Vamos, que se puede

Al revisar, a manera de diagnóstico, la situación del país en los ámbitos político, social, económico, tecnológico, ambiental y de convivencia social, sin perder de vista las interrelaciones profundas entre ellos y que definen nuestra sociedad, podremos anticipar qué nos falta por hacer para acercarnos a un país que ofrezca más oportunidades a sus habitantes y les proporcione mayores niveles de confianza hacia sus instituciones.

¿Cómo estamos?

Al observar la cuestión política, con la derogación de la ley del voto obligatorio y el reemplazo del sistema binominal por un sistema proporcional moderado, la realidad política y electoral en Chile ha generado cambios significativos que se expresan en:

• Multipartidismo, regresando a la situación previa al quiebre democrático de 1973, con diversos partidos políticos. Hoy en Chile tienen representación parlamentaria 14 partidos políticos y no resulta absurdo pensar, debido a la polarización de la política, que pasemos de los tres tercios a los cuatro cuartos o incluso a más sectores con determinada relevancia.
• Se reiteran unos y aparecen otros temas en la agenda política, entre otros, cuestionamiento del modelo económico, defensa de las minorías étnicas y sexuales, defensa del medio ambiente, corrupción y probidad pública, monopolios e ineficiencias en prestación de servicios básicos, modernización del Estado, desigualdad social y económica y recientemente y con fuerza, inmigración, entre otros.
• La ciudadanía espera y exige mayores estándares de transparencia, debido a sucesos sobre corrupción ocurridos tanto en Chile como en otros países de la región y a nivel mundial, lo que ha incrementado el descrédito de la labor política. Lo anterior denota un antes y un después en la forma de hacer política y significará de ahora en adelante mayores controles, mayores exigencias éticas, en definitiva, mayores estándares de probidad, pero no solo en el ámbito de la política, sino también en otros, como el judicial, fuerzas armadas, carabineros e iglesia católica, entre otros.

Asimismo, los chilenos cada día exigen más eficiencia en el quehacer de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyo letargo y en oportunidades apatía e indolencia generan crisis en nuestra democracia cuando los servicios que prestan distan mucho –en oportunidad y calidad– de las demandas y necesidades de la ciudadanía. La acción gubernamental no se caracteriza por ser proactiva ni menos anticipatoria a los problemas fruto del análisis de escenarios posibles, unido ello a un proceso legislativo lento y que aprueba leyes que suelen contener errores y carencias que obligan a rehacerlas en breve plazo o a dejar su interpretación y corrección en los hechos a los tribunales de justicia como ocurre, por ejemplo, con las legislaciones ambiental y laboral. Se suma un sistema judicial que a ojos de la ciudadanía es ineficiente en la lucha contra la delincuencia y la corrupción. En fin, una democracia que no responde a las necesidades actuales.

Por su parte, no obstante el progreso social experimentado por nuestro país en el siglo XX y en los primeros años del XXI, aún subsisten algunos problemas importantes en este ámbito. En efecto, según la encuesta CASEN de 2017, todavía existe un índice de analfabetismo cercano al 7%; es decir, en Chile, aproximadamente 500.000 personas mayores de 15 años no son capaces de leer ni escribir un párrafo breve de forma coherente y progresiva.

Si consideramos que estamos inmersos en la era digital, el porcentaje de analfabetos aumenta drásticamente, ya que existen numerosas personas mayores de 15 años sin capacidades que les permita desenvolverse frente a un computador, lo que es preocupante y que acrecienta las grandes brechas sociales, económicas y educacionales que existen en el país.

La encuesta citada informa también que existe un significativo grupo de trabajadores con bajo nivel de educación y capacitación y, por tanto, baja productividad y remuneraciones, fenómeno que se acentuará con la actual revolución tecnológica en marcha, en que ya no solo sus remuneraciones seguirán siendo bajas, sino quedarán fuera de la fuerza de trabajo, pudiendo transformarse en desempleados crónicos.

A su vez, otra importante preocupación en el ámbito laboral, dice relación con el trabajo informal. En el último boletín elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, período enero a marzo de 2019, la ocupación informal asciende a 28,6%, es decir, casi 1 de 3 trabajadores en Chile está desprovisto de toda protección desde el punto de vista de la contratación formal, por ejemplo, remuneración mínima, vacaciones, jornadas de trabajo conforme a la ley, cotizaciones previsionales y de salud y seguro de cesantía.

En cuanto a la cosa económica es preciso considerar que Chile se ubica entre los países con ingresos medios. En efecto, el PIB per cápita con paridad de poder de compra según el Fondo Monetario Internacional, alcanza a US$ 25.978, siendo a nivel de Latinoamérica el más alto, seguido de Panamá y Uruguay; en relación con los países europeos, se acerca a países como Rumania y Croacia, con US$ 27.000, y es menor al de países como Portugal y Grecia, con niveles del orden de los US$ 30.000.

