El estallido social de octubre de 2019 en Chile fue un período de intensas protestas sociales. La crisis política derivó en un documento por la Paz Social y Nueva Constitución , que fue firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, comprometiendo en lo inmediato un plebiscito consultivo de entrada en 2020 para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo o en desacuerdo sobre la elaboración de una nueva Constitución, como forma de salida institucional a la crisis (Heiss, 2021). En esa oportunidad ganó la opción Apruebo y se optó por una Convención Constitucional con miembros elegidos por la ciudadanía. Los convencionales electos trabajaron en el ex Congreso Nacional desde julio de 2021 hasta julio de 2022.

En el referéndum de salida, realizado el 4 de septiembre de 2022, la nueva propuesta constitucional fue rechazada. Chile vivió una de las jornadas más trascendentales de su historia reciente, ya que tras el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución se estableció un marco excepcional para garantizar la legitimidad de tal decisión reestableciendo el voto obligatorio.

Lo anterior significó que más de 13 millones de votantes acudieran a las urnas para decidir el destino de la propuesta de la nueva Constitución elaborada por la Convención. Con una participación del 85,86% del padrón electoral, el resultado entregó un 61,86% para la opción que rechazaba la propuesta de nueva Constitución, mientras que un 38,14% la aprobó. Este plebiscito, cargado de simbolismos y expectativas, marcó un punto de inflexión en la participación social iniciado tras el estallido de 2019.

El resultado de las votaciones ha tenido diferentes explicaciones políticas, sociales y culturales. Por un lado, el texto constitucional fue percibido por un sector importante de la población como ideológicamente polarizador y alejado de las necesidades concretas de la ciudadanía. Por otro, temas como el reconocimiento de la plurinacionalidad, la reforma del sistema judicial y el énfasis en derechos sociales, generaron divisiones en un país que históricamente se considera interna y desde visiones externas como moderado en sus reformas y cambios.

La Convención Constitucional enfrentó críticas constantes por su falta de conexión con las preocupaciones del electorado, la percepción de conductas disruptivas de algunos de sus integrantes y errores comunicacionales que eclipsaron los contenidos del texto, entre otras dinámicas sostenidas, erosionaron la confianza ciudadana en el proceso y desmovilizaron a sectores que se consideraban clave, como por ejemplo las y los jóvenes votantes.

En esta línea, es interesante hacer un punto en relación con los efectos que trajo la inscripción automática y el voto voluntario implementado en 2012, el que sufrió un revés importante en esta votación, al volverse nuevamente obligatorio. Quizás esto muestre una nueva tendencia para el sistema político chileno y sus ciudadanos.

El voto voluntario se fue percibiendo en el tiempo como un retroceso para la democracia, cuyo pilar fundamentalmente requiere participación para considerarse representativa y legítima, ya que el espacio de desafección política crece y creció en Chile rápidamente, dejando en evidencia la falta de compromiso cívico y al poder político, orientándonos hacia caminos que quizás no queríamos transitar en estos ya 10 años de voto voluntario.

En este sentido, debemos rescatar la idea que la orientación y el poder político, debe provenir de la participación y los acuerdos. En este sentido, el cambio realizado en 2012 hacia el voto voluntario, poco a poco fue observado como un espacio de cultivo para la aversión, la falta de interés, y la crítica fácil hacia la política en la cual nosotros los ciudadanos poco teníamos que influir, involucrarnos o ser responsables en última instancia al no participar.

El voto voluntario promueve la idea de que votar es un derecho, no una obligación, pero reduce el sentido de deber cívico y logra difuminar que el control político es ciudadano. En esta misma línea, deja de importar quién dirige, su pasado, sus capacidades o cualquier otro elemento importante, como la probidad incluso. Todo lo anterior puede resumirse en que, muchas veces, no se conoce a quienes aparecen en las papeletas en las diferentes elecciones, a menos que los medios y las redes sociales inicien un enjuiciamiento anterior o posterior a su nombramiento. En suma, en contextos de voto obligatorio, los ciudadanos tienden a mantenerse más informados sobre política. Pero con el voto voluntario, la desconexión de la política puede aumentar.

Así lo demuestran los efectos inmediatos que trajo la voluntariedad del voto del 2012 en las elecciones parlamentarias de 2013. De un padrón de 13.573.000 votantes, sufragaron alrededor de 5.672.356 personas, lo cual significó que el 58,21% de los electores no concurrió a votar.

Finalmente, el plebiscito que acabamos de realizar, si bien constituyo un revés en las pretensiones de contar con una nueva Constitución, seguramente será un capítulo a medio cerrar, puesto que las grandes tareas siguen pendientes. Lograr un equilibrio entre las demandas sociales por justicia, igualdad, derechos, y la necesidad de un marco institucional que permita la legitimidad de cualquier propuesta futura, requiere de la capacidad para integrar las diversas visiones de una sociedad compleja, y profundamente dividida.

Sin duda, uno de los grandes aprendizajes y logros de este proceso ha sido la implementación del voto obligatorio, aunque haya ocurrido en circunstancias excepcionales. Esta medida requiere un análisis profundo, considerando tanto los datos cuantitativos como las implicancias cualitativas de la fórmula previa de inscripción automática y voto voluntario, vigente desde hace una década.

Tal vez todos ganamos al volver a enfocarnos en promover una mayor participación e involucramiento cívico y social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Heiss, C. (2021). Latin America erupts: re-founding Chile. Journal of Democracy, 32(3), 33-47. https://doi.org/10.1353/jod.2021.0032.
• Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2012). Ley 20.568, que implementa la inscripción automática y el voto voluntario.
• Biblioteca del Congreso Nacional (2019). Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución. https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/detalle_cronograma?id=f_cronograma-1.