RESUMEN

Se han promovido una serie de directrices y recomendaciones desde organismos internacionales en busca de impulsar el diseño y ejecución de políticas públicas que aborden las problemáticas asociadas con la malnutrición e inseguridad alimentaria a nivel global. En este contexto, es que esta investigación busca estudiar el derecho de la alimentación en Chile, tanto desde una perspectiva nutricional, como de las acciones que han sido ejecutadas por el Estado en búsqueda de su aseguramiento. Se utilizó una revisión narrativa de la literatura a partir de la recolección y análisis de información de publicaciones científicas, literatura gris y documentos gubernamentales, lo que permitió determinar que Chile enfrenta un panorama crítico en términos de nutrición y altas tasas de malnutrición por exceso y déficit, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Es fundamental establecer metas claras, garantizando la coordinación intersectorial y proteger el derecho a la alimentación para mejorar el bienestar de la población.

ABSTRACT

A number of guidelines and recommendations have been promoted by international organizations with the aim of fostering the design and implementation of public policies that address the challenges associated with malnutrition and food insecurity on a global scale. Within this framework, the present study seeks to examine the right to food in Chile, considering both its nutritional dimension and the measures undertaken by the State to ensure its fulfillment. A narrative literature review was conducted, drawing on scientific publications, grey literature, and official government documents. The analysis reveals a critical scenario in Chile with respect to nutrition, characterized by high rates of both undernutrition and overnutrition, particularly among the most vulnerable populations. It is imperative to establish clear objectives, strengthen intersectoral coordination, and uphold the right to food as a fundamental pillar for improving the overall well-being of the population.

RESUMO

Organizações internacionais têm promovido uma série de diretrizes e recomendações com o objetivo de impulsionar a elaboração e execução de políticas públicas que abordem os problemas associados à desnutrição e à insegurança alimentar em nível global. Nesse contexto, esta pesquisa volta sua lente para o direito à alimentação no Chile, tanto do ponto de vista nutricional quanto das ações que têm sido executadas pelo Estado em busca de sua garantia. Foi utilizada uma revisão narrativa da literatura a partir da coleta e análise de informações de publicações científicas, literatura cinzenta e documentos governamentais, o que permitiu determinar que o Chile enfrenta um panorama crítico em termos de nutrição e altas taxas de desnutrição por excesso e déficit, especialmente nas populações mais vulneráveis. É fundamental estabelecer metas claras, garantindo a coordenação intersetorial e protegendo o direito à alimentação para melhorar o bem-estar da população.

PALAVRAS-CHAVE: programas de nutrição, direito à alimentação, segurança alimentar, políticas públicas, saúde pública

INTRODUCCIÓN

El derecho humano a la alimentación, establecido en 1966 en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, indica que el estado debe procurar garantizar a la población tener acceso, de manera regular, permanente y libre a una alimentación cuantitativa-cualitativamente adecuada que le garantice un buen estado de salud y bienestar las personas (Acnudh, 2010; Gobierno de Chile, 1989).

Asegurar el Derecho a la Alimentación en Chile y el mundo es un desafío en la actualidad, debido a que diversas problemáticas globales han colocado en riesgo la seguridad alimentaria que es definida por la FAO como “una situación que existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y sus preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable” (FAO et al., 2023, p. 265). La seguridad alimentaria incluye dimensiones como la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad en el tiempo, así como también la producción y la sostenibilidad de los alimentos (Arellano-Esparza, 2022). A su vez, el derecho a la alimentación debe generar la llamada seguridad nutricional que implica garantizar el adecuado estado nutricional de la población, permitiendo promover un buen estado de salud y bienestar a las personas (Nguyen y Drees, 2022). Para lograr esto, es vital además de la disponibilidad, la calidad de los alimentos consumidos en relación con su aporte nutricional. Aun así, en el 2020 casi 3 mil 100 millones de personas (42% de la población mundial) no pudieron permitirse mantener una dieta normal o adecuada, y está descrito que más del 70% de la población mundial tiene problemas de sobrepeso u obesidad (FAO et al., 2023; Chan, 2017).

1.1. Estado nutricional de la población mundial

En el último informe de seguridad alimentaria mundial, se reportó que en 2022 existían cerca de 733 millones de personas que sufrían de desnutrición, y que en 2021 habían más de 3 mil 150 millones de personas que no podían permitirse una dieta saludable. A su vez en este informe se señaló que casi 2,5 millones de niños/as mueren anualmente debido a la desnutrición, 149 millones de niños menores de 5 años tienen retraso del crecimiento y 45 millones son demasiado delgados para su estatura (FAO et al., 2023; Unicef, 2023).