Otro aspecto importante al caracterizar la economía es la distribución del ingreso; es decir, cómo se reparte lo producido entre los ciudadanos. En ese aspecto el coeficiente de Gini, que muestra resultados de distribución del ingreso monetario en un rango de 0, cuando cada ciudadano recibe exactamente el mismo monto y 1, extremo en que todo el ingreso lo recibe una sola persona, Chile presenta un valor en el año 2017 de 0,466, que se compara favorablemente con Brasil, 0,533, y Costa Rica, 0,483, pero desfavorablemente con la mayor parte de los países de Latinoamérica, como Argentina, 0,406, México, 0,434 y Uruguay 0,395, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial. Es un ámbito en que aún queda bastante camino por recorrer. Sin embargo, en materia de reducción de la pobreza absoluta los resultados son interesantes, pues Chile ha venido reduciendo sostenidamente desde 1990 la población pobre medida por niveles de ingreso. En efecto, comparativamente Chile tiene junto a Uruguay el liderazgo en Latinoamérica (datos del periodo 2015-2016), con 11,7% y 9,4% de su población en situación de pobreza, respectivamente. Ello contrasta con los niveles de Argentina, 30,3%, México, 50,6% y Brasil, 24,3%.

Lo anterior fue posible gracias al crecimiento económico acelerado y sostenido de nuestro país entre 1990 y 2013, proceso que se ralentizó fuertemente a partir de 2014. Lo señalado, junto al surgimiento de una clase media –antes pobre– que se incorpora masivamente al consumo, seducida también por el crédito fácil, impacta con demandas crecientes al sistema político y económico. Adicionalmente, el lento crecimiento económico de los últimos años contrasta con las expectativas generadas por el gobierno respecto del PIB (el Fondo Monetario Internacional, en el reciente informe de julio de 2019, recorta la estimación del PIB para el año a un crecimiento de 3,2%, pero con sesgo a la baja. Para el 2020 estima el crecimiento en 3,4%), lo que incrementa la desconfianza y el descrédito de las instituciones desde la ciudadanía.

En materia ambiental hay que destacar que los recursos naturales han sido y seguirán siendo un pilar de la economía chilena: cobre, litio, molibdeno y otros minerales, productos forestales, agrícolas y pesqueros, lo que ha producido una presión creciente sobre el medio ambiente, generando un creciente consumo de agua, contaminación del aire y del suelo, todo lo cual ha impactado en el cambio climático.

Desde el punto de vista de la calidad de vida, el crecimiento económico trajo aparejado mayor acceso al agua potable y a los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, con un estándar de país desarrollado.

Por otra parte, el cambio climático también se hace presente en la forma de una sequía prolongada y desastres naturales como inundaciones, marejadas, aluviones, tornados, incendios. Desde este punto de vista, el crecimiento económico también trajo aparejado una mayor emisión de gases de efecto invernadero; según la OCDE (Evaluaciones de desempeño ambiental, 2016), las emisiones aumentaron un 23% en el período 2000-2010, aparejado con una pérdida de la biodiversidad, fenómenos que están ocurriendo a una escala planetaria.

Para enfrentar estos grandes desafíos Chile ha fortalecido su institucionalidad, creando en 2010 el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y un Servicio de Evaluación Ambiental.

En la reforma tributaria de 2014 se creó un impuesto a la compra de vehículos nuevos que emiten contaminantes y a las fuentes fijas de dióxido de carbono. El año 2018 entró en vigencia la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio.

Además, Chile se comprometió en la XXI Conferencia Mundial de Cambio Climático efectuada en París en 2015, a reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Parte importante de estas emisiones se relaciona con la matriz energética, pues la capacidad instalada en el país tiene a los combustibles fósiles –carbón y petróleo– como la principal fuente energética. Sin embargo, se ha logrado incorporar en forma creciente a la matriz energética la utilización de energías renovables no convencionales.

Son desafíos en materia ambiental convertirnos en carbono neutrales; es decir, compensar las emisiones de dióxido de carbono y, en general, de gases de efecto invernadero, y también, compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el crecimiento económico, problema de antigua data y que se intentó resolver con el concepto de desarrollo sustentable pero cuya aplicación tiene interpretaciones muy diversas y contradictorias entre los diversos agentes económicos.

