RESUMEN
El presente trabajo, a través de variables dummy que capturan el comportamiento del gasto fiscal antes y después de los procesos eleccionarios, busca determinar si las autoridades políticas de Chile han utilizado el presupuesto de la nación con la finalidad de influir en las elecciones, situación que se conoce como ciclo político oportunista. Los resultados muestran su presencia en el manejo presupuestario; sin embargo, este estuvo circunscrito a aquellos períodos en que existió alta competencia electoral por parte de las coaliciones políticas.
ABSTRACT
This paper, by dummy variables that capture the behavior of the fiscal expenditure before and after of the electoral process, look for evidence to determine if the political authorities of Chile have used the national budget in order to influence the result of the elections, behavior known as oportunistic political cycle. The result show his presence in the fiscal expenditure, however, this behavior was presented in those periods with a high electoral competition by the political coalitions.
INTRODUCCIÓN
Desde el año 1989 Chile ha atravesado por siete procesos electorales presidenciales y un número similar de elecciones de otras autoridades de representación popular, comicios que van desde los legislativos hasta la elección de los representantes de los gobiernos locales, apegados a la normativa legal vigente, situación que ha posicionado a Chile como un ejemplo de fortaleza institucional electoral en la región desde el retorno a la democracia1.
Sin embargo, las formas de intervencionismo electoral por parte de las autoridades no se limitan a los llamados a votar por un determinado candidato, ni a la puesta a disposición de la institucionalidad gubernamental ni a brindar apoyo explícito a alguna coalición o sector político en particular. Existen otras vías menos visibles mediante las cuales los gobernantes tratan de influir en los resultados electorales. Esta situación ha sido evidenciada por la teoría económica desde fines de la década de los cincuenta, sosteniéndose que los partidos políticos gobernantes poseen incentivos particulares y sectoriales que determinan su modo de actuar en la toma de decisiones en políticas públicas y gasto fiscal, incentivos que provienen del afán de las autoridades por mantenerse como coalición gobernante (Gámez e Ibarra, 2009).
Así las cosas, la tendencia de los gobernantes de turno es establecer las condiciones necesarias, en este caso económicas, para que los votantes perciban un buen desempeño de su gestión, de modo que los ciudadanos sigan prefiriéndoles, entregando su voto para así mantenerse en el poder durante un mayor período.
En este sentido, la evidencia empírica muestra que algunas autoridades utilizan como principal instrumento de intervención el gasto fiscal, manejado de forma discrecional para influir de manera temporal en el desempeño de las variables macroeconómicas, de modo de mejorar la percepción que tienen los votantes de sus representantes políticos. Esta situación se presenta en los períodos previos a los procesos eleccionarios (Sach y Larraín, 1994; Dornbusch, Fischer y Startz, 2008).
Para el caso de Chile, diversos son los estudios que han abordado la temática de los ciclos económicos electorales. Al respecto, Larraín y Assael (1994, 1995, 1997) han efectuado una serie de investigaciones econométricas acerca del comportamiento que han tenido los diferentes gobiernos desde 1939 hasta 1993. Sus resultados detectaron la persistente presencia de una política monetaria expansiva reflejada en un incremento de la masa monetaria en los períodos previos a las elecciones. En la misma línea, los autores evidenciaron un retraso en el manejo de Política Cambiaria con un fin político, dado que antes de las elecciones se intentó evitar una devaluación o acentuación de las restricciones de las importaciones, de modo de postergar para después de las elecciones los costos de corto plazo que tendría sobre la percepción de los votantes una medida de esta naturaleza.
Expuesto lo anterior, el objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento del gasto gubernamental de Chile desde 1989 al 2017 de manera trimestral, de modo de determinar si las autoridades aplicaron un manejo de tipo oportunista en el presupuesto de la nación, utilizando un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con base en variables dummy. Para ello, el trabajo se encuentra dividido en 4 puntos. En el primero de ellos, se realiza una revisión de la teoría e investigaciones relativas al comportamiento del gasto fiscal y su vinculación a los ciclos político. En el punto 2 se desarrolla la metodología utilizada para evaluar las series temporales. Seguido de ello se presentan los resultados que fueron obtenidos tras la aplicación de las diversas pruebas econométricas. Para finalizar, en el punto 4 se presentan las conclusiones que se emanan de la investigación.