En cuanto a la malnutrición por exceso, el Atlas Mundial de la Obesidad 2023 informó que cerca de 3 mil millones de personas en el mundo sufren de obesidad y sobrepeso. De este grupo, 650 millones corresponde a adultos con obesidad y 240 millones a adolescentes y niños/as (5-15 años). Esta condición está en aumento en todos los continentes del mundo, incluso en África, de hecho, se estima que para el 2035 la mitad de la población mundial vivirá con malnutrición por exceso (World Obesity Federation, 2023). Más aún, según lo presentado en el último informe de la OECD en 2021, el promedio de obesidad y sobrepeso en los países miembros alcanzó aproximadamente el 60% de la población (OECD, 2021).

Respecto de las cifras antes presentadas, la población mundial tiene ante sí un problema dual en relación con la alimentación y la nutrición, que es resultante de la coexistencia de desnutrición y obesidad, en el mismo territorio, entorno y en muchas ocasiones en los mismos hogares. Esto impone un desafío extra a los gobiernos, debido a que deben diseñar políticas públicas que respondan a ambas problemáticas considerando a su vez la evidencia de que los individuos más afectados son los/las niños/as, mujeres y habitantes de zonas rurales.

1.2. Políticas públicas en el marco del derecho a la alimentación

Con el fin de dar cumplimiento al derecho internacional de la alimentación, se debe impulsar la implementación de políticas públicas nacionales que permitan establecer acciones claras y sistematizadas en el tiempo que respondan al contexto de cada nación. Para apoyar esta misión la FAO, diseñó junto con una serie de expertos las “Directrices voluntarias para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, entre sus principales recomendaciones están establecer políticas inclusivas de uso de la tierra, redes de seguridad social, mercados regionales y agricultura sostenible (FAO, 2004). A su vez, en esta orientación se hace énfasis en la necesidad de promover la nutrición, reconociendo su rol vital sobre la salud de las personas (Ayala y Meier, 2017).

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU identificó los siguientes cinco principios del enfoque de derecho a la alimentación que debieran promover los gobiernos (Acnudh, 2010):
• Facilitar entornos sociales y económicos que apoyen el desarrollo humano.
• Fortalecer el acceso de las personas a alimentos nutritivos adecuados mediante actividades que les permitan garantizar sus propios medios de vida.
• Respetar el acceso a una alimentación adecuada y prevenir barreras que impidan la capacidad de las personas para adquirir alimentos.
• Proporcionar alimentos nutritivos (o dinero para alimentos) directamente, en situaciones en las que las personas y las comunidades no pueden mantenerse por sí mismas.
• Proteger a las personas de la interferencia de terceros en acciones para satisfacer su necesidad de una alimentación nutritiva adecuada.

En Latinoamérica, el Derecho a la Alimentación ha sido incorporado en las constituciones nacionales de varios países (Escobar et al., 2022). En 2012, el parlamento latinoamericano estableció la primera ley marco denominada: Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria; que reconoce el derecho a la alimentación a nivel supranacional, lo que fortalece los tratados internacionales (FAO, 2012). Además, existen varios ejemplos de políticas públicas implementadas en distintos países del continente que han buscado dar cumplimiento al derecho de la alimentación. Por ejemplo, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Colombia y Uruguay han desarrollado diversas acciones orientadas a mejorar el acceso y la distribución de los alimentos en sus territorios debido a que sus mayores problemas son a causa de la desnutrición y a problemas de seguridad alimentaria (Le Coq et al., 2021). En cambio, en países como Argentina y Venezuela que lideran junto a Chile y México la malnutrición por exceso en América Latina, las políticas públicas van por la línea de programas de gobierno que promuevan y aseguren tanto la alimentación, como los hábitos de vida saludable (Gobierno de Chile, 2017; Le Coq et al., 2021; Reborn y Grau, 2023).

Frente a una compleja situación de inseguridad alimentaria y malnutrición mundial los gobiernos garantes de derechos son llamados a la acción. En este escenario, surge la pregunta: ¿cuál es la situación actual de Chile en relación con el Derecho de la Alimentación considerando que existen políticas públicas que promueven y aseguran la alimentación?
De esta manera, el objetivo de este estudio es analizar la situación chilena respecto del derecho de la alimentación, describiendo para ello la situación nutricional de la población y de las actuales políticas públicas enfocadas en dar cumplimiento este derecho, con el fin de contribuir al conocimiento y la discusión del tema.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión narrativa de la literatura, esta metodología que se centra en ofrecer una visión general e integradora, identificando patrones, tendencias y vacíos en las investigaciones (Aguilera, 2014). Este tipo de revisión es útil para explorar áreas emergentes o complejas donde la evidencia no es aún suficiente o está dispersa (Salinas, 2020). Con el objetivo de describir la situación nutricional chilena en relación con el derecho de la alimentación y las políticas públicas enfocadas en dar cumplimiento a este derecho. Para el proceso de recolección y análisis de información, se utilizaron las estrategias de la revisión narrativa y el análisis documental, es así cómo se revisaron fuentes de información que incluyeron publicaciones científicas, periodísticas, literatura gris, además de documentos gubernamentales, portales de las agencias de salud pública, informes ministeriales de cada uno de los países en la búsqueda de datos primarios y secundarios (Iriart y Merhy, 2017), para luego iniciar un proceso de mapeo sobre la información obtenida en cada una de las siguientes categorías: en primera instancia aparece la situación nutricional de la población chilena, con tres subcategorías: población mayor de 15 años, población en edad escolar y personas mayores de 65 años. En la segunda categoría, Pactos internacionales, Constitución y Políticas Públicas relacionadas con el Derecho Alimentario en Chile, se aglutinan las siguientes subcategorías: derecho a la alimentación en pactos internacionales adscritos por el Gobierno de Chile; derecho a la alimentación en la constitución del Estado de Chile; programas, leyes y políticas públicas chilenas que promueven el derecho a la alimentación.