Por otra parte somos testigos del impacto de la tecnología en el empleo de las personas. Datos actuales confirman el despido de miles de personas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, un proceso paulatino que finalmente llevará al cierre definitivo de oficinas y lugares de venta a clientes en forma física. Los clientes prefieren los distintos canales electrónicos como internet y sucursales digitales, lo que obliga a instituciones financieras y grandes tiendas a robotizar sus procesos, para que los usuarios accedan a todos los servicios mediante sistemas computacionales. Junto con ello, motiva aún más la realización de transacciones de forma virtual, el nivel desarrollado en temas de seguridad como la biometría, que permite verificar identidades mediante la huella digital, o bien, a través del iris ocular. Aunque sean innegables los beneficios que los nuevos avances técnicos han brindado al desarrollo de los países, es indudable que han influido en la cesantía y lo harán en el futuro de no mediar estrategias de capacitación y especialización impulsadas desde la política pública. Ello, no obstante, las afirmaciones del Premio Nobel de Economía (1973) Wassily Leontief, señaladas en un artículo publicado por la revista Información, de la Organización Internacional del Trabajo en 1978, a saber “[…] la tecnología elimina más puestos de trabajo que los que puede crear” y la analogía hombre-caballo que en el mismo artículo expresa al señalar que “[…] alegar que los trabajadores desplazados por las máquinas encontrarán empleo, no es mucho más sensato que considerar que los caballos desplazados por los vehículos pueden ser empleados en la industria automotriz”.

Manuel Castells (“Globalización, tecnología, trabajo, empleo y empresa”, primer capítulo del libro del autor La transformación del trabajo, Ediciones La Factoría, Madrid, 1999), por su parte, llama trabajo autoprogramable a aquel en el cual el trabajador debe redefinir constantemente sus capacidades conforme cambia la tecnología, por cuanto lo que la gente aprende en su formación académica, e incluso en sus primeros años profesionales, va quedando obsoleto, “tanto desde el punto de vista de tecnologías que se aprenden, como desde el punto de vista de qué tipo de empresa, qué tipo de gestión, qué tipo de mercado se toca”.

En consecuencia, sin la capacitación continua que permita desarrollar habilidades y mantenerlas actualizadas en el tiempo, se fomentará el desempleo, marginando a quienes se han quedado atrás en el manejo de las nuevas técnicas.

Si se aprecia con una mirada ética los efectos que produce el progreso tecnológico en el mundo actual, podemos afirmar que un problema mayor es la dificultad que tiene el ser humano para eliminar sustancias contaminantes, que se depositan en distintas zonas de la tierra y el mar o circulan en el medio ambiente. Tal es el caso de los residuos nucleares, que tienen la particularidad de conservar su potencialidad nociva casi indefinidamente.

El progreso de la tecnología, conducido hacia el bienestar o el perjuicio, es compromiso ético exclusivo de quienes la aplican y son ellos los que deben responder ante las sanciones morales correspondientes.

En otro orden de cosas, existe una sensación general de que la convivencia social se ha ido deteriorando, entre otros motivos, producto de la multiplicación de los conflictos a nivel político entre gobierno y oposición, entre los partidos políticos y dentro de los propios partidos políticos. Se suma el descrédito en que han caído numerosas instituciones pilares antaño de una buena convivencia social y los abusos observados por parte de empresas privadas y de entidades públicas. Finalmente, han contribuido a dañar la convivencia social la pérdida de influencia de la familia, el incremento del individualismo de las personas y la búsqueda del éxito personal como logro principal en la vida, entre otros asuntos como el incremento de la delincuencia.

La pregunta que cabe es si estos son fenómenos propios del mundo actual o si, por el contrario, siempre han existido y solo se trata de una época mucho más transparente en que todo se sabe rápidamente producto del desarrollo tecnológico que ha permitido la existencia de las redes sociales, la transformación de cada ciudadano en un reportero dotado de la posibilidad de captar fotos y videos en todo momento con su teléfono móvil, la exacerbación de los hechos negativos por parte de los noticieros y programas de televisión, entre otros.

Para dar la respuesta a esta interrogante con mayor objetividad, podemos revisar la última Encuesta Bicentenario de la UC-GFK Adimark del año 2018. Algunos resultados en relación con la percepción de un conflicto entre diversos agentes nacionales son:

– El 60% de los encuestados opina que sí existe hoy conflicto ente gobierno y oposición; el 48% opina que sí existe un conflicto entre empresarios y trabajadores y el 48% opina que sí existe un conflicto entre ricos y pobres, pero la sorpresa es que en cada caso se trata del porcentaje más bajo desde el año 2008, año de inicio de esta encuesta. El 44% opina que sí existe un conflicto entre chilenos e inmigrantes, siendo el único indicador que aumenta respecto del año 2017, primer año en que se incluye esta pregunta.