1. CICLO POLÍTICO DEL GASTO FISCAL, TEORÍA Y EVIDENCIA
La literatura económica que aborda la influencia que ejerce el ciclo político de los países sobre la economía, surge a fines de la década de los cincuenta con las investigaciones de Downs (1957), a quien le siguieron Nordhaus (1975) y Hibbs (1977). Así comenzó a desarrollarse la teoría del comportamiento de los gobernantes, diferenciándose desde un comienzo dos líneas de análisis. Una de ellas considera que la conducta de los partidos políticos se encuentra determinada por su preferencia y necesidad, como colectividad, de obtener el poder, por lo cual tienen incentivos personales y partidistas para manejar el desempeño de la economía a través de variables instrumentales con la única finalidad de lograr mantenerse al mando, desarrollo teórico que se denominó Ciclo Político Oportunista (CPO). La otra línea de análisis aborda el comportamiento que tienen las autoridades políticas desde una visión partidista-ideológica, la cual establece que los partidos políticos poseen una visión instrumental de la economía y que solo la utilizan como forma de lograr llevar a la práctica sus principios ideológicos, lo que se denominó Ciclo Presupuestal Partidario2.
La teoría del CPO asume la existencia de dos partes para la ejecución de su dinámica, cada una con intereses o motivaciones personales que determinan su comportamiento. La primera parte corresponde a los votantes, quienes tienen la responsabilidad de elegir a los gobernantes y basan su decisión en la votación por un candidato que, bajo su percepción, mejore las expectativas económicas y por ende su bienestar personal, actuando en este sentido de manera egoísta. Su contraparte son los partidos políticos, los cuales buscan mantener el poder, teniendo con ello incentivos para efectuar una manipulación de variables instrumentales con el fin de lograr mejoras transitorias en la economía y de esta forma alterar las percepciones de los votantes para que entreguen nuevamente su preferencia en las urnas, de manera de conseguir su objetivo: permanecer en el poder.
Nordhaus (1975) fue uno de los pioneros en plantear la dinámica del ciclo político oportunista en el comportamiento de las autoridades de gobierno. Al respecto, se toman en cuenta tres variantes:
i) Un sistema macroeconómico basado en una curva de Phillips aumentada por las expectativas de inflación en que, en el corto plazo, la tasa de desempleo es una variable de control posible de ser manejada por las autoridades hasta un nivel deseado.
ii) Es posible separar el actuar de los electores, considerados agentes racionales en la toma de decisiones electorales, al momento de decidir su voto entre aquellos que son ingenuos y retrospectivos. En este sentido, los votantes ingenuos pueden ser engañados de forma sistemática, dado que solo valoran el desempeño de las autoridades en el período previo a los procesos eleccionarios, mientras que los retrospectivos evalúan el desempeño del partido mirando el pasado, a pesar de asignarle mayor relevancia a los eventos más recientes.
iii) Las preferencias de los dos agentes involucrados en esta dinámica son complementarias. En este sentido, los votantes cumplen una función de utilidad con relación negativa frente a la tasa de desempleo; es decir, a mayor cesantía menor es el bienestar percibido o menor es la percepción del desempeño de la labor de las autoridades. Mientras, los partidos políticos tienen una inclinación a mantenerse en el poder y para ello toman en consideración las preferencias de los votantes para usarlas en los períodos previos a los procesos eleccionarios, en pos de lograr este objetivo.
En esta línea, MacRae (1977) propuso que la insatisfacción del electorado se encuentra en función del nivel de inflación y tasa de desempleo, de modo que mientras más altas sean estas variables entre procesos eleccionarios, más alta será la pérdida de votos para el partido que se encuentre en el poder, situación que define de la siguiente manera:
En donde:
: es el número de votos perdidos por el partido en el poder debido a la inflación y tasa de desempleo dados en el año i;
: corresponde al cambio porcentual del precio en el año i;
: es la tasa de desempleo promedio en el año i;
: son los valores (positivos) objetivos respectivamente de inflación y tasa de desempleo que se desea alcanzar, óptimos según la percepción de los votantes.