3. RESULTADOS

3.1. Situación nutricional de la población chilena

3.1.1. Población mayor de 15 años

Según los datos obtenidos en la última Encuesta Nacional de Salud aplicada en Chile a una muestra representativa de personas mayores de 15 años entre los años 2016-2017, se encontró que el 75% de la población presentó problemas de malnutrición, sin diferencias significativas por sexo (tomando como valor diagnóstico el Índice de Masa Corporal) (Gobierno de Chile, 2018). El 40,2% presentó sobrepeso, el 31,4% obesidad no mórbida, el 3,4% obesidad mórbida y un 1,1% bajo peso. En tanto, solo un 23,8% de la población registró una condición de normopeso. El detalle de lo encontrado se presenta a continuación:

– Normopesos: en el caso de las personas normopesas, se observó que hay una disminución de al menos 15 puntos porcentuales con la encuesta del año 2003 y de un 7% en relación con el 2009-2010 (no existiendo diferencias por sexo o nivel educacional); además, el grupo de personas de 65 años es el único que no presenta diferencias significativas con las encuestas de años anteriores. Según zonas (rurales y urbanas) se observó una reducción significativa de la prevalencia de normopesos entre las encuestas de ediciones anteriores, registrándose una prevalencia de 24,3% (rural) y 20,3% (urbana).
– Malnutrición por déficit: en relación con las encuestas de 2003 y 2009-2010, el porcentaje de personas bajo peso se ha mantenido constante, la población más afectada con esta condición es aquella que fluctúa entre los 15 y 24 años de zonas urbanas.
– Malnutrición por exceso: dentro de los análisis del grupo de sobrepeso, se encontró que la prevalencia es 1,3 veces mayor en hombres que en mujeres, sin diferencias entre los resultados de versiones anteriores. El único grupo etario con diferencias significativas con las encuestas aplicadas años anteriores fue el de 15-24 años, con un aumento de más del 14%. Por último, la prevalencia total de obesidad observada en la ENS 2016-17 fue de 31,4%, con un 28,9% para hombres y un 33,9% para mujeres. En la ENS 2016-17, en hombres, mujeres y a nivel país, se observó un aumento estadísticamente significativo de la prevalencia de obesidad. Al analizar los datos según edad, el grupo de 25 a 44 años registró un aumento de la prevalencia de obesidad de 10,8 puntos porcentuales en la ENS 2016-17 respecto de la medición 2009-10, diferencia estadísticamente significativa. En relación con los años totales de estudio cursados aprobados, destaca la categoría con menos de 8 años de estudio, la que presentó la mayor prevalencia de obesidad en las tres mediciones ENS. Según zona de residencia, los sectores rurales presentaron una mayor prevalencia de obesidad, alcanzando un 38,5% en la ENS 2016-17, diferencia estadísticamente significativa en relación con los sectores urbanos. El indicador utilizado para definir el estado nutricional del estudiante evaluado es el puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC).

3.1.2. Población en edad escolar

El Mapa Nutricional 2023 (Gobierno de Chile, 2024) se construyó a partir de la aplicación del módulo de peso y talla de la encuesta de vulnerabilidad de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) del Ministerio de Educación. La encuesta se aplicó a los niveles de prekínder (4 años), kínder (5 años), 1° básico (6 años), 5° básico (10 años) y 1° medio (14 años) de establecimientos con financiamiento público de todas las regiones del país. El detalle de lo encontrado se presenta a continuación:

• Normopeso: el 43,2% de los estudiantes encuestados presentó una situación nutricional considerada como normal. En el caso de los estudiantes de 5° básico, los datos son aún más alarmantes, ya que solo el 29,7% de ellos tiene un peso en rango normal. Esto implica que menos de un tercio de los niños y niñas de 10 años en el país tienen un estado nutricional adecuado. Al analizar los datos por sexo biológico, el 46% de las niñas y solo el 40% de los niños presentan peso normal. Los escolares de áreas rurales presentan una menor proporción de normopeso en comparación con los de zonas urbanas.
• Malnutrición por exceso: el 50% de la población escolar evaluada se encuentra en esta condición nutricional, con un 25,4% en sobrepeso y un 24,6% en obesidad. Los más afectados son los estudiantes de 5° básico, con un 61% en malnutrición por exceso, mientras que los menos afectados son los de prekínder (45,8%) y 1° medio (47,3%). Los niños presentan una mayor prevalencia estadísticamente significativa de obesidad y obesidad severa en comparación con las niñas, mientras que tienen una menor prevalencia de sobrepeso. En las zonas rurales, el 28,6% de los estudiantes tiene obesidad, mientras que en zonas urbanas la cifra es del 26,8%. Sin embargo, la proporción total de malnutrición por exceso (sobrepeso, obesidad y obesidad severa) sigue siendo mayor en estudiantes de zonas urbanas.
• Malnutrición por déficit: la desnutrición se mantiene baja, con el porcentaje más bajo en 5° básico (1,0%) y un ligero aumento en prekínder (1,2%). Aproximadamente el 8,5% de los niños y niñas extranjeros presentan desnutrición, lo que es significativamente mayor en comparación con los estudiantes nacionales. No hay diferencias significativas por sexo biológico ni localización rural o urbana.