Respecto de la confianza en las instituciones, los encuestados manifiestan confiar poco o nada en un 53% en las Fuerzas Armadas, en un 74% en la Iglesia Católica, en un 59% en las empresas, en un 69% en el gobierno, en un 75% en los Tribunales de Justicia y en un 91% en los partidos políticos.

Finalmente, al solicitárseles una comparación entre su vida y la de sus padres a su misma edad, las respuestas fueron:

En el ámbito económico, un 67% opina que su nivel de ingresos es mejor o mucho mejor que el de sus padres, un 65% que su casa lo es respecto de la de sus padres y un 61% que su trabajo lo es respecto del de sus padres, con una fuerte tendencia al alza de las 3 variables.

En el ámbito personal, el 68% considera que su vida familiar y el 66% que su tiempo libre son mejores o mucho mejores que los alcanzados por sus padres.

En síntesis, los números muestran una paradoja que se ha venido repitiendo en diversas encuestas: las personas están contentas de su vida personal y familiar, pero, al mismo tiempo, descontentas con la convivencia social y las instituciones tanto públicas como privadas que regulan y organizan en buena parte las relaciones sociales.

¿Qué necesitamos para estar y sentirnos mejor? 

• Una economía que crezca a buen ritmo para permitir la eliminación de la pobreza y la satisfacción de las demandas de la clase media emergente. Ello requiere:

1. 1. Aumentar la productividad: para ello se requiere, entre otros aspectos, mejorar las calificaciones de la fuerza de trabajo sobre la base de mejorar la calidad y rediseñar los procesos educativos en función de los desafíos actuales, la capitación continua y aplicación de mejoras tecnológicas continuas en los procesos productivos.
   2. Reducir la dependencia de productos basados en recursos naturales que tienen alta volatilidad de precios y escaso valor agregado: ello requiere de un Estado promotor de nuevas tecnologías en algunos sectores productivos, por ejemplo, minería (litio: baterías, electromovilidad); agua (desalinización, reutilización, aprovechamiento eficiente, etc.), entre otros, pero también de una preocupación prioritaria del Estado por la innovación y el emprendimiento. Nuevamente el eje central es la educación, cuyo objetivo debiera ser desde la primera infancia el desarrollo de una personalidad dotada de curiosidad.

• Una democracia eficiente y eficaz que permita abordar oportunamente los problemas que enfrenta una sociedad compleja, lo que supone un profundo rediseño de nuestros poderes e instituciones públicas y de sus interrelaciones que les permitan actuar en un clima de armonía en torno a objetivos comunes como, por ejemplo, mejorar la distribución del ingreso y de las oportunidades de los más desfavorecidos. Exige también, por cierto, la erradicación de la corrupción en todos los niveles a través de la mayor transparencia, de un diseño institucional que desconcentre y despersonalice el poder al interior de las instituciones, de una fiscalización interna y externa a las instituciones públicas y sanciones civiles y penales ejemplarizadoras y, más importante aún, una sanción social implacable y definitiva hacia los corruptos.
• Proteger el medio ambiente requiere de proyectos que reduzcan las emisiones o las compensen. Lo primero es medir la huella de carbono para luego establecer compromisos de reducciones de emisiones y desarrollar actividades que capturen los gases de efecto invernadero; todo lo cual necesita el establecimiento de metas con planes de acción y seguimiento. Asimismo, es preciso actualizar la legislación ambiental en búsqueda del equilibrio entre crecimiento y cuidado del medio ambiente.
• Poner el desarrollo tecnológico al servicio de las personas y de la sociedad. En primer término, esto es un asunto ético, por cuanto es preciso observar lo que significa en la vida de las personas la incorporación de tecnología que viene a imponer cambios de conductas, modificación de hábitos e incluso formas de pensar. En ello, se debe velar porque los principios y valores que protegen la libertad y dignidad de las personas no sean vulnerados por el uso de nuevas tecnologías que posterguen la capacidad innata del hombre de crear, pensar, admirar y razonar respecto de todo lo que le rodea. Por ello, se requiere del desarrollo de políticas públicas que se hagan cargo de los rezagados por el avance tecnológico; es decir, los que quedan fuera del mercado del trabajo por su bajo nivel educacional y quienes quedan fuera de los beneficios por analfabetismo digital. La capacitación y transferencias de recursos directos debieran ser la base de dichas políticas púbicas.
• Una buena y armónica convivencia social es posible de alcanzar mediante la práctica de la fraternidad y la tolerancia, entendidas como valores inculcados desde la primera infancia mediante la educación, para garantizar respeto por las minorías, por los que piensan distinto, por los inmigrantes, pero también para acordar como sociedad el logro de objetivos que nos motiven a todos a actuar y ser compañeros de lucha por causas comunes.

 ¡Vamos, que se puede!