Con base en esta función, si el país cuenta con un alto nivel de precios (inflación) y a su vez una alta tasa de desempleo, la pérdida de votos para el partido gobernante asciende a W (Imagen 1). Por el contrario, si tanto el nivel de precios como la tasa de desempleo resultan ser bajas, la pérdida de votos disminuye a W’ para el partido que se encuentre en el poder.
Imagen 1. Curvas de pérdida de votos
Fuente: MacRae (1977).
Hasta fines de la década de 1980, el desarrollo teórico del CPO se enfocó en cómo las autoridades usaban la política monetaria para intentar influir en los procesos eleccionarios, situación atingente a la época dada la masividad de esquemas económicos en el mundo con una política fiscal y monetaria que se encontraba bajo el mismo mandante. Sin embargo, con la adopción de modelos basados en la autonomía del manejo de la política monetaria, se llegó a la elaboración de nuevas propuestas que explicaran el comportamiento de los gobernantes, esta vez basadas en el uso de instrumentos ligados al sector fiscal. Uno de estos primeros desarrollos fue realizado por Rogoff y Sibert (1988), quienes abordan la percepción de eficiencia por parte de los votantes. En su propuesta definen a un gobierno eficiente como aquel que financia el gasto público con una menor carga impositiva, por lo cual la brecha existente entre el gasto real y los impuestos anunciados se financia a través del impuesto inflación. No obstante, el supuesto de un gobierno eficiente considera que el óptimo social y, por lo tanto, la percepción que tienen los ciudadanos de la gestión, no se encuentra en el impuesto inflación como forma de manejo económico dadas las externalidades negativas que provoca, situación que afecta principalmente a las clases bajas de la población, parte importante de la masa electoral.
Con base en lo anterior, el CPO resultante indica que el partido gobernante debe llevar a cabo una reducción de impuestos y/o aumento del gasto público previo a las elecciones. Considerando la rigidez propia de la economía, no habrá efectos adversos en los precios en el corto plazo. El votante tiende a percibir con retraso estas pérdidas de bienestar, mientras la elección de las autoridades ya se encuentra realizada. Este desfase temporal permite que las nuevas autoridades electas puedan controlar los desequilibrios a través de un aumento en la tasa de interés o equilibrio del presupuesto fiscal, pero sin arriesgar el resultado de la siguiente elección, la cual será en un tiempo más.
En este contexto, Rogof (1990) desarrolló un modelo multidimensional del comportamiento oportunista de las autoridades en el cual enfatizó el uso de la política fiscal por sobre las alteraciones que estas medidas pudiesen causar sobre la inflación. En este sentido, las autoridades pueden llevar a cabo un aumento en el gasto público, lo que impactará en la inflación y el producto; sin embargo, la percepción de los electores de los perjuicios es posterior a las elecciones cuando las variables retornan a su equilibrio, por lo que tanto los votantes como los políticos reelectos obtienen beneficios.
En la misma línea de la percepción de los electores, Persson y Tabellini (1990) utilizan el supuesto de que el electorado vota por aquel candidato que le otorgue mayor utilidad; por tanto, las autoridades económicas se dan cuenta que su probabilidad de ser elegidas depende de la percepción que tengan los votantes de su eficiencia. Es por esta razón que comienza un juego de señales entre las autoridades y los votantes que da como resultado, según los autores, distintos tipos de equilibrio:
i) Separating equilibrium: cada gobierno en el poder se diferenciará por la tasa de desempleo, por consiguiente los votantes evaluarán cuál gobierno es más eficiente con base en dicha tasa. Se espera que un gobierno eficiente realice un trade-off teniendo una tasa de inflación alta antes de la elección y una tasa de desempleo baja. En contraste, un gobierno ineficiente3, a través de la política monetaria, aumentará la tasa de interés para controlar la inflación antes de las elecciones (corto plazo), por lo que descuidará la tasa de desempleo con altas probabilidades de recesión en el futuro (Assael y Larraín, 1994).
ii) Pooling equilibrium: en este equilibrio, ambos gobiernos, eficiente e ineficiente, escogen un mismo nivel de empleo. Esto conlleva que los votantes no puedan reconocer cuál de los gobiernos es eficiente, por tanto no tienen una medida diferenciadora para ser reconocidos según la percepción del votante. Los aspirantes al poder ya no tienen la ventaja de ser reconocidos como eficientes en comparación con sus oponentes, por lo cual las fuentes diferenciadoras se encontrarán en actuaciones imprevistas previas a las elecciones, lo que implica procesos inesperados de inflación (Assael y Larraín, 1994). En este sentido, juega un rol de suma importancia la temporalidad en la percepción de los perjuicios, la que tiene un desfase en los votantes que, al momento de materializase, ya habrán elegido a sus representantes, socializando las pérdidas y privatizando las ganancias de tal actuación.