3.1.3. Personas mayores de 65 años

El informe Essalcavi 2024, que fue desarrollado por el INTA de la Universidad de Chile, evaluó la situación nutricional, alimentaria y de calidad de vida en adultos mayores de Chile mediante un estudio transversal en el cual se entrevistó en forma presencial a 1.171 personas mayores de 65 años del país. De los participantes, el 62% eran mujeres, residían en 88 comunas de Chile, abarcando todas las regiones y considerando tanto áreas urbanas como rurales (Albala et al., 2024).

Los resultados revelaron que el 32,4% de los adultos mayores están en riesgo de desnutrición y un 5,6% ya la padecen, con mayor incidencia en mujeres y personas de bajo nivel socioeconómico. Además, el 59,5% de los adultos mayores pobres enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa, mientras que un 21% tiene dificultades para acceder a alimentos saludables debido a restricciones económicas (Albala et al., 2024). Las enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes son frecuentes, afectando al 70% de los encuestados y agravando el riesgo de desnutrición (Vio y Kain, 2019).

Los datos también indican que la población rural enfrenta un mayor riesgo debido a menores oportunidades de acceso a alimentos nutritivos y servicios de salud. La soledad, reportada por el 45% de los participantes, es otro factor clave que afecta la ingesta alimentaria, junto con la dependencia funcional (Albala et al., 2024). Además, la coexistencia de obesidad, sobrepeso y sarcopenia refleja la doble carga de malnutrición en esta población. Estos hallazgos enfatizan la necesidad de políticas públicas dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de vida, con especial atención en mujeres y población rural, promoviendo hábitos saludables y prevención de desnutrición y enfermedades crónicas (Leporati y Mateluna, 2022).

3.1.4. Pactos internacionales, Constitución y políticas públicas relacionadas con el derecho alimentario en Chile

a. Derecho a la alimentación en pactos internacionales adscritos por el Gobierno de Chile

Lo primero que se analizó en este punto es si Chile reconoce el Derecho Humano Internacional a la Alimentación que fue consagrado por la ONU en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25. En este contexto, el Estado chileno fue parte de los primeros países que se adscribieron a dicha declaración. Este reconocimiento al derecho de la alimentación fue ratificado por el Gobierno chileno al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 1966, que en el artículo 11 consagra este derecho y que fue ratificado en 1972 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y finalmente promulgado y consagrado como ley de la república en 1989 con el decreto 326 (Gobierno de Chile, 1989; Vargas et al., 2020). Recientemente, en 2021, después de casi 15 años de discusión en el poder legislativo de Chile, se revalidó el Protocolo de San Salvador (OEA, 1988), indicando en el artículo 12 que “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual” (Gobierno de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021; OEA, 1988).

En 2015, frente a las graves consecuencias que ha traído al planeta y a la población, el cambio climático, los estados miembros de la ONU, entre ellos Chile, en conjunto con ONG y ciudadanos de todo el mundo, generaron una propuesta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan alcanzar de manera equilibrada el desarrollo en ámbito económico, social y ambiental (ONU, 2015; Gobierno de Chile, 2021b; Orellana et al., 2024). Para dar cumplimiento, se estableció una agenda internacional proyectada hasta 2030 que se compone de los 17 ODS y 169 metas (ONU, 2015). En el marco de esta investigación, al analizar el Objetivo 2, Hambre Cero, el cual tiene como propósito poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, se visualiza que está alineado directamente al derecho a la alimentación. Chile como país miembro de la ONU, voluntariamente se adscriben a la agenda 2030 y formuló un plan nacional, el cual ha entregado de forma periódica resultados de avances de las medidas adoptadas y el impacto de estas (Gobierno de Chile, 2023a). La meta específica 2.2 contempla la erradicación de cualquier tipo de malnutrición. Sin embargo, según el informe del 2023 y a los resultados presentados, Chile está lejos de cumplir con dicha meta (Gobierno de Chile, 2023b). Con el fin de promover el cumplimento de este objetivo varios ministerios están desarrollando una serie de acciones de forma individual e intersectorial que se presentarán más adelante.

