España, la respuesta es que la construcción social del género, desde las políticas públicas, sí incide en los indicadores de igualdad, a favor o en contra, dependiendo de cómo ha sido construido el discurso. Esto es posible de constatarse, dando cuenta de los avances (e incluso retrocesos) en materia de género, pero también muestra la urgencia de los próximos pasos a seguir, como por ejemplo el desarrollo de políticas públicas transversales que permitan concebir las leyes y los espacios desde una perspectiva de género con real promoción y acceso de las mujeres a los distintos ámbitos, tanto sociales como políticos.

Asimismo, se instala la necesidad de mejorar las políticas públicas existentes, tanto en educación como en salud, derechos laborales, orden jurídico, regulación de la imagen de las mujeres en medios de comunicación, fomento del lenguaje no sexista (desde los textos escolares hasta los medios de comunicación), apoyo a la investigación que refleje avances y retrocesos en esta materia de forma periódica. Ello como piedra angular de un proceso de renovación sociopolítica en el cual la innovación en estos aspectos tienda a eliminar las barreras existentes para hablar de una democracia plena.

Por supuesto, se reconoce también la necesidad de contar con mejoras en las políticas públicas ya existentes en los distintos ámbitos que permitan estar al día respecto de las necesidades democráticas actuales y que ello se evidencie en constantes mejoras a la diversidad en pos de una verdadera inclusión social, así como en materia de política exterior y de cooperación efectiva en el ámbito de la migración de mujeres como sujetos de derecho. Todo esto como un paso en el reconocimiento de la importancia del género como un asunto transversal que permita vivir plenamente en democracia y mejorar conscientemente como sociedades avanzadas.

 

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1. La palabra género proviene de la lengua inglesa. Ha sido adaptada al castellano y, tal como sostiene Marta Lamas (1994), es probable que en dicha incorporación se generase un grado de confusión en torno al concepto. En el caso del inglés, gender se utiliza para diferenciar el sexo masculino y el femenino. Con posterioridad la propuesta desde la Teoría Feminista consiste en reformular ese concepto. Por su parte, el sexo como categoría biológica establece las diferencias que pueden tener sobre todo hombres y mujeres. A partir de esas diferencias biológicas se construyeron de forma sistemática una serie de roles, características y estereotipos de género.
2. Por su parte, Judith Butler (1998, p. 206) desarrolla el concepto de performatividad que nuevamente deriva del inglés performance, que en teatro significa puesta en escena. La performatividad entonces no es otra cosa que una cantidad de acciones y actuaciones voluntarias, pero no siempre conscientes, que las personas desarrollamos como parte de nuestra puesta en escena en la vida en comunidad. Dado que esa puesta en escena es un mecanismo legitimador de pertenencia, hay muchas acciones que se asumen con plena conciencia y otras que no porque el acto que determina el género ya fue ejecutado por alguien más previamente y, de alguna manera, ese mismo acto fue llevado a cabo por otros.
3. A este respecto, conviene señalar que el 18 de diciembre de 2010 se publicó la Ley 20480 que modificó el Código Penal y la ley de Violencia Intrafamiliar. El Ministerio de Justicia modifica el Código Penal y la Ley 20066 sobre Violencia Intrafamiliar, estableciendo el femicidio, aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las normas sobre parricidio.