Otros desarrollos en el área asumen que el comportamiento oportunista de las autoridades se encuentra determinado por el estadio de desarrollo que tiene el país. En este sentido, Schuknecht (1996) sostiene que este tipo de conducta es más probable en países en vías de desarrollo, dada la debilidad de sus sistemas institucionales y el fuerte poder discrecional que tienen las autoridades, situación que también es analizada por la teoría de la maldición de los recursos naturales, la cual sostiene que los países subdesarrollados que basan su esquema de crecimiento en commodities tienen una menor fortaleza democrática e institucional, lo que conlleva un manejo menos eficiente de la economía doméstica.
En este sentido, Yamada y Bender (2010) sostienen que en las democracias jóvenes este tipo de comportamiento es más común; sin embargo, con el tiempo los votantes tienden a castigar estas conductas electorales, con lo cual el CPO pierde efectividad mientras más madura es la democracia en un país y mayores son los controles ciudadanos que se ejercen sobre el manejo presupuestario (Brender, 2003). En la misma línea, González (1999) y Shi y Svensson (2006) proponen que la calidad institucional, los grados de democracia, la moralidad de los políticos y los niveles de transparencia influyen de manera directa en la posibilidad de generar un comportamiento oportunista por parte de las autoridades políticas de la nación (Drazen, 2000).
La evidencia internacional relacionada con el ciclo político oportunista es categórica al demostrar este tipo de comportamiento por parte de las autoridades gobernantes en el período previo a los procesos eleccionarios. En países avanzados, Alesina y Roubini (1992) encontraron evidencia de un manejo presupuestario con fines electorales, lo que se tradujo en un aumento de la inflación posterior a las elecciones. A nivel regional, Ames (1987) analizó el comportamiento de 17 países de Latinoamérica entre los años 1947 y 1982, encontrando que los presupuestos se incrementaban en un 6,3% en el periodo previo a las elecciones, y posterior a ellas se reducían en un 7,6% (Drazen, 2000). En África, Block (2002) evidenció un comportamiento oportunista, en donde las autoridades utilizan tanto instrumentos fiscales como monetarios para influir en los resultados eleccionarios, situación que según el autor afectó a los procesos de modernización económica de los países sujetos a estudio.
Ergun (2000) estudió el comportamiento de las variables económicas agregadas de Turquía en los años 1987 y 1999, encontrando un comportamiento oportunista de las autoridades políticas antes de las elecciones. Khemani (2004), al testear la hipótesis en los Estados Indios, encontró evidencia que demostró la manipulación de políticas fiscales en torno a los tiempos electorales, lo que se materializaba de forma focalizada en aquellos grupos de votantes que tenían la particularidad de ser más receptivos a la discreción política. Para el caso ruso, Akhmedov y Zhuravskaya (2004) evidenciaron un fuerte incremento en las transferencias estatales hacia los votantes en los periodos previos a las elecciones; sin embargo, con el aumento en los niveles de transparencia y grados de democracia, el comportamiento de tipo oportunista disminuyó. En Argentina, Medina (2003) realizó un estudio econométrico basado en variables binarias de los presupuestos de sus provincias, encontrando que en los años previos a las elecciones el déficit presupuestario tiende a incrementar. En la misma línea, Brusca, Labrador y Montesinos (2015) encuentran evidencia de un comportamiento oportunista, para el caso de Valencia, que se refleja en la deuda estatal en los períodos previos a las elecciones. Sin embargo, Schutz (1995), quien investiga el actuar de las autoridades en Gran Bretaña entre los años 1961 a 1992, no encuentra evidencia para sostener que hayan incurrido en un manejo presupuestario, situación que atribuye al costo electoral futuro para los políticos que tendría un manejo presupuestario en función de motivaciones de beneficio personal.