b. Derecho a la alimentación en la constitución del Estado de Chile

Al revisar si el reconocimiento al derecho internacional a la alimentación se ve reflejado explícitamente en la Constitución vigente del Estado de Chile (1980), como sí lo hacen las constituciones de más del 40% de los países de Latinoamérica (México, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Colombia, etc.) (Gobierno de Chile, 2005; Escobar et al., 2022). Lo que se encontró es que el Estado chileno no menciona de forma explícita el derecho de la alimentación desde el punto de vista de seguridad alimentaria y/o de seguridad nutricional (Gobierno de Chile, 2005; Rodríguez-Osiac et al., 2022). Sin embargo, se ancla de forma implícita a otros derechos esenciales si declarados en la carta fundamental chilena (cuya última versión validada es de finales de 2023), como lo son el derecho a la vida, a la integridad física, a la protección de la salud, lo que ha llevado de igual modo al país al desarrollo de políticas públicas que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional (Cuvi-Rodríguez, 2022; Gobierno de Chile, 2022a). Esto durante los años 2021-2023, estuvo en discusión debido a que Chile desde en este periodo atravesó un proceso constituyente donde este derecho ha estado en discusión en las dos propuestas constitucionales que fueron rechazadas por la ciudadanía (Gobierno de Chile, 2023a; Gobierno de Chile, 2012).

c. Programas, leyes y políticas públicas chilenas que promueven el derecho a la alimentación

Al revisar los programas, leyes y políticas públicas chilenas en el marco de promover la seguridad alimentaria y nutricional de la población, se observa que diferentes ministerios han desarrollado nuevas iniciativas en temas de nutrición y seguridad alimentaria. Muchas de ellas alineadas a los ODS e informadas dentro de las acciones del Estado de Chile en la Agenda 2030 (Gobierno de Chile, 2023c).

En el caso del Ministerio de Salud (Minsal), este tiene una historia de políticas públicas y programas orientados a la desnutrición hasta el año 2000 (Yáñez, 2017). Posteriormente se comenzaron a crear programas y políticas orientadas a la prevención de la malnutrición por exceso (Goldstein, 2019). Entre estas cabe destacar la ley de etiquetado de los alimentos y su publicidad, que fue promulgada en 2012 (Ley 20606), buscando normar la presentación de la información nutricional, al igual que la composición de los alimentos procesados, la promoción y la venta de alimentos con bajo aporte nutricional en establecimientos educacionales. Esta ley atravesó su última fase de implementación en 2019 y sigue en vigencia hasta la actualidad (Gobierno de Chile, 2013; 2015).

En 2018, debido a las alarmantes cifras de malnutrición por exceso del país, el aumento de las enfermedades crónicas, y a dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en estos temas, se presenta la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. En esta se establecieron una serie de acciones estratégicas para conseguir: (1) Humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada, (2) Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional (disponibilidad, acceso, utilización de los alimentos y estabilidad), (3) Mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios, (4) Promover la alimentación saludable, (5) Fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud, (6) Vigilar la alimentación y Nutrición, (7) Evaluar las políticas públicas, (8) Impulsar la participación ciudadana y el control social, (9) Profundizar la intersectorialidad y salud en todas las políticas públicas nacionales (Gobierno de Chile, 2015, 2018; Gobierno de Chile, 2024; Bambs et al., 2020; Fuentes et al., 2023; Zamora-Valdés, 2022).

En marzo de 2024, el Ministerio de Salud de Chile presentó la Estrategia para Detener la Aceleración del Sobrepeso y Obesidad en la Niñez y Adolescencia 2023-2030, con el objetivo de abordar las altas tasas de obesidad infantil y juvenil. Esta establece 29 líneas de acción intersectoriales, como la promoción de actividad física, educación alimentaria y regulación de la publicidad de alimentos poco saludables. Con enfoque en los determinantes sociales y alineada con directrices de la OMS, busca revertir las tendencias actuales y cumplir metas de reducción de obesidad infantil para 2030 (Cristi-Montero, Aguilar-Farías y Ministerio de Salud de Chile, 2024).

Como parte de potenciar la seguridad Alimentaria y Nutricional, en diciembre del año 2022, el Minsal actualizó y publicó las Guías Alimentarias que tiene como objetivo promover además de una alimentación saludable, una identidad territorial, perspectiva de género y sostenibilidad económica y ambiental alimentaria y que propone diez mensajes de orientación contextualizados a la cultura alimentaria en Chile, esto son (Gobierno de Chile, 2022b):

a. Consume alimentos frescos de ferias y mercados establecidos.
b. Ponle color y sabor a tu día eligiendo frutas y verduras en tu alimentación.
c. Consume legumbres en guisos y ensaladas todas las veces que puedas.
d. Bebe agua varias veces al día y no la reemplaces por jugos o bebidas.
e. Consume lácteos en todas las etapas de la vida.
f. Aumenta el consumo de pescados, mariscos o algas de lugares autorizados.
g. Evita los productos ultra procesados y con sellos Altos en.
h. Comparte las tareas de la cocina, disfrutando de preparaciones nuevas y tradicionales.
i. En la mesa disfruta de tu alimentación, come acompañado cuando puedas y saca las pantallas.
j. Protege el planeta, cuida el agua, no botes comida, separa tu basura y recicla.