En México, Gámez e Ibarra (2009) realizaron una investigación acerca del ciclo político económico. Crearon un modelo con una muestra de 31 estados bajo la premisa de la existencia de influencia de políticas en el nivel y la composición del gasto público estatal, medido a través de variables binarias que reflejaban el período eleccionario. Los resultados mostraron la existencia de una expansión en el gasto público en el año electoral y una contracción en el año siguiente. Cervantes, López y García (2014), al efectuar el análisis entre los años 1960 y 2011, evidencian que hasta mediados de la década del ochenta el comportamiento oportunista por parte de las autoridades fue intenso; sin embargo, con la alternancia en el poder, el manejo del presupuesto con fines electorales tiende a diluirse. Asimismo, Flores (2007) analizó el comportamiento del gasto fiscal en los períodos previos a las elecciones presidenciales para demostrar el efecto real que ejerce el aumento en el gasto en las variables económicas, sin encontrar evidencia para sostener un mayor dinamismo de la actividad económica a causa del mayor gasto.
No obstante, los efectos de un comportamiento oportunista en el manejo del presupuesto no se circunscriben a las variables agregadas de la nación, sino que también afectan la percepción que tienen los inversionistas internacionales. En este sentido, Vaaler, Schrage y Block (2006), al estudiar la clasificación otorgada por 391 agencias a 19 países en vías de desarrollo durante sus procesos eleccionarios presidenciales entre los años 1987 y 2000, encontraron un fuerte descenso en la posición de sus rankings de riesgo, aumentando el requerimiento de rentabilidad de los capitalistas mundiales e inhibiendo el flujo de inversiones hacia estos países.
2. METODOLOGÍA
Como forma de evaluar el comportamiento del gasto fiscal y determinar la existencia de una instrumentalización política en su manejo coyuntural en la economía chilena, se utilizará un modelo de mínimos cuadrados ordinarios basado en variables de control que reflejen el proceso eleccionario en sus tres fases. En este sentido, cada una las variables dependientes se encontrará en función de estas variables dummy que reflejarán si los cambios en el período son significantes, sumados a la variable dependiente rezagada que actúa como control, situación que queda determinada de la siguiente manera:
Donde:
: corresponde a la variable del gasto fiscal que se desea medir en su comportamiento;
: variable dummy que toma valor 1 en el año electoral;
: variable dummy que toma valor 1 en el año siguiente al electoral;
: variable dummy que toma valor 1 en el año de ejecución del primer presupuesto presentado por la nueva autoridad presidencial;
: variable dependiente rezagada 1 período.
Los datos a analizar corresponden a cifras agregadas del Gasto Público desde el año 1989 al 2017, extraídos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Estas cifras se encuentran expresadas en valores corrientes de manera trimestral.
Considerando que los datos se encuentran expresados en precios corrientes, se efectuó su transformación a valores reales utilizando la variación mensual del índice de precios al consumidor. Seguido de ello, se realizó una desestacionalización de las series de datos a través de la metodología Census X12, con una posterior transformación logarítmica. Considerando que las variables contaban con los ruidos propios de las series económicas, se extrajo el componente tendencial4 y su resultado fue diferenciado. Finalmente, fueron controlados algunos datos atípicos provenientes de crisis económicas o hechos coyunturales distintos a los electorales de modo de establecer de forma más precisa los comportamientos reales de las series de datos.
Tras la depuración de las variables, se procedió a medir, a través de las variables dummy, cada serie de manera agregada. Se testearon, en primer lugar, aquellas variables relacionadas con el gasto global. En cuanto a las variables de control, se utilizaron series que consideraron los procesos eleccionarios en su conjunto, además de cada uno de manera particular.
3. RESULTADOS
Como se muestra en la Tabla 1, en términos agregados los resultados del período en su conjunto muestran una significancia y consistencia en signo para la variable Gasto en Inversión, considerando el tiempo de desfase entre el inicio en la ejecución de los proyectos de inversión y su término. En este sentido, las autoridades políticas buscan finalizar las grandes inversiones hacia el término de los mandatos de modo de afectar la percepción de eficiencia de la población, por lo cual los gastos asociados tienden a disminuir en el año electoral. A nivel de períodos, en las elecciones de 1989 denotan haber caído un 14% y en las de 2009 un 13% resulta ser significativo y consistente en cuanto a su comportamiento, incluso con los resultados encontrados por Astudillo (2017) al analizar el flujo de inversiones extranjeras directas en la economía chilena. Por otra parte, estos dos procesos electorales coinciden con los cambios en las coaliciones políticas gobernantes y la inminente pérdida del poder. En el primer caso, se pasó de un régimen militar de 17 años a una democracia, mientras que en el segundo desde una coalición de centro izquierda a una de centro derecha tras 20 años en el poder. El resto de las variables no muestra evidencia para sostener que las autoridades hayan efectuado un manejo instrumental del gasto público con fines electorales.
Tabla 1. Resultados del modelo de variables agregadas del gasto antes de las elecciones
Al efectuarse la evaluación sobre cuentas más desagregadas del gasto, como se observa en la Tabla 2, los parámetros del modelo en el período en conjunto muestran que el gasto en Personal y Previsión presenta un incremento de un 2% y 3%, respectivamente, en el proceso eleccionario del 2009, mientras que Bienes y Servicios presenta una disminución de un 9% en las elecciones del 2005. Los Subsidios, por su parte, presentan solo un incremento de un 8% para el proceso eleccionario de 1989. Por el lado de las Transferencias, se presenta un incremento sustancial en las elecciones de 1993 y 1999, lo que pudiese responder a la reforma tributaria llevada a cabo durante el primer gobierno democrático y el repunte de la actividad económica posterior a la crisis asiática del año 1998. Estos resultados, sumados a las pruebas realizadas en las cuentas agregadas, muestran una práctica que privilegia un manejo específico de partidas presupuestarias por sobre los descontrol del gasto fiscal que tiene por finalidad influenciar el resultado eleccionario.
Tabla 2. Resultados del modelo de variables desagregadas del gasto antes de las elecciones
El aumento del gasto en este período eleccionario es consistente con la evolución de la política chilena en los 29 años analizados. En primera instancia, en el año 1989 se evidencia que las autoridades militares utilizaron los Subsidios para apoyar al candidato civil de la coalición de gobierno, misma estrategia utilizada por el primer gobierno tras la vuelta a la democracia, el que a su vez utiliza una fuerte política de Transferencias de Capital. Sin embargo, el uso del gasto como forma de influir en los resultados electorales no es utilizado en los siguientes dos procesos electorales, situación coincidente con la evolución del cuadro político, determinando que el conglomerado de centroizquierda se posicione como el sector más votado. Sin embargo, el mayor posicionamiento político del conglomerado de centroderecha (ver Gráfico 1) obliga a utilizar al gobierno en el poder, el cual es de centroizquierda, y a utilizar nuevamente las variables del gasto para mantenerse en el poder, situación que se visualiza en el desembolso en Personal y Previsión. Sin embargo, y pese al aumento del gasto fiscal, tras 205 años de presidentes de centroizquierda, el gobierno es asumido por el representante del conglomerado de centroderecha. Por otra parte, la inminente pérdida del poder (años 1989 y 2009) llevó a que las autoridades disminuyesen los gastos relacionados con proyectos de Inversión, restando posibilidades de inyección de recursos durante el primer año de gobierno de la nueva coalición en el poder.
Gráfico 1. Resultados electorales presidenciales en primera vuelta
Fuente: elaboración propia con base en Servicio Electoral de Chile.
Al analizar el comportamiento de las series agregadas en el primer año de mandato de las autoridades electas (Tabla 3), los parámetros obtenidos no permiten sostener la existencia de una disminución en el gasto público, situación que resulta acorde a la realidad presupuestaria de la nación, dado que la primera ejecución del gasto de gobierno al asumir el poder viene determinada por la administración política anterior, sin embargo algunos signos determinados resultan ser consistentes con lo esperado en función de la disminución del gasto.
Tabla 3. Resultados del modelo de variables agregadas del gasto después de las elecciones
A nivel de cuentas de gastos desagregadas (Tabla 4), solo la variable Previsión resultó ser significativa y consistente en cuanto al signo en el año 2014, pues se percibe una reducción de un 6% en los desembolsos estatales relacionados con las pensiones de carácter solidario que entrega la nación.