Es importante destacar algunos programas del Minsal que aportan al derecho de la alimentación en Chile:

• Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC): considera un conjunto de actividades de apoyo nutricional de tipo preventivo y de recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos destinados a la población infantil menor a seis años, gestantes, mujeres que amamantan, personas con diagnóstico de algún error innato del metabolismo que requiera tratamiento nutricional (Gobierno de Chile, 2021c).
• Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (Pacam): es el conjunto de actividades de apoyo alimentario nutricional de carácter preventivo y de recuperación, que distribuye alimentos fortificados con micronutrientes a las personas mayores, en los establecimientos de atención primaria de salud (Gobierno de Chile, 2021c).
• Programa de vigilancia y fiscalización de ambientes alimentarios: busca mejorar el ambiente alimentario al que están expuestos los niños de dos a catorce años, a través de vigilancia, fiscalización y educación respecto de la oferta, disponibilidad, marketing e información de los alimentos. Para ello el programa hace vigilancia y fiscalización de ambientes alimentarios y educando a las comunidades educativas y sus administradores (Gobierno de Chile, 2021d).
• Programa de manejo y seguimiento de obesidad infantil: busca disminuir la prevalencia de obesidad infantil en niños/as menores de seis años, beneficiarios de Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y bajo control en la red de Atención Primaria de Salud. Este programa posterior al diagnóstico establece un plan nutricional parental y familiar, con el debido acompañamiento (Gobierno de Chile, 2021d).

Por otra parte, bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 2013 se crea el Sistema Elige Vivir Sano, Ley 20.670, que buscó promover una política de Estado que estimulara la vida saludable en la población nacional (Gobierno de Chile, 2019a). Para esto se crea la secretaría Elige Vivir Sano, que debe coordinar políticas, planes, programas y acciones con 13 ministerios, entre los que cabe destacar los de Salud, Deporte, Educación, Hacienda, así como el trabajo con la sociedad civil, municipalidad, sector privado y organizaciones internacionales (Gobierno de Chile, 2020). En 2019 se creó el Observatorio Elige Vivir Sano, como parte del objetivo de recopilar y levantar evidencia sobre hábitos saludables y obesidad en Chile (Gobierno de Chile, 2019b; Gobierno de Chile, 2019c). Tras la sistematización y análisis de estos resultados se publicó la radiografía de la obesidad en Chile y se estableció la estrategia nacional Cer0besidad, con un total de 21 iniciativas específicas e intersectoriales (Gobierno de Chile, 2019d). A su vez se creó un Consejo por el Desarrollo Saludable, formado por expertos provenientes del mundo público y privado, incluyendo académicos, deportistas, parlamentarios y profesionales del área de la salud, cuya labor es proponer e incluir nuevas medidas para la estrategia nacional (Gobierno de Chile, 2019b).

En 2023, la Dipres (Dirección de Presupuestos) evaluó el Sistema Elige Vivir Sano y estableció que existe una grave falencia en el trabajo coordinado de la Secretaría con todos los actores claves, lo que lleva a duplicación de actividades entre ministerios, organismos del estado y comunidad civil. A su vez se observa poco seguimiento de los programas y falta de indicadores de impacto claros para su evaluación (Gobierno de Chile, 2023b). Sin embargo, debido al grave problema de la malnutrición y las enfermedades transmisibles concomitantes en Chile, se realizan una serie de recomendaciones para que el sistema mejore su funcionamiento a la brevedad y logre apoyar la lucha contra la epidemia de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (Gobierno de Chile, 2024).

El Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilios y Becas (Junaeb). Entrega a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el año escolar y a nivel nacional, productos alimenticios (desayunos, almuerzos, onces, colaciones y cenas, según corresponda) a estudiantes en condiciones de desventaja social, económica, psicológica o biológica; que cursen educación pre básica, básica, media o de adultos; en establecimientos educacionales municipales, dependientes de Servicios Locales de Educación (SLE) o Particulares Subvencionados, adscritos al Programa; aportando a los requerimientos nutricionales necesarios de cada etapa (Gobierno de Chile, s. f.). A su vez, Junaeb todos los años elabora el mapa nutricional escolar a través de los datos obtenidos del módulo peso y talla de la encuesta de vulnerabilidad escolar. Esto es de vital importancia para poder hacer un seguimiento constante del estado nutricional de la población infanto-juvenil del país (Gobierno de Chile, s. f.).

Por último, en 2022 los ministerios de Agricultura, Economía y Transporte formaron la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y a mediados de 2023 dieron a conocer la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria que tiene como objetivo resguardar el derecho a la alimentación, fortaleciendo las bases del sistema alimentario con el fin de asegurar la seguridad alimentaria y nutricional presente y futura (Gobierno de Chile, 2023c).