Tabla 4. Resultados del modelo de variables desagregadas del gasto después de las elecciones
Por otra parte, al analizar el comportamiento del primer presupuesto elaborado por la nueva autoridad presidencial (Tabla 5), los parámetros muestran incrementos en el Gasto Corriente y en la Inversión a lo largo de todo el período evaluado de un 1% y 5%, respectivamente, lo que resulta ser consistente en cuanto al signo y la práctica política relacionada con las temporalidades de ejecución de los grandes proyectos de infraestructura, considerados terminados hacia el fin de los períodos de gobierno. Para el caso del Gasto Corriente, los resultados muestran en forma adicional que, tras un cambio en la coalición gobernante el primer presupuesto (1991 y 2011), presenta un incremento de un 3%. Para el caso del Gasto Total, se denota un impulso en el año 1991; sin embargo, llama la atención la reducción evidenciada en el año 2015, al presentarse una nueva alternancia en el poder, cuando asume por segunda vez la Presidencia de la República la señora Verónica Bachelet.
Tabla 5. Resultados del modelo de variables agregadas del gasto en el primer presupuesto de la nueva autoridad presidencial
Sin embargo, a nivel más desagregado (ver Tabla 6), los parámetros determinados no dan cuenta de que las autoridades efectuasen modificaciones en los lineamientos presupuestarios establecidos por el gobierno inmediatamente anterior, incluso ante la existencia de cambios en las coaliciones políticas gobernantes. La única diferencia se encuentra constituida el año 2011, momento en que los subsidios se ven incrementados en un 4%, lo que puede responder a las políticas de ayuda derivadas del terremoto del 27 de febrero del año 2010.
Tabla 6. Resultados del modelo de variables desagregadas del gasto en el primer presupuesto de la autoridad presidencial
4. CONCLUSIÓN
Tras la revisión de los antecedentes teóricos y empíricos de la teoría del Ciclo Político Oportunista, sumada a las diferentes pruebas realizadas en los procesos electorales presidenciales en Chile, se puede sostener que las autoridades han efectuado un manejo de los gastos de la nación con la finalidad de influir en los resultados electorales. No obstante, este manejo ha estado circunscrito principalmente a períodos en los cuales se ha vuelto inminente la pérdida del poder del conglomerado político gobernante. En este sentido, las elecciones de los años 1989 y 2009 son las que marcan el comportamiento oportunista de las autoridades, años que coinciden con la elección de representantes de las coaliciones políticas de oposición.
Por otra parte, se concluye que el Ciclo Político Oportunista del gasto fiscal, para el caso de Chile, se encuentra determinado por la evolución que presentan, en términos de posicionamiento electoral, las coaliciones políticas del país. La mantención del poder por parte de un sector ha llevado a un manejo prudencial y de largo plazo del presupuesto de la nación. En este sentido, las autoridades han privilegiado la permanencia de los equilibrios fiscales por sobre la indisciplina presupuestaria con fines electorales, lo que se condice con la estabilidad de las cuentas nacionales y la creación de reglas de equilibrio de largo plazo, lo que ha posibilitado la estabilidad económica de Chile. Por lo tanto, es posible sostener que una menor alternancia en el poder disminuye las probabilidades de presentar un Ciclo Político Oportunista en el gasto fiscal.
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- Hasta el año 1990, el Poder Ejecutivo lo ejercía el General Augusto Pinochet Ugarte, quien asumió el poder tras un golpe de Estado.
- Considerando que no es la finalidad de esta investigación el comprobar la existencia del Ciclo Presupuestal Partidario en Chile, no se ahonda en sus desarrollos teóricos ni empíricos.
- El gobierno ineficiente no intenta imitar el comportamiento de uno eficiente, ya que el costo de hacerlo es superior al beneficio.
- Para extraer la tendencia se utilizó el filtro de Hodrik Prescott con un lambda de 1600.
- Las elecciones presidenciales en Chile se llevan a cabo entre los meses de noviembre y diciembre, asumiendo el poder el candidato ganador en el mes de marzo del año siguiente.