Esta estrategia fue construida de forma participativa entre los sectores público y privado, y coloca en valor a las personas que producen alimentos y promueve la sostenibilidad de los sistemas alimentarios (Gobierno de Chile, 2023c). A su vez busca mejorar el acceso a alimentos nutritivos, reducir la dependencia de las importaciones, promover la sostenibilidad del sistema alimentario nacional y contribuir a mejorar la salud y la nutrición de la población. Para esto se establecieron diez puntos claves de acción del estado, dentro de los cuales en el marco de esta investigación cabe destacar el número cuatro, que propone “Promover un entorno alimentario saludable que fomente el consumo de una dieta rica en nutrientes, equilibrada e inocua”. Para esto se establecieron tres objetivos: (1) Coordinación, articulación y colaboración para el desarrollo de entornos alimentarios saludables tanto de ministerios y organismos de estado como también de organizaciones de consumidores; (2) Entregar información y hacer difusión de las ventajas de consumir dietas saludables en la población chilena; (3) Promoción y acceso de entornos alimentarios saludables. Para cada uno de los objetivos, hay líneas de acción y medidas concretas que se deberán llevar a cabo (Gobierno de Chile, 2023c).

En la actualidad, se encuentra en sus primeros meses de ejecución y habrá que ver en algunos años sus evaluaciones con el fin de saber si han conseguido cumplir con los propósitos establecidos. El mayor desafío que enfrentará es la coordinación entre las distintas entidades claves, lo cual ha sido una falencia detectada en otros programas en desarrollo.

4. DISCUSIÓN

Según lo observado en la última encuesta nacional de salud y el mapa nutricional 2023, cerca del 75% de la población adulta, y más del 50% de la población escolar chilena sufre de malnutrición por exceso, contrario a lo que se había observado en la población chilena en la década de 1980, que presentaba graves problemas de desnutrición infantil (Yáñez, 2017). Este cambio podría estar asociado con un cambio en los hábitos alimenticios propios de los países occidentales industrializados, donde se ha aumentado el consumo de alimentos ultra procesados que se encuentran con facilidad en las cadenas de comercio establecido y que han reemplazado la compra de alimentos saludables como frutas y verduras en ferias libres o mercado de productos locales (Mujica-Coopman et al., 2020).

A su vez, Chile según datos de la OECD publicados en 2019, es uno de los países con mayores desigualdades socioeconómicas dentro de su población y el segundo con mayor tasa de obesidad, solo superado por México (Mujica-Coopman et al., 2020; OECD, 2019). Así mismo, el aumento del costo de vida por el aumento de la inflación producto de la crisis social interna de 2019, la pandemia mundial de Covid-19 y la crisis económica mundial han llevado a la población del país a tener un estado de inseguridad nutricional que se acompaña a su vez por inseguridad alimentaria, la cual se manifiesta en la población adulta mayor, que además de haber un grupo con malnutrición por exceso, hay un 32,4% de esta población que tiene riesgo de desnutrición debido a su imposibilidad al acceso de alimentación de calidad (OEA, 2022; Poblete, 2022). De hecho, el precio de los alimentos saludables ha aumentado considerablemente en los últimos años y su acceso se ha dificultado, llevando a este tipo de problemas nutricionales. Más aún, se estima que el costo de adquirir una dieta saludable en Chile para un hogar de cinco miembros equivaldría a casi el 25% de su ingreso autónomo mensual. Según datos del observatorio vivir sano, la población chilena no consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por las guías alimentarias del país, y lo que agrava la situación es que existen marcadas diferencias según el estrato socioeconómico que presentan las diversas familias en el país (Gobierno de Chile, 2020). Otro aspecto relevante de considerar corresponde a la falta de educación en temas de la importancia de alimentación saludable en la población. De hecho, encuestas y entrevistas realizadas a familias chilenas beneficiarias del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación en 2021 indican que la población no considera fundamental el consumo de cinco frutas o verduras al día (FAO, 2023).

A nivel de gasto público en salud producto de la obesidad y las enfermedades crónicas concomitantes a esta patología (diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etc.) las cifras son preocupantes, ya que se estima, por los análisis realizados por el observatorio mundial de obesidad, que si las cifras epidemiológicas de obesidad en Chile mantienen la tendencia al año 2035, la mitad del gasto de salud se realizará como consecuencia de la obesidad, lo que corresponderá al 2,9% del producto interno bruto del país (World Obesity Federation, 2023).

En relación con cómo el Estado Chile ha extrapolado el Derecho Humano de la Alimentación a su carta fundamental y creación de políticas públicas que garanticen derecho a su población, se observó que, si bien Chile tiene una serie de políticas públicas que se han implementado u originado durante la última década y que han buscado entregar la adecuada seguridad nutricional y alimentaria de su población, el derecho no está explícitamente establecido en su constitución nacional. Esto quiere decir que no es una obligación del Estado garantizar y desarrollar acciones para dar cumplimiento de este derecho humano a su población. Por lo tanto, está sujeto a la voluntad de los distintos gobiernos de turno crear, mantener y mejorar las políticas públicas ya existentes (Escobar et al., 2022).

En el proceso de búsqueda en literatura, sitios oficiales de gobierno o publicaciones científicas, fue difícil encontrar si es que ha existido la evaluación de los programas y políticas públicas presentadas en este estudio a nivel de su impacto real en el estado nutricional de la población, el aseguramiento del derecho a la alimentación o en el cumplimiento de sus propios objetivos declarados al momento de su lanzamiento y posterior implementación. Gran parte de las evaluaciones, que siguen siendo mínimas, se han realizado a nivel de coberturas y presupuesto por la Dirección de Presupuestos (Dipres), Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. En este contexto la Dipres hizo una evaluación sectorial en extenso del Sistema Elige Vivir Sano, donde si bien se destacó que ha logrado posicionar la promoción de hábitos saludables en la agenda pública y ha desarrollado diversas campañas de concientización, este programa presenta una grave falta de financiamiento permanente, lo que afecta la continuidad de las acciones, sumado a la deficiente coordinación interministerial, así como también con otras organizaciones tanto del ámbito público, privado, internacionales y civiles (Gobierno de Chile, 2023b). Esto es de vital importancia, ya que la mayoría de las políticas que se han descrito en este estudio consideran el trabajo interministerial e intersectorial. Sin embargo, como también se ha descrito, hasta la fecha no se la logrado generar ese trabajo junto, lo que podría llevar a que esta problemática se siga repitiendo a lo largo de los años si no se logra subsanar este aspecto. Esta falta de trabajo colaborativo y conectado entre las distintas instituciones puede ser en parte la explicación de por qué sí existen una serie de políticas que buscan asegurar el derecho a la alimentación y nutrición, las tasas de malnutrición siguen en aumento en Chile. A su vez, al no haber evaluaciones de los programas y políticas públicas no se puede saber la contribución real al derecho a la alimentación y en el caso de ser mal evaluadas, se pierde la oportunidad de reformulación y mejora.

Frente al escenario presentado, el Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Celac 2025, se posiciona como una herramienta fundamental para avanzar en la erradicación del hambre y fortalecer la seguridad alimentaria en Chile y otros países de América Latina. Este plan busca impulsar políticas públicas que aborden tanto la desnutrición como la obesidad, al tiempo que fomentan sistemas de producción agroalimentaria sostenible. Para Chile, establecer un marco jurídico claro sobre el derecho a la alimentación podría facilitar una mejor coordinación entre las propias organizaciones dentro del sector público y un trabajo coordinado con el mundo privado, permitiendo un uso más eficiente de los recursos y garantizando un acceso justo a alimentos nutritivos, especialmente en áreas rurales y entre las poblaciones más vulnerables (FAO, 2016).

Por último, es importante destacar el rol de los beneficiarios en el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas presentadas. Por lo mismo la inclusión de la comunidad en la formulación, ejecución y evaluación continua es preponderante. Algunas de las más actuales políticas y programas fueron construidas a través de diálogos con la comunidad, con el fin de responder a sus demandas. Pero esto no servirá si no se educa a todos los usuarios/as en el fundamento de cada política o de cada programa público, y cómo hacer finalmente uso de ella.

5. CONCLUSIONES

Chile enfrenta un panorama alarmante en términos de estado nutricional, con afectaciones transversales que impactan de manera particular a las poblaciones más vulnerables. Ante esta realidad, la educación y el diálogo en torno a la nutrición, la salud y el derecho a la alimentación se vuelven herramientas fundamentales para abordar esta problemática y mitigar sus consecuencias a largo plazo.

Si bien la Constitución chilena actual no consagra explícitamente el derecho a la alimentación, existe una creciente conciencia estatal sobre los desafíos nutricionales que enfrenta el país, así como sobre los diversos factores internos y externos que afectan la seguridad alimentaria. No obstante, las políticas, leyes y programas implementados hasta ahora no han logrado generar un impacto significativo en la mejora del estado nutricional de la población. Esta situación se explica, en parte, por la falta de continuidad de las iniciativas entre distintos gobiernos y sectores políticos, así como por la escasa participación ciudadana en el diseño y ejecución de dichas políticas públicas. A ello se suma la limitada realización de seguimientos y evaluaciones que permitan implementar mecanismos de mejora continua y contribuir, de manera sostenida, a una nutrición saludable.

En este contexto, resulta crucial establecer objetivos y metas claras, adecuadamente diferenciadas para cada programa, política o sistema implementado. Solo mediante una planificación de las políticas públicas bien estructurada y a largo plazo será posible evaluar el impacto de estas iniciativas a corto, mediano y largo plazo, garantizando así que cumplan efectivamente con su propósito de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, esta planificación facilitaría la introducción oportuna de ajustes, el desarrollo de nuevas estrategias cuando sea necesario, y la finalización de aquellos programas que no cumplan con los resultados esperados dentro de los plazos establecidos.

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